En medio de la “pelea” entre intendentes y el Gran Bourg; Julio Jalit, de Pichanal soltó el nombre de una de las empresas más beneficiadas con la obra pública: Mega SRL, del ingeniero Carlos Berruezo, hermano de la ministra de Educación. M.A.
Los resonantes escándalos derivados de las denuncias sobre el sistema de retornos alrededor del dinero de la obra pública que pusieron en evidencia el entrelazamiento entre empresarios y funcionarios durante el gobierno kirchnerista, dejaron a mucha gente preocupada en la provincia, suplicando que no le llueva una denuncia semejante al respecto.
Y es lógico que así fuese, puesto que encontrar irregularidades no resulta para nada difícil; desde pequeñas obras en los barrios de capital, pasando por refacciones de mala calidad en escuelas hasta gasoductos o rutas son objeto de sospechas; sin ir más lejos, el Fondo de Reparación Histórica dejo el 60% de obras inconclusas y varias aspectos sumamente cuestionables.
Pero en la semana, un jefe comunal aliado al oficialismo, soltó un dato peligroso para el poder. Lo hizo en medio de la disputa entre intendentes y el Gran Bourg por el uso del dinero que vendrá en los próximos días del préstamo tomado por el gobierno.
“Acá se prioriza para que a una empresa le vaya bien”, dijo por FM Aries en relación a la concesión de las obras. Aseguró que a un municipio una cuadra de pavimento le puede costar 500 mil pesos mientras que, por el mismo trabajo, una empresa cobra más de 1 millón de pesos. Eso no fue todo: dijo que las empresas “cobran un anticipo, certifican y se van”. A modo de ejemplo mencionó a la constructora MEGA SRL, la cual es acusada de no finalizar trabajos.
Las declaraciones, muy comprometedoras por cierto, salieron de la boca de Julio Jalit, un cacique del PJ del norte, un hombre que desde el año 2007 viene siendo socio político de Juan Manuel Urtubey y fue uno de los que más dinero recibió pero que, ahora, ante la falta de cash y respuestas, decidió ventilar manejos turbios entre particulares y el gobierno.
Quien es MEGA?
La empresa que Jalit eligió denunciar es una firma insoslayable a la hora de hablar de la obra pública en Salta: en el marco del Fondo de Reparación Histórica tuvo a su cargo obras de relevancia en Orán, Pichanal, Yrigoyen, Colonia Santa Rosa y Embarcación, y fue la responsable del gasoducto del valle de Lerma sur, entre otras adjudicaciones importantes.
Se trata de una constructora de Cerrillos que tiene 320 empleados y que en los últimos años se posicionó junto a Vicente Moncho entre las principales contratistas de la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia. Su titular, Carlos Berruezo, es de esos empresarios que cultivan el bajo perfil aunque aparezca en conversaciones informales. Es el hermano de la ministra de Educación, Analía Berruezo, y un personaje conocido de la familia del gobernador.
Muy cercano a Facundo Urtubey, Berruezo es ingeniero de profesión al igual que el hermano del mandatario que se encarga de los negocios agropecuarios y con quien mantiene una relación desde hace mucho tiempo. Quienes dicen conocer sus pasos, aseguran que es aportista regular de las últimas campañas de Juan Manuel y que incluso fue el responsable de dirigir las obras en la lujosa casa que construyó el mandatario en Cachi.
Además, Berruezo mantiene buenas relaciones con Juan Carlos Galarza, el titular de la unidad Ejecutora del Fondo de Reparación Histórica. También con Armando Isasmendi, el exfuncionario de Aguas del Norte. Debido a sus aceitados contactos consiguió adjudicaciones que le permitieron amasar una fortuna incalculable que en Salta casi siempre se traduce en compra de tierra. Posee 1.800 hectáreas en Rivadavia, también la finca Las Moras en Chicoana que es una de las más lindas de Salta y adquirió recientemente 40 hectáreas en El Galpón.
El mayor botín
No es nuevo decir que el dinero de la obra pública y la pauta publicitaria son un botín de disputa del presupuesto público. De allí que el rol de las constructoras no se reduzca a Berruezo sino que abarca un espectro más amplio.
Algunos ejemplos sirven. Según se conoció años atrás, el municipio Capital pagaba por el pavimento un promedio de $300 el metro cuadrado. Ese precio se reducía entonces a $195 el m2 si lo realizaba la hormigonera municipal. Incovi e Hidroconstrucciones se quedaron con el 98,4% del presupuesto 2013 de capital previsto para pavimentaciones, sumando la escandalosa suma de $21.816.572.
También se puede mencionar a la constructora Noroeste que tuvo a su cargo importantes obras en la ruta 40, 50, 68, entre otros. Y que no solo tiene entre sus clientes al estado salteño, sino también al estado nacional. Los resultados de muchas obras son conocidos; en algunos casos denuncias de mala calidad, en otros simplemente no se terminan.
El repaso de los datos volcados en este artículo proviene de empleados, empresarios y políticos que en charlas íntimas cuentan sobre la metodología de las empresas para acumular cifras siderales de las arcas estatales, aunque no estarían dispuestos a llevarlos a la justicia.
La pelea que entretiene
Cuando se informó que de los 300 millones de dólares sólo el 20% sería destinado para los municipios, la relación con los jefes comunales se puso más tensa. Ya venían produciéndose choques tal como quedó de manifiesto en las elecciones del foro de intendentes donde Cuenca se impuso ante la lista del Grand Bourg liderada por Nardo García. Pero el porcentaje que se le otorgó a los municipios para obras, sumado a la imposición de que los recursos fuesen controlados por comisiones departamentales lo empeoró todo.
El martes 5, el jefe de Gabinete, Carlos Parodi, tenía previsto concurrir a la cámara de Diputados a informar sobre el dinero que llegará del mercado internacional. Sin embargo pegó el faltazo por supuestas razones de salud. Fuentes consultadas aseguran que la tensión de esas horas llevó a que Parodi tenga un pico de estrés y que se ausente de todas sus actividades agendadas en el día.
Claro está que Parodi prefería no escuchar la lluvia de cuestionamientos que los jefes comunales anunciaron en una conferencia de prensa convocada por la mañana. Allí adelantaron lo que iban a decir por la tarde en el recinto: que no estaban de acuerdo con el control de los legisladores, que el dinero era insuficiente y que ellos mismos podían ejecutar las obras, sin ninguna intromisión.
Eso motivo a que Jalit mencionara a un peso pesado de la construcción. Evidentemente fue un cruce premeditado aunque cuesta creer que haya tenido conciencia de los efectos colaterales que podrían tener sus dichos.
Así las cosas, a Parodi no le quedó otra que reunirse con los intendentes. Fue el jueves a la noche en Finca Las Costas donde el Jefe de Gabinete compartió lomo con salsa malbec y papines andinos junto a los principales jefes comunales, con excepción de Gustavo Sáenz que no participó ni de la cena ni del encuentro en la legislatura del martes.
En el encuentro, el jefe de gabinete intentó poner paños fríos al clima caliente. Aseguró que los legisladores oficialistas no pondrán ninguna traba a los pedidos de obras de los jefes comunales pero nada dijo sobre los gastos corrientes. “Que hagan los negocios que quieran pero que solucionen los quilombos que tenemos”, dijo una de las cabezas del foro off the record al terminar la reunión en la Legislatura el martes.
Lo dicho no puede ser más que elocuente de lo que pasa: para que continúe en paz la asociación es necesaria más guita, si no aparece, los conflictos se harán cada vez más grandes. Mirando hacia futuro, esto es apenas el principio.
