Los datos surgen de un estudio que presentó el ministro de Salud, Ginés González García, un rato antes de anunciar el primer caso de coronavirus en el país.
El estudio fue elaborado durante el segundo semestre de 2019, en el marco de un proyecto de cooperación entre la oficina local del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNPFA) y el Plan nacional de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia de Argentina (ENIA). Se hizo con la Metodología de análisis de las consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente, llamada por sus siglas Milena 1.0, que desarrolló la oficina regional de UNFPA para América Latina y el Caribe y que se está aplicando en otros países. Consiste en comparar las trayectorias de las mujeres que fueron “madres tempranas”, antes de los 20 años, con quienes lo fueron después, hasta los 29 años. Las consecuencias socioeconómicas consideradas son cinco: 1) el nivel educativo alcanzado; 2) participación laboral y empleo; 3) ingresos individuales; 4) atención médica de la gestación, el parto, el puerperio y los recién nacidos; y 5) ingresos fiscales percibidos por el Estado a través de impuestos.
La cifra impacta: el costo para el Estado asciende a $ 31.626.266.854, para el año 2018. Llega a casi 500 millones de dólares, calculado a la cotización de hoy. El estudio ofrece otro costado de este problema.
En la actualidad, hay casi 900 mil madres “tempranas”: 874.715 mujeres tuvieron su primer hijo en la adolescencia, entre los 10 y los 19 años, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares. Tal vez el dato más dramático es que 7 de cada 10 embarazos de chicas de 15 a 19 no fueron intencionales y 8 de cada 10, entre 10 y 14 años, recordó la directora nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva, Valeria Isla. Y destacó la importancia de la educación sexual integral para la prevención. En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández anunció que el programa de ESI será relanzado por el Gobierno y tendrá un lugar clave en su gestión.
