La CORREPI publicó el Informe de la Situación Represiva Nacional. En 2016 hubo 241 personas asesinadas por el aparato represivo estatal. En Salta hubo 76 casos registrados desde 1983. Figuran los hechos ocurridos en Cerrillos y en la sede de la UTA.
El Informe de la Situación Represiva Nacional que todos los años publica la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) tiene edición 2016. Fue presentado el viernes pasado y revela que el gobierno de Mauricio Macri es uno de los más represivos desde el regreso de la democracia en 1983.
El trabajo es una recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. Revela que en 2016 hubo al menos 241 muertes. Desde el regreso de la democracia a nuestro país hubo 4.960. En Salta, según el informe, fueron 76 los casos registrados desde 1983.
“Nuestro Archivo no es un pulido y perfecto trabajo estadístico por muchos motivos. El fundamental es que, a pesar de que perfeccionamos cada año los mecanismos de búsqueda y procesamiento de datos, la creciente invisibilización de los episodios represivos, especialmente los que afectan a los sectores sociales más vulnerables, hace que no lleguemos a conocer infinidad de casos. (…) Por eso, convocamos a todo el que lea el Archivo a revisar los datos, completarlos, corregirlos y aportarnos la información que falta”, solicita la CORREPI.
Salta reprimida
Nuestra provincia figura en el informe en diferentes oportunidades. En lo que respecta a 2016, la CORREPI habla de las “detenciones de trabajadores municipales en Cerrillos, Salta, y de 11 choferes de UTA, también en Salta, que siguen privados de su libertad”, como casos sobresalientes de un año particularmente duro.
“El casi año de gobierno de la alianza del PRO y la UCR, que contó en aspectos centrales con el aporte del resto de los partidos nacionales, estuvo signado por el ajuste y la represión”, se lee en el informe, que puede descargarse gratuitamente en correpi.lahaine.org.
Los casos salteños con nombre y apellido que aparecen registrados en el informe son tres: José Oscar Barrios, muerto el 16 de junio de 2001; Carlos Santillán, el 16 de junio de 2001; y Gerardo Gabriel Tercero, el 18 de mayo de 2013.
Un país sometido
En el ranking de provincias que más casos presenta desde 1983, el primer puesto es para Buenos Aires, con 2.254. La siguen Santa Fe (569), Córdoba (377), Ciudad de Buenos Aires, (342), Mendoza (271), Corrientes (109), Tucumán (103), Santiago del Estero (102), Entre Ríos (97), Salta (76), Río Negro (74), Chubut (74), Chaco (73), Misiones (70), Jujuy (58), Neuquén (47), Catamarca (42), San Luis (41), La Pampa (40), Formosa (38), San Juan (30), La Rioja (29), Santa Cruz (26) y Tierra del Fuego (22).
El 51% de los casos en los que se conoce la edad exacta o aproximada de la víctima, corresponde a personas de 25 años o menos. Las policías provinciales, con el 57,40% (2.847 casos), son las fuerzas que más han reprimido a la sociedad. Siguen los Servicios Penitenciarios (1197 casos), Policía Federal (509), Otras fuerzas (121), Seguridad privada (78), Gendarmería (73), Prefectura (52) y la Policía Metropolitana (19).
Sobre un total de 481 casos de víctimas mujeres, 291 fueron “femicidios de uniforme”. Se trata de la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal, muy por encima del gatillo fácil, la tortura en cárceles y comisarías, las desapariciones, los asesinatos en represión a la protesta y otras modalidades.
El trabajo asegura que más de dos tercios del total de personas detenidas por la Policía, en todo el país, son víctimas de la facultad policial de detener personas “para identificar” o “averiguar antecedentes”, y de la aplicación de los códigos de faltas o contravenciones, que penan como delitos conductas que no lo son (desorden, merodeo, escándalo, grafitear, etc).
“Las policías -y desde que participan del patrullaje urbano, también la prefectura y la gendarmería tienen la posibilidad de detener personas ‘sospechosas’ por lapsos variables, según la jurisdicción. En todos los casos, está regulada como una ‘facultad’, es decir, una potestad dependiente sólo del “atinado criterio del funcionario”, que es una forma elegante de decir ‘olfato policial’, mientras que cada jurisdicción tiene su propia legislación contravencional, por fuera del Código Penal”, explica el informe, que agrega que en nuestro país, “cualquier policía puede detener en cualquier momento a cualquiera, tenga o no sus documentos, en franca desobediencia, gobierno tras gobierno, de la sentencia de la Corte IDH en el Caso Bulacio, que ordenó al Estado Argentino derogar todas las normas que habilitan detenciones arbitrarias y eliminar las prácticas no normadas”.
