El compendio de causas judiciales que ostentan algunos precandidatos que disputarán las primarias el próximo 11 de agosto, además de extenso es variopinto. Antecedentes y denuncias para todos los gustos a pocos días de las PASO. (Nicolás Bignante)

Peculado, fraude a la administración pública, sobreprecios, defraudación, enriquecimiento ilícito y violencia de género son algunas de las causas que recaen sobre precandidatos a las primarias del 11 de agosto. Aquí, un breve recorrido por los prontuarios que ostentan algunos de los aspirantes a representantes del pueblo a tres semanas de las PASO. 

El precandidato a senador nacional por el frente Todos Sergio «el oso» Leavy llega a las primarias arrastrando más de una decena de causas y una serie de irregularidades detectadas en la ultima auditoría al municipio. Bucear en el prontuario del «oso» implica retroceder diez años atrás. Su destitución en 2009, en medio del escándalo por el desvío de donaciones para los afectados por el alud, se realizó en base a 16 causas en su contra que abrevaron en un proceso judicial caratulado como «fraude a la administración pública». En un polémico fallo, la justicia lo sobreseyó tres años más tarde. El último informe de la Auditoría General de la Provincia en Tartagal, llamó la atención sobre la gestión de la Cooperadora Asistencial. El organismo cuya función es de alta sensibilidad en el municipio del norte, no estaba inscripto en AFIP, por lo que no poseía CUIT y todos los bienes incorporados a su patrimonio se hicieron a nombre de Municipalidad de Tartagal. El ente no presentó rendiciones en todo el 2015, año en el que Leavy fue electo como intendente, por lo que se investiga hasta hoy el manejo de $5.960.379. El trabajo también cuestiona compras directas por $328.000 y $167.750.

 

Su par del norte y precandidato a senador nacional por Consenso Federal, Marcelo Lara Gros, exhibe un prontuario nada envidiable para el «oso». A lo largo de 12 años de gestión, las acciones del jefe comunal no estuvieron exentas de señalamientos y polémicas. Desde su llegada al poder en 2007, Lara no pasó un sólo año sin una denuncia penal en su contra; de hecho sólo en 2016 el intendente recopiló ocho causas judiciales por irregularidades en su gestión. Tres de esas denuncias corresponden a la utilización de larvicidas con ocho meses de vencimiento en medio de una campaña contra el dengue, zika y chikungunya. Los ediles oranenses lo denunciaron por entonces por «no tomar las medidas adecuadas para impedir la propagación de una epidemia». A esto se suma una denuncia por falsificación de instrumento público y una por sobreprecio en la compra de camiones. En la ciudad de Orán nadie encuentra explicación al exacerbado aumento patrimonial del jefe comunal, quien ostenta un crecimiento del 300% en sus acreditaciones bancarias sólo en el período 2007-2008. 

 

El precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Jorge Guaymás, figura en el extenso listado de funcionarios y representantes políticos con imputaciones por violencia de género que elaboró en 2017 la multisectorial de mujeres. El líder camionero aparece entre legisladores, intendentes, concejales y otros dirigentes denunciados por hechos de violencia e incluso por abuso sexual. Sobre Guaymás dice el documento: «Desde 2010 y hasta la fecha (Guaymás presenta), un prontuario rico en denuncias por hechos reiterados de lesiones, amenazas de su expareja. Un anterior juicio por filiación de otra mujer y denuncias varias por coacción, amenazas y usurpación, algunas relacionadas a su antigua condición de trabajador del sindicato aludido desde 1999».

 

El precandidato a senador nacional José Vilariño es quien probablemente asuma en reemplazo de Leavy cuando este se embarque en la carrera a la gobernación, puesto que encabeza la lista de senadores suplentes por el Frente de Todos. Vilariño reconoció a un FM local en 2017 que cobró un abultado sueldo en la Casa de Salta habiendo asistido «cuatro o cinco veces» a su lugar de trabajo. Sus palabras salieron a la luz luego de que el exdiputado kirchnerista fuera desvinculado de su cargo por el que cobraba unos 33 mil pesos de aquel entonces. “Yo fui a trabajar cuatro o cinco veces pagado de mi bolsillo. La cuarta vez que fui, el delegado de la Casa de Salta me dijo que estaban arreglando el 8° piso, después volví y me dijeron que me instale en el Congreso, no me daban tareas y me dijo ‘mejor ándate a Salta, ya te vamos a avisar’. Nunca más tuve contacto con nadie más y viajaba todos los meses a retirar a Buenos Aires mi recibo” reconoció Vilariño sin sonrojarse.

 

Peso pesado

Si de causas judiciales pesadas se trata, un exgobernador se sube inexorablemente al podio en el  espacio politico: Juntos por el Cambio. 

De ocho  a doce son las causas que recaen sobre el ex gobernador Juan Carlos Romero abultan la lista de precandidatos prontuariados a tres semanas de las PASO. El pacto sellado con el gobernador Urtubey, luego de haber sido derrotado en la compulsa de 2015, paralizó (aún más) las investigaciones contra el precandidato a senador nacional. El exmandatario aún debe responder por los delitos de: Peculado, Incumplimiento de deberes de funcionario público, Uso de información reservada, Negocios incompatibles con la función pública, Defraudación y Asociación ilícita.

Entre las causas que se siguen contra Romero, una de las más emblemáticas está relacionada a la apropiación de 90 hectáreas destinadas a la construcción de viviendas populares en “La Ciénaga”. La misma volvió a “foja cero” en agosto del año pasado. Junto a Romero se encuentran imputados: su hijo Juan Esteban, su tía Hermelinda Romero de Ramírez, el actual ministro de la Primera Infancia, Carlos Abeleira, Carmen Moreno, Guillermo Dimarco, Marcelo Alejandro Zárate, Víctor Manuel Brizuela, Laura Inés Wayar, María Cecilia Pérez de la Fuente y José Luis Agustoni.