El Sindicato de Empleados de Comercio informó que  la adhesión no es obligatoria, pero animaron a sus empleados a sumarse a la huelga en rechazo a la reforma laboral propuesta por el gobierno.

Ángel Ortiz, secretario Gremial del Sindicato de Empleados de Comercio, comunicó en una entrevista con la 91.1, que la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), a la cual está afiliado el sindicato salteño, confirmó su participación en la medida de fuerza convocada por la CGT.

Ortiz destacó que la participación no es de carácter obligatorio, pero consideró que es una oportunidad para expresar la oposición a la reforma laboral propuesta mediante el Decreto 70/23 y la Ley Ómnibus que actualmente se discuten en el Congreso. Estas medidas generan preocupación entre los trabajadores al poner en riesgo sus derechos laborales.

El secretario gremial también criticó la reinstauración del Impuesto a las Ganancias, señalando que afectaría a alrededor de 800.000 trabajadores con salarios netos superiores a $1.100.000, considerándolo un ataque directo al salario en un contexto de alta inflación.

De manera irónica, Ortiz mencionó que el gobierno parece preferir reunirse con bancarios y empresarios, pero muestra resistencia a dialogar con representantes sindicales, dejando de lado al 73% de los asalariados. Esta situación motiva la adhesión al paro como una forma de hacer escuchar las voces de los trabajadores.

El dirigente sindical admitió abiertamente que la medida de fuerza tiene motivaciones políticas, pero consideró que es el momento para que los trabajadores hagan escuchar sus reclamos. Respecto a posibles represalias hacia aquellos empleados que deseen sumarse al paro, Ortiz mencionó la posibilidad de presentar denuncias en el Sindicato de Empleados de Comercio o en la Secretaría de Trabajo.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de que tanto empleados como empleadores comprendan que la protesta no está dirigida contra ellos, sino contra políticas perjudiciales. Enfatizó que los trabajadores no tienen margen de ajuste, y sus salarios y derechos laborales están ligados a las decisiones gubernamentales.