Se aprobó la Ley de Paridad. La misma debe modificar la situación actual. De 493 cargos electivo provinciales, sólo 109 son ocupados por mujeres. La abstención del PO fue refutada por sus socios del PTS y los senadores se blindaron al cambio. (D.A.)
La ley aprobada el martes pasado obliga a parte de poder político salteño a respetar la paridad de género en la confección de listas electorales. La misma empezaría a regir con las próximas elecciones legislativas nacionales y provinciales y se espera un incremento de la presencia femenina en las bancas del congreso de la nación, la cámara de diputados provincial y en los 60 concejos deliberantes que se salpican a lo largo y ancho de toda la provincia.
El senado se blindó al cambio con una mecánica tan simple como desvergonzada: le introdujo una modificación al proyecto original exceptuando la obligatoriedad de respetar la equidad cuando se trate de cargos uninominales, como es el caso de los senadores que incluso evitaron obligarse a que los candidatos suplementes sean de un género distinto al titular. La situación mantendrá la histórica disparidad de género que existe en la cámara alta y que hoy se manifiesta con un número contundente: de 23 bancas sólo 4 están en manos de mujeres representando un mezquino 17%.
Según diputados consultados por Cuarto Poder, la modificación era parte de una estrategia de los propios senadores que inclinados siempre al cálculo glacial, no descartaban que la cámara baja insistiera en incluirlos en la modificación de las reglas de juego. El movimiento obligaba a que el proyecto volviese al senado y que la resolución se dilatara poniendo en peligro el conjunto por la costumbre de no tratar proyectos de reforma electoral durante años en los que se celebran comicios. Ante el dilema, los diputados decidieron avanzar con la aprobación y se esperanzan con que el gobernador vete el artículo introducido por los senadores. Difícilmente ello ocurra porque el mandatario evita incomodar a esos senadores siempre dispuestos a ser amables con él, pero siempre rencorosos con quienes amenazan el lugar de privilegio que ocupan.
Los cargos ejecutivos también quedarán resguardados ante la paridad que la ley promueve por el carácter unipersonal de la candidatura a gobernador e intendentes. Allí la disparidad es aún mayor a la existente en el senado: de 61 cargos electos entre gobernador y 60 jefes comunales, sólo tres son ocupados por mujeres, lo que representa un “casi” 5%.
Tiempo de cambios
En ese marco, la obligatoriedad de incluir en forma alternada un candidato de cada género hasta completar el total de una lista sí impactará en los representantes salteños en las cámaras alta y baja nacional, el cuerpo de diputados provinciales y la conformación de los 60 concejos deliberantes de la provincia.
Esos cuerpos reúnen en la actualidad 409 bancas de las cuales 102 están ocupadas por mujeres representando un 25% de representación repartida de la siguiente manera: 2 mujeres sobre 10 bancas nacionales (20%); 14 sobre 60 en la cámara baja provincial (23%); y 86 mujeres sobre 339 ediles en los 60 concejos deliberantes de la provincia (25%). Entre estos últimos hay municipios en donde la presencia femenina es nula como ocurre en los departamentos de Cachi o Iruya; en otros es insignificante como es el caso de Cafayate (1 sobre 7) mientas en la mayoría el porcentaje ronda entre el 20% y el 24%.
Allí sí que se espera que la conformación de listas a realizarse el año próximo estire los porcentajes aunque por ahora es difícil predecir a cuánto. No sólo por el filtro que los propios votos ejercerán en la realidad, sino también porque no se descarta que algunos personajes de vieja data con pequeños feudos consolidados en las estructuras partidarias prefieran crear y hasta alquilar sellos partidarios para garantizase encabezar alguna lista en particular.
No se trata de algo improbable. Entre otras cosas porque los partidos ya no son lo que eran antes: ni los ciudadanos ni las propias figuras políticas desarrollan identidades ni lealtades electorales duraderas en el interior de los mismos aunque sí ven en ellos herramientas ineludibles en términos de competencia electoral.
Cosa de trotskos
Sin atreverse a decir “no” como lo hizo el diputado del PO en la legislatura de Buenos Aires, pero evitando dar el “sí”; el Partido Obrero salteño prefirió abstenerse en la votación. Como siempre, el soporte de semejante opción fue reivindicar un tipo de sociedad que no existe para evitar ocuparse de los problemas inmediatos. De allí que no sorprendiera el planteo que estuvo en boca de la legisladora Gabriela Jorge, quien aseguró que la ley aprobada es una cortina de humo que distrae a la población de una reforma electoral reaccionaria y que lo único que puede cambiar la opresión de la mujer es “un tipo de organización independiente del Estado, del clero y de los partidos patronales bajo una perspectiva de una transformación social de fondo”.
