El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, realizó su primera exposición en el Congreso.
Durante el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de Diputados, Soria defendió el proyecto que fue aprobado en el Senado en noviembre del año pasado y propuso una serie de modificaciones que surgieron de las reuniones que mantuvo con la Asociación de Fiscales, la de Magistrados y un grupo de fiscalas.
«Este proyecto de reforma es una síntesis de varios proyectos presentados por el oficialismo y la oposición. Tiene como objetivo recuperar al Ministerio Público Fiscal de la profunda crisis de legitimidad en la que hoy se encuentra, que se genera por la singular particularidad que es el interinato del Procurador General más largo de la historia», explicó el titular de la cartera de Justicia.
La nueva propuesta mantiene la limitación del mandato del procurador, a cinco años, hoy es vitalicio. También la designación por mayoría absoluta, que hoy es por dos tercios.
Por otra parte propuso dos modificaciones a la conformación del jurado de enjuiciamiento de fiscales y a las facultades de la Comisión Bicameral.
«Queremos sentar las bases para una institucionalidad sólida y perdurable. Por eso el proyecto de ley no debe tener nombres propios. No se trata de resolver sólo una vacancia o un interinato, no se trata solo de hacer unos simples parches para después volver a caer en una nueva parálisis de institucionalidad en unos años», enfatizó Soria en su debut en el Congreso.
Realizó un recorrido de las reuniones que había mantenido con el presidente de la Asociación de Fiscales, Carlos Rívolo, el presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y un grupo de 13 mujeres fiscales, que tenían como objetivo sumar apoyo al proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal.
Al oficialismo le faltan al menos ocho votos en Diputados para poder aprobar el proyecto que ya cuenta con media sanción en el Senado.
En el caso de que las modificaciones al proyecto original permitan conseguir nuevas adhesiones, la iniciativa volverá a la Cámara Alta y luego se abrirá la posibilidad de designar un procurador general definitivo. Cargo que actualmente es ocupado de manera interina hace tres años por Eduardo Casal.
El corazón del proyecto apunta a modificar el mecanismo de designación del procurador general y la duración de su mandato. La iniciativa propone que el nombramiento del procurador requiera solo de una mayoría absoluta, la mitad más uno de los miembros del Senado, a diferencia de los dos tercios que exige en la actualidad, así como limitar el cargo vitalicio del cargo a sólo cinco años, con posibilidad de una reelección y que la designación no puede ser realizada en un año electoral.
«Debido a la paulatina implementación del sistema acusatorio, el procurador va a tener más poder que antes por lo que necesita un límite temporal a su mandato. El procurador está llamado a diseñar la política de persecución penal, entonces resulta inaceptable que se mantenga esa rémora monárquica que es el cargo vitalicio. Si el plazo ya no es vitalicio, las mayorías pueden y deben ser distintas», defendió Soria
Tambien acusó de hipócritas a los legisladores de Juntos por el Cambio por oponerse cuando este proyecto era muy similar al que defendió el exministro Germán Garavano en el Congreso en 2017.
En el caso de tribunal de enjuiciamiento, la composición del proyecto original incluía un integrante del Poder Ejecutivo, tres legisladores de la Bicameral (dos por la mayoría y uno por la minoría), un abogado, un representante del Consejo Universitario Nacional y un fiscal.
A partir de las reuniones con magistrados, Soria propuso una integración más «equilibrada», compuesta ahora por un representante del Ejecutivo, dos legisladores (uno por la mayoría y otro por la minoría), un abogado, alguien del Consejo Universitario, y dos fiscales, uno de los cuales tiene que ser mujer. Esto último se inscribe en el interés por intensificar el fortalecimiento de la perspectiva de género dentro del organismo. A esta propuesta se la acercaron las fiscalas en la reunión que suscitó la insólita denuncia de Patricia Bullrich y Florencia Arietto. También se modificó el requisito que para que el jurado de enjuiciamiento funcione tengan que estar presentes los siete miembros.
Otro cambio fundamental es el que refiere a la Comisión Bicameral, foco de críticas de la oposición y algunos fiscales por considerar que habilitaba la injerencia del oficialismo y un supuesto «cogobierno» entre la comisión del Congreso y el Ministerio Público Fiscal a la hora de designar al procurador interino.
El proyecto con media sanción permitía que la designación de quien ocupase ese cargo en forma transitoria fuera decisión de la Bicameral. La modificación de Soria apunta a que la selección la realice el Poder Ejecutivo en base a una terna que elabora la Bicameral, pero que el requisito de antigüedad sean de 5 y no de 10 años. Y por último, el cargo del procurador interino no puede durar más de seis meses.
