A una mujer que vive con sus hijos y nietos le remataron la vivienda por una deuda de 300 pesos en Parque Belgrano. La deuda habría iniciado con un crédito tomado en Masventas hace casi tres décadas.
La nota del remate a esta familia fue escrita por el periodista Antonio Oieni y publicada en El Tribuno, nos hacemos eco de ella y la compartimos íntegramente:
Celia Godoy aún no puede entender cómo ella, sus tres hijos y sus tres nietas terminaron en semejante situación. «La jueza Rubí Velázquez nos hizo esto», dicen, inundados de lágrimas e impotencia. Nada más queda en el departamento del barrio Parque Belgrano.
La medianoche del viernes sacaron sus cosas porque hoy, según les advirtieron, todos serían desalojados por la fuerza. Decidieron, con sus ilusiones rotas, evitarle a las nenas de la casa semejante disgusto. La calle -o la Justicia, si realmente pueden esperar algo de ella- dirá qué será de sus vidas.
Todo comenzó con un crédito tomado en Masventas hace casi tres décadas.
Sus tres hijos -un varón y dos mujeres, una a punto de dar a luz a la tercera nieta de Celia- aseguran que aquel préstamo se canceló con creces.
En 2000, sin embargo, se inició un proceso ejecutivo por un saldo de $359,63. Celia y sus hijo creen que fue un reclamo de honorarios del abogado del banco. Es muy poco lo que saben a ciencia cierta, porque la Justicia nunca les notificó, como debía, las actuaciones.
Por años, los mandamientos fueron dirigidos con un nombre incorrecto -«Cecilia Godoy»- y una dirección inexacta. Todos fueron a parar a otro departamento de esa urbanización de la zona norte de la capital salteña.
Recién a mediados de 2016 recibieron una cédula con nombre y dirección correctos. En esa notificación, el Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación le informó a Celia Godoy que su vivienda familiar estaba por ser subastada. Solo cinco días después le llegó otra cédula informándole que el remate ya se había realizado.
El juez que lo ordenó es Leonardo Rubén Araníbar, pero Cecila y sus hijos creían hasta el viernes último que la responsable de las actuaciones era «la jueza Rubí Vázquez». Ella es, en realidad, la secretaria del Juzgado.
Así suelen ser las cosas para las familias sin recursos.
En la subasta hubo referentes del IPV, Aguas del Norte, Edesa y la Municipalidad. El departamento fue adquirido por una mujer a través de un abogado que tiene su mismo domicilio.
Tiempos de usura
En los años 2000, cientos de familias vieron rematados sus techos por redes de usura que El Tribuno denunció en su momento. Se abrieron más de 300 causas penales contra abogados, escribanos y prestamistas particulares. Eran operatorias ilícitas orquestadas para esquilmar a familias humildes y forzar, mediante escrituras falseadas, el remate de sus viviendas. Y lo consiguieron en la inmensa mayoría de los casos. Muy pocos salvaron sus casas, como Juan Martín Royano, el jubilado del barrio Santa Victoria, que tras peregrinar por años en los tribunales consiguió una condena contra una escribana y un prestamista.
En la Justicia, cientos de expedientes terminaron prescriptos con mucha pena y sin nada de gloria.
Ahora, vemos que un crédito bancario de aquella aciaga época originó una inaudita ejecución en el Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación, para el desconsuelo de otra familia que perdió su techo Fonavi.
Enterada demasiado tarde, Godoy solicitó la suspensión de plazos del proceso, pero el juez Araníbar le rechazó el pedido, con un oficio tramitado por la secretaria Vázquez. De allí que Celia y sus hijos la creyeran jueza. Ahora, con el desalojo prácticamente consumado, un abogado que la defiende, Alejandro Tapia, apuró un planteo de nulidad.
«Si no se revisan los actos, se cometerá una verdadera injusticia», sostuvo el letrado.
Tapia recalcó: «Resulta difícil de explicar que el Poder Judicial haya consentido llevar adelante una ejecución y haya ordenado el remate de la vivienda por una deuda irrisoria de 300 pesos».
El abogado consideró que «la sentencia recaída en el juicio llevado en contra de la señora Godoy debe ser declarada nula, porque no se garantizó su participación, ya que nunca fue notificada en debida forma».
«De haber tenido mi cliente la posibilidad de intervenir, habría cancelado la deuda y así habría evitado ser ejecutada», acotó el abogado.
