Entre Urtubey y Greenpeace, El Tribuno optó por Urtubey. Lo hizo con un informe periodístico que no se privo de criticar al gobernador, pero para presentarlo como un mandatario de poca talla e incapaz de enfrentar al peligro verdadero que acecha a la provincia: la “multinacional ambientalista Greenpeace”. (Daniel Avalos)
La nota en cuestión (“La incertidumbre frena las inversiones rurales en Salta”, 25/09/14, págs. 2 y 3) fue publicada un día después de que, montando inodoros en la vereda de El Cabildo, los ambientalistas representaran a un Urtubey defecando sobre la Ley de Bosques. El artículo de El Tribuno repudió las “grotescas escenificaciones” y la trama central del relato consistió en atacar a la organización que “en nombre de la defensa del medio ambiente lucra con la mala conciencia”. El autor, Francisco Sotelo, también lamentó otras cosas: que la organización se haya impuesto sobre un gobernador timorato y haya logrado “paralizar el desarrollo agropecuario de la provincia”, haciendo “retroceder al gobierno hasta el punto de llevarlo al incumplimiento de la ley”; y que consiguiese incluso que Urtubey emitiera “la resolución Nº 381/14, en la que el gobierno se comprometió a no autorizar más recategorizaciones prediales”. Convengamos…la preocupación de El Tribuno parece tan honesta, como honesta es la misma preocupación de Urtubey por el mismo tema. Preocupación compartida por dos actores que presentándose como el agua y el aceite, llevan sin embargo adherido a la piel el modelo de desarrollo montado por el propietario de ese diario que es Juan Carlos Romero: favorecer a los grandes agentes económicos que exigen tierras para producir soja que luego vuelcan al mercado externo sin que importen los costos ambientales y sociales que ello genera.
Esa profunda comunión, explica que el artículo mencionado resultase altamente funcional al adversario político Urtubey. Sobre todo porque optando El Tribuno por elegir a Greenpeace como único enemigo de Salta, puede el gobernador valerse de ese informe para disimular que la preocupación por los desmontes trasciende al mero ecologismo porque se adueñó de actores insospechados de tal calificación: Defensoría del Pueblo de la Nación, Auditoría General de la Nación, Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), periodistas locales y nacionales, diputados nacionales, académicos y ciudadanos de a pie que tras meses de irrupción del problema en los medios, saben ahora que la supuesta legalidad de los desmontes es abierta ilegalidad. Esto último no lo dijo Greenpeace, sino que lo señaló la Auditoria General de la Nación en un informe publicado en mayo y tras diez meses de trabajo de campo. Allí confirmaron lo que otros ya habían denunciado: que la muy tramposa Ley de Ordenamiento Territorial salteña posee un artículo -el 17- que contempla “el cambio de categoría, sin explicitar la prohibición de cambios hacia abajo (es decir de una categoría de mayor conservación a una de menor conservación) expresada en el art. 9 de la Ley Nacional 26.331, más conocida como la Ley de Bosques. No es la única calamidad que anidó en el proceso hacia la aprobación de esa ley que, redactada por muchos técnicos universitarios que durante el 2008 trabajaron para tener la mejor ley posible, fue finalmente aprobada con dos o tres modificaciones propuestas por otro gran embaucador que también transpira soja: el entonces senador provincial Alfredo Olmedo.
La trampa “U” no venía a modificar la lógica económica que había impuesto J.C.Romero. Al contrario, esa trampa era la condición de posibilidad para dar continuidad al modelo ideado por el propietario del diario El Tribuno que así, sintiéndose padre legitimo de tal modelo, emplea ahora a su diario no tanto para atacar directamente al gobernador; sino a aquellos que quieren subvertir el modelo que él impuso. Que Romero es el padre de la criatura, lo confirma la propia Ley de Bosques. Y es que habría que recordar que la misma trataba de disciplinar el proceso de desmontes que tenía en la Salta de Romero el ejemplo paradigmático. Para explicarlo, podemos recurrir a algunas cifras que los auditores de Nación publicaron en mayo. Allí nos recordaban que entre 1937 y 1987 en el país se habían desmontado 2.355.308 hectáreas. Proceso que se aceleró entre los años 1988 y 2002 cuando la deforestación alcanzó los 6.452.853 de hectáreas. Una de las provincias que más aportó al fenómeno fue la nuestra que entre 1998 y el 2002 desmontó 194.386 hectáreas para luego desmontar otras 414.934 entre el 2002 y el 2006. En medio de esa tendencia, dos momentos claves del gobierno de Juan C. Romero motivaron al por entonces diputado nacional “K” Miguel Bonasso, a exigir la aprobación de la llamada Ley de Bosques.
