Comienza el juicio por la muerte de Thiago Quipildor, el niño de cuatro años de edad que dependía del desaparecido Ministerio de Derechos Humanos. A pesar del desmanejo que existía en el área, ningún funcionario de alto rango será juzgado.
Entre hoy y el 4 de agosto se desarrollará el juicio por la muerte de Thiago Quipildor, el niño de cuatro años de edad que falleció en julio de 2015 y que dependía del ahora desaparecido Ministerio de Derechos Humanos de la provincia.
Serán juzgados Víctor Senise y Patricia Sánchez, padres adoptivos de Thiago, acusados de homicidio simple y tentativa de homicidio simple. También están imputadas tres trabajadoras que se desempeñaban en la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y que están acusadas por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica en concurso real. También un médico por falsedad ideológica.
El proceso se llevará a cabo el Salón de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial. El tribunal estará integrado por los jueces Pablo Farah (presidente), María Gabriela González y Carolina Sanguedolce (vocales). Por el Ministerio Público intervendrán los fiscales Ramiro Ramos Osorio, Pablo Paz y Rodrigo González Miralpeix.
En el gobierno todos caen de pie
Entre julio y septiembre de 2015, Cuarto Poder realizó una investigación en la que comprobó que las máximas autoridades del Ministerio de Derechos Humanos que por entonces lideraba Marianela Cansino estaban al tanto de la gran cantidad de falencias que perjudicaban el desempeño de los trabajadores de esa área.
Diferentes informes internos del ministerio demostraban que al momento de la muerte de Thiago sólo se contaba con cuatro profesionales para atender a 160 chicos distribuidos en distintos lugares de la provincia. Un promedio de 40 personas por profesional. También remarcaban la necesidad de cubrir los cargos de profesionales, designar especialistas en los hogares del interior y conseguir vehículos para tener una movilidad acorde sin estar sujetos a la disponibilidad de los autos y camionetas del Ministerio, que en muchas oportunidades estaban detenidos durante casi todo el día, a disposición de funcionarios de mayor peso. Cinco hogares sobrepasaban su capacidad. Ninguno tenía un responsable institucional. Había 2.374 chicos de seis meses a cuatro años de edad en los 35 CDI de toda la provincia. Los profesionales designados para trabajar en los 3 equipos técnicos que los asistían eran siete.
Tras el caso Thiago, la muerte de una adolescente que también dependía de Derechos Humanos, en septiembre de 2015, selló la suerte de Cansino, que fue removida de su cargo (pero se mantuvo dentro del Ejecutivo). En diciembre de ese año, Juan Manuel Urtubey desarmó el ministerio y lo dividió entre las carteras de Primera Infancia y de Justicia.