“Estas detenciones se vinculan de manera directa con las prácticas de recaudación, a través de la extorsión de los que encuentran su supervivencia en la vía pública (vendedores ambulantes, trapitos, limpiavidrios, etc.), o de quienes son amenazados con causas fraguadas. También son útiles a la hora de ‘ablandar’ a alguien en la comisaría para que se haga cargo de algún delito, pero, además de ser la puerta de entrada a la tortura, las detenciones arbitrarias cuestan vidas. Más de la mitad de los muertos en comisarías, desde 1983 a hoy, estaban detenidos por una contravención o ‘para identificar’, no por un delito.
La represión en democracia
Durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983 – 1989) se produjeron 116 casos. En el de Carlos Menem (1989 – 1999), 483. En el de Fernando De la Rúa (1999 – 2001), 269. En los gobiernos de emergencia que encabezaron Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Duhalde (2001 – 2003), 710. En el de Néstor Kirchner (2003 – 2007), 991. En el de Cristina Fernández de Kirchner (2007 – 2015), 2.132. En el de Mauricio Macri, desde diciembre del año pasado hasta el cierre del informe, 259.
El informe habla de la “sostenida tendencia creciente de la represión gobierno tras gobierno, con la única excepción del período diciembre 2001/mayo 2003, sin dudas atribuible al enorme nivel de la movilización popular en la época, que puso freno a la acción de las fuerzas de seguridad, confirmando la potencia del pueblo organizado”.
“Es impactante advertir que, en sólo 10 meses y medio de gobierno, la Alianza Cambiemos (PRO-UCR) alcanza una incidencia del 5% del total, frente a gestiones con 4, 6, 8 o 10 años de duración. Si calculamos el promedio diario de todas las gestiones, se confirma el liderazgo represivo de Mauricio Macri y sus aliados, que supera a todos sus predecesores y anuncia un duro 2017”, analiza la CORREPI en el informe.
Balance de un macrismo represivo
“El casi año de gobierno de la alianza del PRO y la UCR, que contó en aspectos centrales con el aporte del resto de los partidos patronales, estuvo signado por el ajuste y la represión”, expresa el informe. Muestra que “la primera medida en materia represiva fue el decreto que declaró la emergencia nacional en seguridad, que permite al Poder Ejecutivo nacional y los provinciales cambiar el destino de partidas presupuestarias y hacer contrataciones directas sin siquiera los tibios controles formales”.
“La segunda medida del macrismo en materia de represión fue el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas, aprobado por el Consejo de Seguridad Interior reunido en Bariloche, con el consenso ampliamente mayoritario de los gobernadores”, agrega.
El informe recuerda que el año se inauguró con la represión en Ezeiza a los trabajadores de la avícola Cresta Roja, y siguió con infinidad de episodios similares: topadoras en asentamientos de Merlo y Moreno; balas contra los pibes de la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo, el intento de asesinato, por un puntero del PRO, de Darío “Iki” Julián (Confluencia MPLD-TK); la detención de Milagro Sala y la sucesión de hechos represivos e intimidatorios en Jujuy; la gravísima situación de Tierra del Fuego, con el ataque militar al acampe de los docentes y estatales, baleados y gaseados al compás del himno nacional; la represión en Villa Sauce y Sansinena, La Pampa, a vecinos movilizados por la inacción ante las inundaciones en la zona; a los pibes del Bachillerato Popular Raíces (CEIP-CTA) en Tigre; las torturas a un estudiante secundario, militante de género, en Miramar; la represión a la CTD Aníbal Verón y a jubilados en la Autopista Buenos Aires – La Plata; el circo montado con el “piedrazo” a Macri en Mar del Plata, usado para criminalizar organizaciones sociales; la patota PRO que atacó a los vecinos y militantes populares de La Boca en la Comuna 4; el ataque de la patota liderada por el empresario mafioso Mariano Martínez Rojas para silenciar Radio América y el diario Tiempo Argentino, recuperados por sus trabajadores; las amenazas contra la Agencia para la Libertad, contra Madres de Plaza de Mayo y las agresiones a militantes y locales partidarios; la sostenida represión a las comunidades mapuches en el sur; la represión a los choferes de la línea Este y a los trabajadores de ATE Sur, ambos en La Plata, etc.
“El encarnizamiento represivo se expresa también en episodios individuales, como la mujer acusada de cometer una contravención porque amamantaba su bebé en una plaza o el trabajador José Ojeda, apaleado al punto de fracturarle una pierna por el agente del COT (Centro de Operaciones Tigre) Héctor Eusebio Sosa, bonaerense impune con tres fusilamientos en su haber”, agrega el informe.
