Ajeno a lucubraciones complicadas y apegado a las chances fundamentales que ofrece el conjunto; Santiago Godoy condujo a los diputados a sacar provecho de las disputas entre el Grand Bourg y los intendentes por el manejo de recursos. (Daniel Avalos)
No es algo desconocido en las luchas políticas que los exhaustos beligerantes de una disputa en particular, decidan tomar un respiro en la lucha y confirmen que los supuestos neutrales se han quedado con parte del territorio que había provocado el encono entre los contendientes. ¿Y cuál es el territorio en cuestión? Las Comisiones Departamentales que se encargarán de seleccionar y fiscalizar las obras que el Grand Bourg ejecutará con parte de los 300 millones de dólares obtenidos en el exterior a partir de la colocación de bonos que se hicieron famosos por pagar las tasas más altas de la nación tras el acuerdo de Macri con los fondos buitres.
Se trata de un ámbito que al ciudadano común por ahora le interesa poco, le entusiasma menos o incluso desconoce; pero que resultara clave en el futuro inmediato para quienes formando parte del palacio del Poder provincial pretenden disputar crédito político satisfaciendo anhelos que salteños de la capital y el interior desean para sus territorios. De allí que puedan adivinarse cuáles serán las declaraciones de los legisladores provinciales y del propio Godoy de aquí en adelante: dirán que ellos no están facultados y tampoco tienen interés en manejar dinero. Será cierto. Fundamentalmente porque la intención de ellos es recuperar más poder de decisión en los que se refiere a la obra pública. Algo que en la era “U” fueron perdiendo en manos de los intendentes.
Y es que el protagonismo que el presidente de la Cámara de Diputados posee en la capital provincial nubla las interpretaciones que el ciudadano capitalino tiene del poder legislativo. Un poder que conformado mayoritariamente por legisladores del interior, se convirtió desde el año 2009 en un sector residual con respecto a los intendentes que con el apoyo de Urtubey hegemonizaron el poder político en los 59 municipios salteños: esos espacios en donde se juega la reproducción de la vida social de los habitantes del interior y que tuvieron en los jefes comunales a los garantes de la supervivencia y propietarios de los aparatos electorales. Tuvieron recursos con qué hacerlo. Para conseguirlo se subordinaron a los intereses políticos y electorales del gobernador, a cambio de lo cual recibieron entre el 2009 y el 2015 transferencias que no resuelven los problemas de sus municipios pero que sí los convirtieron en los alcaldes que más dinero administraron en décadas.
Aportemos datos empíricos a la generalización. Para lo primero digamos lo siguiente: desde el 2009 al 2015, entre el 60% y el 70% de los votos de Urtubey o de los candidatos ungidos por él provenían del interior de la provincia cuyo padrón electoral representa el 56% de los electores salteños. Para lo segundo recordemos que desde ese años hubo medidas cruciales que beneficiaron a los jefes comunales: en el 2009 se dispuso el 50% de transferencias del Fondo Federal Solidario en vez del 30% que exigía la nación para coparticipar el dinero proveniente de las retenciones a la soja que hoy enflaquece porque Macri las bajo en el caso de la soja o directamente las eliminó en otros casos; incremento del 1,5% de coparticipación en el año 2010; descentralización del dinero destinado a la ayuda social que hasta 2011 administró directamente el Grand Bourg; Fondo de Reparación Histórica en 2012 que beneficio a tres departamentos de los cuales dos (San Martín y Orán) resultan cruciales en términos electorales. Sin olvidar además que el Grand Bourg hizo caso omiso a los cientos de informes de auditoría que advertían que el manejo de esos recursos por los intendentes era ineficaz en muchos casos o rozaba con lo delictivo en otros.
Ese matrimonio que fue celebrado babosamente por los conyugues está en crisis. Entre otras cosas porque los recursos transferidos a los estados municipales se estrechan por las menores transferencias de la nación, porque fueron malos los cálculos presupuestarios realizados por la provincia en el último año y porque el crecimiento de los gastos corrientes municipales y la propia inflación lo complican todo un poco más. Y entonces las tensiones afloraron. Se hicieron evidentes durante el año 2015 con las estridentes demandas del intendente de Campo Santo, Mario Cuenca, por recuperar el histórico 15% de coparticipación municipal. El protagonismo de Cuenca le permitió asumir transitoriamente la presidencia del Foro de Intendentes en diciembre pasado; cargo en el que fue refrendado en mayo de 2016 ya por el voto de sus colegas. Esa elección explicitó el malestar de los alcaldes con el Grand Bourg que había movilizado sus grupos comandos para entorpecer el armado de la lista de Cuenca mientras impulsaba otra que finalmente fue derrotada por el primero.
Y así se llegó a la discusión en torno a qué y cómo ejecutar las obras del Plan Bicentenario. En esa discusión, los intendentes perdieron. La ley que autorizó ese plan no destinó los recursos que ellos creían justos y las comisiones departamentales pusieron a la par de los intendentes a los legisladores a la hora de seleccionar las obras y fiscalizar la ejecución de las mismas. Algunas combinaciones explican la situación: Urtubey debió bajar al llano para disciplinar la revuelta que ya llevaba meses y sus ministros no pudieron controlar; lo hizo el jueves a la noche cuando reunió a todos menos a Sáenz y con palabras de aliento lo invito a ponerle al pecho a la crisis, pero legitimando las famosas comisiones. Los intendentes que hace años gobiernan sus municipios, por su parte, evidenciaron que son un bloque sólido a la hora de pedir plata, pero que carecen de homogeneidad de intereses económicos y políticos: Cuenca fue la voz de quienes desean dólares para gastos corrientes; el pesado Julio Jalit de Pichanal reclamo que las obras públicas queden en manos de los municipios; mientras otros pesos pesados como Sergio Leavy de Tartagal se involucraron poco en esta disputa porque en el fondo sus intereses son más bien políticos: formar parte del bloque de poder que decida cómo será el post urtubeicismo y que siempre tiene componentes que provienen del ejecutivo y el parlamento con los que todavía no considera oportuno pelearse del todo.
Los ganadores de ese round fueron los legisladores al recuperar terreno a la hora de incrementar su poder de influencia. Eligieron para avanzar el escenario y los tiempos precisos. Lo primero porque aprovecharon la contienda que debilitaba a los principales beligerantes para ganar espacio. Lo segundo porque tal avance se da en un momento que inaugura ya la campaña 2017 y la arremetida los ayuda a acondicionar mejor el terreno de cara a ello. No es poca cosa, aun cuando la contraofensiva también fuese funcional al Grand Bourg que tenía en los jefes comunales una espina irritativa. Veremos ahora si una mejor distribución del poder de decisión supone una mejor administración de los escasos recursos que se dispone para los pueblos del interior; o si esa convivencia supone fricciones insalvables que, como todas, siempre suele hacer más difícil lo que en principio debería ser fácil.
