Un informe plantea la autonomía en la sexualidad y vida reproductiva de las mujeres de comunidades indígenas del norte argentino a partir de la racialización del sistema de salud. En él se refleja la doble violencia -clasista y racial- que se ejerce desde las instituciones del área. (Andrea Sztychmasjter)
“Yo tengo un marido y él no quería que me cuidara con pastillas. Pero ahora yo le dije que no quiero tener más”. Son las palabras de una mujer Guaraní de Salvador Mazza, citada en el trabajo titulado “Sexualidad, salud y autonomía de los cuerpos de las mujeres indígenas del norte argentino”. El mismo fue realizado por Vanesa Vázquez Laba, Solange Godoy, Cintia Orellano y Gabriela Lescano, en un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto Acta Académica creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica.
En el citado informe sostienen como hipótesis que la cuestión “étnico-racial complejiza la idea de autonomía de las mujeres en el sentido que no sólo el sistema sexo/género condiciona sus cuerpos y deseos sino que la racialización del sistema de salud a través de la práctica médica determina su sexualidad y vida reproductiva”.
Trabajan con los relatos de mujeres indígenas de diferentes comunidades: guaraníes, wichi, kolla, comechingones y toba ubicadas en zonas rurales y/o periféricas de los centros urbanos de las regiones de NOA (provincias de Jujuy, Salta y Tucumán) y NEA (provincia de Misiones, Chaco y Formosa). También con los testimonios de los agentes sanitarios (médicos, enfermeros/as, promotor de salud, entre otros) en los tres niveles de atención: Centro de Atención Primaria a la Salud (CAP); Centro Integral (CIP) y Hospitales públicos.
Plantean no sólo que la cuestión de las mujeres indígenas en la Argentina ha sido abordada tardíamente por las investigaciones sociales, sino que además escasean los trabajos sobre sus cuerpos, sexualidad y salud (no) reproductiva. “Una mujer vulnerada en el ejercicio y reclamo de sus derechos no puede ser Soberana de su Territorio-cuerpo. El concepto de territorialidad rescata variables como empoderamiento, autonomía y bienestar. El cuerpo como espacio privado y particularísimo territorial, es el lugar donde el ser humano (la mujer) se empodera, lugar de toma de decisiones por excelencia, cuerpo que ocupa un espacio ambiental determinado, donde el ejercicio de la autonomía debería ser una condición ontológica”, resaltan las investigadoras.
Sexualización y racialización
En el trabajo se plantean la inaccesibilidad de las mujeres a los servicios e insumos de salud reproductiva que van más allá de las cuestiones económicas sino que están arraigadas a cuestiones estructurales de choque cultural y lingüístico que se materializa en violencia institucional y la no aplicabilidad de la política pública. Por ello se preguntan “¿Qué pasa cuando llegan a un establecimiento sanitario? ¿Cómo son miradas? ¿Cómo son tratadas? ¿Son escuchadas? Las mujeres que ingresan a un establecimiento sanitario, se encuentra con una doble desventaja a priori, la situación de salud que la pone en ese lugar y el hecho de ser mujer. En nuestro caso de estudio se le suma ser mujer indígena e inmigrante, lo que agrava más la situación de inaccesibilidad al sistema sanitario y a un trato respetado”.
En lo referente a la violencia institucional, retratan “es el trato de forma degradante, una forma de abuso que comprende daño físico y psicológico a las mujeres como resultado de condiciones estructuralmente inadecuadas en las instituciones y sistemas públicos. Esta condición se relaciona estrechamente con la calidad de atención a la salud; abarca el hecho de negar tratamiento, las largas esperas para ser atendida, dar información errónea o incompleta deliberadamente, y por supuesto amenazar, intimidar, maltratar verbalmente, entre otras acciones a las que las mujeres y niñas también se ven obligadas a enfrentar cuando cruzan la puerta de una institución que lejos de protegerlas las vulneran nuevamente”.
El informe refleja que las condiciones económicas, sociales y políticas de cada comunidad produce ciertas singularidades en las vivencias de las mujeres y los vínculos que establecen con su pareja, con sus comunidades y con la institución sanitaria. Sin embargo, mediante el trabajo de campo las investigadoras vislumbraron que son cada vez más las mujeres que piden anticonceptivos e información de sus derechos, opciones de cuidado y satisfacción de sus necesidades a los centros, programas o instituciones, como sucede en la provincia de Salta o Jujuy. En Salvador Maza una mujer de 27 años, usuaria de los servicios comentaba “hay mayor necesidad de conocimiento sobre métodos anticonceptivos” o bien la opinión de una médica en el viaje hacia Yavi en el camión PAP “les puedo asegurar (…) las mujeres demandan anticonceptivo, demandan los insumos, consejería y los médicos se resisten, los que no quieren darlos”.
¿Quién decide?
Al saber que el servicio de salud público no responde a las necesidades y exigencias de las mujeres de las comunidades originarias, se suma el gran poder de decisión que tienen los hombres sobre las mujeres de las comunidades, sobre todo de las más jóvenes. Las expectativas masculinas terminan moldeando la cantidad y frecuencia de los hijos que vienen.
“Tanto en relación al ‘que hacer’ frente a embarazos no deseados, como en relación a la decisión de recurrir a métodos anticonceptivos se hace visible un escaso poder de autodeterminación de las mujeres. La postura que prevalece es la masculina o en casos de las mujeres más jóvenes, la de los padres”, retrata el informe.
Esto se evidencia en los relatos citados en la investigación que dan cuenta del escaso margen de negociación en cuanto a la posibilidad de planificación:
“Hablé con mi marido algunas cosas sobre cómo protegerse. Pero a él no le gusta cuidarse con preservativos” (Mujer guaraní, Salvador Mazza). Encontramos entonces, que en muchos casos el varón ejerce una barrera difícil de atravesar que paraliza el cuestionamiento que puedan hacerse y la voluntad de las mujeres respecto de la procreación… También, quisiéramos hacer referencia a otro testimonio de una mujer de 35 años de Salvador Mazza, que luego del segundo hijo toma la decisión de no seguir teniendo hijos, donde el argumento que ya no tiene discusión es el sufrimiento que ella padeció y no él. Citamos sus palabras: él sabe cómo sufrí con el segundo porque el segundo a mí se me quedó la placenta, él nació bien pero la placenta no me la podían sacar (…) ellos no sufren realmente, para tenerlos es uno el que tiene que sufrir”.
El trabajo investigativo concluye que si bien las mujeres indígenas están condicionadas por la racialización del sistema de salud, el trabajo de campo entrevió en temas como el aborto o los métodos anticonceptivos: “las mujeres en algunos casos viajan a Bolivia para conseguir la pastilla Misoprostol para la interrupción voluntaria del embarazo, utilizan métodos anticonceptivos como el DIU o inyectables donde su pareja no se da cuenta en el caso de ellas estar planificando”. “Ella utiliza los MAC a escondidas de su marido, porque quiere tener la cantidad de hijos que Dios le envíe, y ella quiere planificar y lo hace a escondidas” o bien hacen uso de Yuyos que evitan el embarazo, “Aborto: se hacen con cascara de quebracho blanco, lo hierven y lo toman, se expulsa”.
Por último, las investigadoras hacen hincapié en la necesidad de implementación de un enfoque de salud intercultural. “Si bien observamos que la normativa va modificándose a partir de las demandas de los/las actores/as sociales frente a las rigideces de las instituciones, no podemos dejar de pensar que son instituciones que siguen sosteniendo una idea de apropiación de los cuerpos de las mujeres, bajando línea sobre la heterosexualidad y, fundamentalmente, sobre la procreación”.