El primero de ellos había ocurrido en abril de 2005, cuando los lotes 32 y 33 de General Pizarro (Anta) fueron desafectados de su condición de “reserva natural provincial protegida” y vendidos en lotes subdivididos de más de 2.000 hectáreas cada una. El otro hecho ocurrió en noviembre del 2007 y el mismo Miguel Bonasso lo resumió así: “En noviembre del 2007, mientras la Cámara Alta discutía la Ley de Bosques, organizamos una reunión con representantes de los wichis en el Salón Cabezas de la Cámara de Diputados. El gobernador Romero había aprovechado la demora en el Senado para para autorizar el desmonte de 478 mil hectáreas de bosques nativos, en beneficio de terratenientes argentinos y texanos.” (Miguel Bonasso: “El Mal”. Edit. Planeta. 2001, pág. 262). Ante ello, el 21 de noviembre del 2007, el senado nacional dio la media sanción que faltaba para aprobar la ley que reconocía la emergencia forestal y suspendía los desmontes hasta que se realizara un ordenamiento territorial que Urtubey dictó pero con el agregado que hoy es objeto de discordia y volvemos a repetir: un artículo 17 que contempla “el cambio de categoría, sin explicitar la prohibición de cambios hacia abajo expresada en el art. 9 de la Ley Nacional.
Y así las cosas, Urtubey pudo continuar con lo que Romero había empezado. Los resultados están a la vista: desmonte ilegal de 120.000 has. de un total de 400.000 has. desmontadas y oficialmente reconocidas. Cifra que se inscribe en la trama iniciada por Romero, porque bien leídas, esas 400.000 hectáreas desmontadas en cinco años por Urtubey, representan el 37% de la superficie desmontada en una década por Romero (1998 y el 2007). El hecho teórico al que se puede arribar después de exponer las cifras, es el siguiente: no hay modelo distinto entre Romero y Urtubey. Si alguna vez alguien creyó que eso era posible, esa posibilidad se evaporó ni bien asumió la gobernación el actual gobernador. Fue entonces cuando Miguel Bonasso y cientos de activistas, le pidieron que suspendiera las autorizaciones de desmontes que Romero había autorizado mientras abandonaba el gobierno. Urtubey se negó a hacerlo. Adujo entonces que eso sería atentar contra la seguridad jurídica. Es el mismo argumento que usó El Tribuno el pasado jueves para exigir que Urtubey no suspenda las re categorizaciones. Ante ello, enfaticemos lo siguiente: que Urtubey y El Tribuno hayan recurrido a esa figura jurídica para justificar lo mismo es absolutamente lógico. Es el slogan preferido de aquellos que consideran deseable la subordinación de la economía al mercado, mercado al que además hay que subordinar las leyes estructuradas a medida de ese mercado y de los agentes económicos que se benefician de él. Para Romero y Urtubey la “seguridad jurídica” es lo establecido a respetar. El Tribuno, en definitiva, no critica a Urtubey por subvertir ese orden. Lo acusa de hacer mal lo que Romero hacia bien.
Que la ecuación haya resultado altamente beneficiosa para los grandes agentes económicos, no existe duda. Que las riquezas acumuladas por los mismos nunca se derramaron en los pueblos que habitan esas tierras, tampoco. Datos del censo 2010, recolectados más de una década después de iniciado el proceso de desmontes que supuestamente garantizan desarrollo, muestran claramente que en los departamentos en donde ese proceso fue intensivo el desarrollo nunca llegó. En lo que a instalación sanitaria se refiere; de los 13.688 hogares existentes en el departamento de Anta, 4550 (33,2%) carecen de descarga de agua o no tienen retrete; en San Martín los censistas registraron 37.915 hogares de los cuales 14.559 (39%) carecen del mismo servicio; en Orán la cosa no estaba mejor: de 31.859 hogares 10.802 (34%) corrían la misma suerte; mientras en Rivadavia la situación es desesperante: de los 7154 hogares, 5.682 (79%) carecen de retretes y descargas de agua. Si los defensores del “desmontedesarrollo” creen que estos datos son aislados, tenemos más para ofrecerles. Por ejemplo los vinculado a bienes domésticos: en Anta el 27% de los hogares no poseían heladeras según el censo, el 82% no tenía computadoras y el 89% carecía de un teléfono de línea; en el departamento de San Martín los hogares sin heladeras llegaban al 25%; sin computadoras el porcentaje se estiraba hasta el 76%, mientras aquellos que carecían de línea telefónica superaba el 78%. Si nos trasladamos a Orán veremos algo similar: el 23% de los hogares sin heladeras, el 78% sin computadoras y el 82% sin línea telefónica. Otra vez Rivadavia superará a todos estos índices: el 67% de los hogares sin heladeras, el 93% sin computadoras y casi el 99% sin línea telefónica.
En definitiva, el desarrollo que El Tribuno y Urtubey defienden, ese al que según ellos se arriba sometiendo la provincia a los caprichos de inversores que con su empuje nos libraran del atraso… ha provocado justamente eso que dicen querer combatir: una típica región del Tercer Mundo en donde una élite rica y reducida convive con una clase media estrecha, casi inexistente y una sobredimensionada mayoría de pobres. Un tipo de “desarrollo” tan pero tan paradójico, que nos pone en la penosa tarea de sentenciar al menos dos cosas. La primera de ellas se repite desde hace décadas: esta es una provincia insólita porque pudiendo producir alimentos para millones, cobija salteños que padecen hambre. La segunda sentencia, menos popularizada pero que debería ser objeto de más atención, no es menos paradójica: el desarrollo que Urtubey, Romero y Olmedo proponen, ajusta cuentas con campesinos que dejan de existir como un actor social aun cuando las enormes rentabilidades que acumulan sus terratenientes sepultureros, precisan cada vez mas tierras a fin de producir lo que antes producían esos campesinos en sus tierras: alimentos.
