Falsificaron su muerte para quedarse con dos propiedades. El afectado es Jorge Martorell, un pianista a quien la justicia restituyó “provisoriamente” sus propiedades y ahora exige investigar la complicidad de la Dirección de Inmuebles que conduce Juan esteban García Bes. (Gonzalo Teruel)
El caso del profesor Jorge Adolfo Martorell es bien conocido: hace unos años lo dieron por muerto para robarle sus propiedades. “Para la justicia estuve muerto” recordó el reconocido docente y músico y explicó que “falsificaron un certificado de defunción y pasaron la titularidad de dos de mis casas a nombre de una persona que no conozco”.
Después de un largo y tortuoso proceso judicial, Martorell recuperó la titularidad de sus propiedades “en carácter provisorio” pero reclama que alguien se haga cargo de todos los bienes muebles que le sustrajeron y de los enormes gastos que tuvo que enfrentar para atender su salud deteriorada por la dramática situación.
Además, denuncia que las autoridades judiciales (y políticas) protegieron y todavía protegen a quienes permitieron los delitos de estafa, falsificación de documento público y asociación ilícita en su contra.
Los hechos del caso
“El 3 de noviembre de 2012 la propiedad ubicada en Santiago del Estero 119 fue violentada y despojada de sus muebles y el 15 de noviembre pasó lo mismo en el inmueble de España 243” contó el damnificado a Cuarto Poder y aseguró que hizo denuncias policiales que no fueron correctamente atendidas. “Mientras tanto, mis propiedades fueron vendidas a raíz de un irregular juicio sucesorio realizado en la provincia de Neuquén a favor de José Ramón González” detalló.
En efecto, según contó y respaldó con documentación pertinente, en el mes de septiembre se presentaron en la Dirección General de Inmuebles dos expedientes de trámite urgente firmados por el abogado Rogelio Aníbal Estrada y un poder de este en favor del también abogado Marcelo Arancibia para que inscriba las propiedades a nombre de González “por el fallecimiento de Jorge Adolfo Martorell”.
Un mes más tarde la vivienda de calle Santiago del Estero fue vendida a Rafael Sergio Gudiño (socio de Arancibia, según el testimonio del denunciante) que después la transfirió a Natalia Fernanda Vilca con certificación en ambas operaciones de la escribana Ana Carolina Sanso Baldi. El inmueble de calle España también fue vendido, a Héctor Dardo Cáceres con escritura rubricada por la escribana María Valeria Zambrano Videla.
La justicia volvió a desoír las denuncias del pianista desposeído de sus bienes que insistió e insistió hasta que, según su propio testimonio, “después de dos años de duros y peligrosos pasajes, amenazado y atacado” consiguió que el Juzgado en lo Correccional y de Garantías N°2 le otorgue la posesión de los inmuebles “en carácter provisorio”.
¿Será justicia?
“Comprobado de manera evidente, pública y notoria, que no estoy muerto y que los inmuebles nunca dejaron de pertenecerme, me los tendrían que haber reintegrado de manera inmediata y no en carácter provisorio” protestó el músico y denunció que “la causa por estafa, falsificación de documento público, y asociación ilícita alcanzó a lisos y llanos delincuentes pero omitió a los funcionarios de la Dirección de Inmuebles y a los profesionales que intervinieron en esos delitos”.
En efecto, en octubre del año último un tribunal integrado por los jueces Alberto Fleming, Norma Beatriz Vera y Ana Silvia Acosta respaldó la denuncia promovida por el entonces fiscal Guillermo Akemeier y condenó por los delitos de estafa con inmuebles y asociación ilícita a Daniel Vázquez a 7 años de prisión; Víctor Hugo Juárez Ortiz y Hugo Agustín Valenzuela a 4 años; Héctor Cáceres a 3 años y 6 meses; Favio De Singlau, Clemencia Rodríguez, Roberto Oscar Panelo y Daniel Alejandro Jáuregui a 3 años y 4 meses; Marta Elena Tassano a 3 años y 2 meses; y a Sergio Gudiño a 3 años de prisión.
En diálogo con Cuarto Poder, Martorell razonó que su caso no fue una sucesión de errores en el sistema de registración de propiedades sino una acción delictiva debidamente planificada con complicidad de funcionarios de la Dirección General de Inmuebles que conduce Juan Esteban García Bes desde diciembre del 2007 y de la que participaron abogados y escribanos de matrícula provincial.
“Sin la complicidad de la Dirección de Inmuebles no se hubieran podido cometer estos graves, peligrosos y vergonzosos delitos” enfatizó y aseguró que a la fecha no consiguió la legitima posesión de sus propiedades ni conocer el destino de todo el mobiliario sustraído (piano de cola, 100 butacas, equipos de audio y video, discos y libros, tapices y lámparas antiguas, y muebles de dormitorio y comedor) valuado en varios centenares de miles de pesos.
Por ello, mientras espera un renovado avance del expediente judicial, advirtió a los colegios de Abogados y Escribanos por el comportamiento profesional de algunos de sus miembros. “Solicito al señor presidente inicie sumario a ambas escribanas por haber incurrido en falta de previsión profesional al no haber realizado un estudio de títulos que les hubiere permitido advertir que el documento en cuestión era apócrifo” reclamó en una nota presentada el 21 de octubre a Mariano Coll Mónico, titular del Colegio de Escribanos, en la que detalló la burda actuación de las notarias Samso Baldi y Zambrano Videla.
“Solicito al señor presidente tome medidas contra los abogados que intervinieron sin ningún tipo de conocimiento, ética profesional y de resguardo vinculado con la seguridad jurídica” agregó en otra misiva presentada el mismo día en el Colegio de Abogados (dirigida a Eduardo Romani cuando debió hacerlo a Pero Burgos, titular de la institución desde el mes de abril) en la que implicó por el delito de estafas a los letrados Estrada y Arancibia y a García Bes y su asesora Soraya Dip, también abogados.
De nunca acabar
“Muy lejos de tener justicia, sigo sin respuestas y bajo amenazas” aseguró el artista y mostró recientes escritos intimidatorios que recibió en su domicilio. Además, insistió en que en la provincia y con protección oficial opera una mafia dedicada a las estafas y con un enorme poder de intimidación sobre sus víctimas.
Retórico, Martorell se preguntó “¿por qué ninguno de los funcionarios o letrados que dijeron haber sufrido la falsificación de su firma hizo una denuncia?” y, brutal, se respondió “porque en la provincia hay una mafia, ellos lo saben porque están implicados”.
“A mí no sólo me amenazaron sino que consiguieron que me retengan la mitad de la jubilación en la ANSES” denunció y aseguró que, además de sufrir un accidente cerebro vascular y un ataque cardíaco, tuvo que discontinuar su carrera musical y rescindir contratos para presentarse en países de América y Europa por su mala situación física y psíquica.
Por eso, por los problemas físicos y espirituales que enfrenta desde hace largos años y por la violencia sufrida, quiere que la justicia avance sobre los responsables y los cómplices de los delitos que le tocó padecer.