La mejor respuesta al planteo provino, curiosamente, de sus socios políticos del Frente de Izquierda: el PTS, que desde el año pasado participa de la vida política salteña. En un artículo publicado en La Izquierda Diario, una de las referentes de esa fuerza también trotskista, recordó que en noviembre del 2015 la propia Gabriela Jorge propuso que la ley de paridad se modificara para que el 50% no constituyera un techo a la participación femenina en las listas. Propuesta de cambio que no prosperó pero que igualmente fue votada por el bloque del PO salteño en aquella oportunidad.
No fue lo que ocurrió el martes en la legislatura salteña y tal conducta fue criticada por la otra fuerza trotskista que calificó al PO de incapacidad para reconocer que aun cuando leyes de ese tipo estén lejos de garantizar la igualdad real, sí ayudan a debilitar los obstáculos que “impiden a las mujeres acceder a cargos políticos, como los de diputados y senadores”. Con respecto al argumento del PO que enfatizaba que la “simple condición de mujer no alcanza para defender los intereses de las mujeres”, el PTS aceptó el axioma aunque retrucó asegurando que ello de ninguna manera puede determinar que se mantenga al género femenino en un estatus de segunda para concluir que “todo avance, aún formal, debe servir para elevar la moral del sector oprimido, en este caso de la mayoría de la humanidad, las mujeres, como una plataforma para luchar por la igualdad real”.
Lo más duro, sin embargo, devino al final de esa nota firmada por Andrea D’Atri, quien sentenció que las posiciones del PO estaban envueltas “en una suerte de maximalismo”. Palabra cara a la tradición de izquierda y que se remonta al propio Lenin, el líder que además de ser un clásico del marxismo y haber dirigido exitosamente una revolución, escribió alguna vez que esos maximalismos suelen conducir al izquierdismo a los que calificaba como la “enfermedad infantil del comunismo”. Se refería a quienes pretenden que la instalación del programa de máxima debe ser siempre inmediata en nombre del rigor teórico y la pureza de principios, olvidando que la práctica política es un arte más sutil, que requiere avances y retrocesos, cambios de marcha, frenos, aceleramientos, aliados transitorios, otros permanentes a fin de ir orientando la vida cotidiana de los sectores subalternos con los objetivos estratégicos de la organización revolucionaria. Afortunadamente, la conducta del PO sólo se convino con la del “olmedista” Carlos Zapata y no puso en riesgo el avance.
Lo que queda
Que lo votado el martes supuso un avance, es algo que nadie colocó en duda. Pero fueron justamente las mujeres quienes se encargaron de enfatizar que lejos de constituir un punto de llegada, supone uno de partida. De allí que no sean pocas quienes ya posan sus ojos en la desigual distribución en los cargos políticos del ejecutivo provincial. Un relevamiento de Cuarto Poder realizado en marzo pasado a partir de la “Nómina de Autoridades” de la página oficial del gobierno sirve de ejemplo.
Allí pudo verse que de 243 funcionarios jerárquicos del Ejecutivo Provincial, sólo 61 eran mujeres representando apenas un 25% del total. En el gabinete provincial, de 14 ministros y un gobernador y vice, dos mujeres (12,5%). Entre las distintas secretarias y subsecretarias de Estado del Grand Bourg hay 28 mujeres sobre un total de 101 cargos: 27,71%. En la municipalidad capitalina las cosas no son distintas: de las 12 secretarias y subsecretarias existentes, sólo 3 son ocupadas por mujeres: 25%.
El correlato económico de esa disparidad también era evidente. Según la escala salarial publicada el 15 de febrero pasado por el gobierno provincial, el sueldo de bolsillo de los ministros era de $33.674 con lo cual al género femenino le correspondían $67.348 mensuales mientras que el gasto para los 12 ministros hombres ascendía a $404.088. Los cálculos pueden reproducirse para los otros escalafones. De los 55 secretarios de Estados designados, sólo 11 son mujeres. En términos monetarios ello supone $336.424 mensuales en sueldos a razón de los $30.584 de cada secretario. Cifra muy inferior a la destinada mensualmente a los 44 hombres que ocupan el mismo puesto: $1.345.696.
En definitiva, el viejo sueño patriarcal de administrar la vida sin la intervención de las mujeres empieza a resentirse por obra y gracias de una lucha que ya lleva siglos, pero que recién ahora empieza a tener avances formales no pocos importantes.
