El proyecto fue ratificado este jueves por la titular del Sedronar, Gabriela Torres. Sería presentado en el transcurso del año para debatirlo en el Congreso

Con el aval del presidente Alberto Fernández y la ministra de seguridad Sabina Frederic, desde el gobierno evalúan un proyecto para despenalizar la tenencia y el autocultivo de Cannabis, poniendo el foco en el narcotráfico y no en los consumidores.  En el oficialismo reconocen que analizan «modelos de otros países», incluida la región -como Uruguay y Chile, donde un proyecto de despenalización llegó al Congreso- para tomar como referencia.

El proyecto de ley buscará establecer una cantidad máxima de posesión de marihuana para consumo personal en adultos mayores a 18 o 21 años y lo mismo con las plantas, aspecto en el que todavía se debaten si apuntar a metros cuadrados cultivados o a cantidad de plantas.

Cabe aclarar que, en Capital Federal, según una estadística de la fiscalía de Federico Delgado, durante 15 días de agosto de 2018, la cantidad de detenciones fue récord. El 90% del total de causas iniciadas en ese turno fueron por la ley de drogas, y el 73% fue por tenencia para consumo. De ese número, el 95% de los casos era cannabis la sustancia en cuestión, con un promedio de 9 gramos por persona. Todo este despliegue le costó al estado $1.000.000 en sólo dos semanas de 2018.

El propio Alberto Fernández consideró durante la última campaña electoral que hay que revisar las prohibiciones contra el consumo de marihuana y calificó como un «fracaso» la «guerra contra la droga» que se llevó a cabo en el país. «Hemos intentado con la guerra contra el narcotráfico, pero no hemos resuelto las adicciones, que tienen distintos niveles. Algunas son más dañinas para la salud humana, pero otras son menos nocivas que el tabaco y circulan entre nosotros», apuntó.

Los cinco puntos:

La ministra Frederic se reunió con referentes del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis y acordaron avanzar en un proyecto de despenalización que gire en torno a cinco ejes temáticos:

  1. La regulación legal del cannabis en la Argentina para personas mayores de 18 años es una medida necesaria y urgente, que debe basarse en el respeto por las libertades individuales y las prácticas culturales. Esta regulación busca minimizar las secuelas del narcotráfico y proteger la salud pública, no promover el consumo.
  2. Tanto el consumo responsable del cannabis y sus derivados como su acceso en condiciones que impliquen la máxima reducción de riesgos, daños y vulnerabilidades constituyen el principal objetivo de las políticas públicas en la materia. Restricciones similares a las vigentes para el tabaco podrían aplicarse al cannabis.
  3. El cannabis es la sustancia psicoactiva más utilizada en el país después del alcohol y del tabaco. Las características del mercado ameritan un sistema de producción, distribución y comercialización a gran escala que cubra la demanda existente y sea lo suficientemente estricto para resguardar los fines sanitarios de la regulación.
  4. El autocultivo y los clubes sociales o las formas cooperativas para producir cannabis deben ser protegidos por la regulación, al igual que la disponibilidad de semillas. Son prácticas amparadas constitucionalmente que además posibilitan el acceso democrático y equilibran el precio de mercado.
  5. La regulación legal del cannabis presupone no criminalizar conductas asociadas al consumo. Esto también aplica al resto de las sustancias psicoactivas, como sostiene el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De lo contrario, se seguirán coartando derechos humanos de lxs usuarixs de estas sustancias.

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