Comienza hoy en Tucumán el juicio a siete imputados por trata de mujeres explotadas en prostíbulos provinciales con lazos en Salta. La Fundación que preside Susana Trimarco es la querellante.
Se trata de del segundo juicio por trata de personas en la provincia de Tucumán y empieza hoy con siete imputados que también están acusados de explotación sexual. En el proceso es querellante la Fundación María de los Angeles –que preside Susana Trimarco–, uno de cuyos abogados, Germán Díaz, señaló a Página 12 que hay “suficientes elementos probatorios para suponer que va a haber una condena” contundente a los dos considerados coautores y los cinco partícipes necesarios detrás los delitos cometidos en los prostíbulos California y Night Club, entre otros, de San Miguel de Tucumán. Todos los imputados llegan ante el tribunal cumpliendo prisión preventiva desde 2013, cuando se dictó el auto de procesamiento.
De acuerdo con el expediente, los cabecillas de la banda, Mercedes del Carmen Medina y Ernesto Antonio “el Negro” Robles, “tendrían relación con prostíbulos en Salta, así como también con los dueños de otros prostíbulos sitos en La Rioja”, José “Chenga” Gómez y su madre ya fallecida (Liliana “Mamá Lili” Medina”), ambos juzgados por el caso de Marita Verón (y condenado él en 2013, en la revisión de la primera sentencia, cuando su madre ya había muerto).
“Medina y Robles son autor coautores del delito de trata personas, en concurso con violación a la ley de profilaxis”, que prohíbe los prostíbulos y castiga a quienes los regenteen, explicó Díaz. Además, la acusación tiene los agravantes “de que son tres o más personas las que participan y de consumación del delito de explotación”, agregó. Otras cinco personas están procesadas como partícipes necesarios en los delitos acreditados durante la investigación, en casos que incluyen captación, transporte, acogimiento, violencia y amenazas sobre las mujeres víctimas y pago de sobornos a personal policial. Susana Antonia Figueroa, María Rosa Juárez, Aníbal Iván Frías, Eduardo Alberto Loto y Juan Rafael Sarmiento llegan al debate acusados por jugar distintos roles: regentear un prostíbulo, controlar que los clientes pagaran a las mujeres y que ellas entregaran el dinero, de acuerdo con un porcentaje estipulado previamente, a la sociedad conformada por Medina y Robles.
La investigación comenzó a principios de 2013, tras la denuncia del apoderado de la Fundación María de los Angeles, el abogado Carlos Garmendia. En el expediente consta que en el umbral del prostíbulo California todos los días y a toda hora había mujeres “ofreciendo servicios sexuales” por tarifas que entonces oscilaban entre los 150 y los 200 pesos por hora, que “las señoritas que ofrecían sus servicios en el lugar debían pagarle a la nombrada (Mercedes Medina) para poder trabajar en el lugar, y que eventualmente pasa un tal Juan a retirar el dinero producto de la explotación sexual”.
Durante la investigación, el juez Bejas escuchó los relatos de dos testigos de identidad reservada, en ambos casos mujeres en situación de vulnerabilidad económica y único sostén de familia con hijos a cargo.
