Fermín Aranda, exlegislador, pide rever los procesos a militares acusados por delitos de lesa humanidad. Una voz que se suma a otras desde el triunfo de Macri aunque carezcan de sustento y escondan vínculos entre escribas y encarcelados. (Daniel Avalos)

Con el macrismo en el gobierno, algunos concluyen que es hora de un esfuerzo generalizado para erradicar políticas del anterior gobierno nacional. La apuesta se despliega en varios planos, aunque acá nos detendremos en aquella que en nombre del reencuentro nacional, piden que a los represores de 1976 se les suspendan los procesos judiciales en caso de no poder defenderse por su estado de salud, o que los condenados en situación de ancianidad gocen de prisión domiciliara.

Una nota publicada por El Tribuno durante la semana confirma que cierto oportunismo conciliador se da también en Salta. El autor de la misma se llama Fermín Aranda, ex legislador provincial por la UCR en los 80 y ex miembro del Tribunal de Cuentas provincial. Su arenga emocional estuvo mal hecha por varias razones. La más inocua de todas fue la mala redacción del escrito. La más desopilante se relacionó con la adhesión a trascendidos que sugerían que Néstor Kirchner fue asesinado (SIC) y que Alberto Nisman efectivamente lo fue. A partir de eso vino lo peor de todo: preguntarse si “¿No serán estos, también, crímenes de lesa humanidad?” (“La sangrienta grieta de nuestra historia”, El Tribuno 13/04/16, pág. 18 y 19).

Entre el mal uso del lenguaje y los razonamientos disparatados, Aranda filtraba también una verdad a medias: la reforma de la Corte Suprema menemista en el año 2003 fue una arremetida de Néstor Kirchner cuya motivación fundamental era la siguiente: declarar inconstitucional las leyes de Obediencia Debida y Punto Final para así “reiniciar los procesos contra los militares y fuerzas de seguridad por delitos de lesa humanidad causados por el terrorismo de Estado”. Es cierto que esa reforma incluía la posibilidad de reparar el accionar del Estado que hasta entonces legalizó la impunidad. No menos cierto fue que tal reforma fue celebrada por propios y extraños porque esa Corte se había acostumbrado a no ejercitar la emoción de la vergüenza, sin olvidar que la derogación de las leyes de impunidad posibilitaba seguir el ejemplo de otros países que también vivieron procesos traumáticos como el nuestro.

Son curiosos los planteos de los “Arandas”. Nos recomiendan imitar a los “países serios” cuando de “sensatez económica” se trata, pero prescinden de otros ejemplos de seriedad como el que dio Alemania  hace pocos meses: llevar a los tribunales al exsargento de las SS nazis, Reinhold Hanning de 94 años, acusado de complicidad de asesinatos por haber trabajado en Auschwitz cuando miles de judíos húngaros eran exterminados.

Reinhold Hanning, 94 años, SS de Auschwitz que esta siendo enjuiciado hace un mes en su país"
Reinhold Hanning, 94 años, SS de Auschwitz que esta siendo enjuiciado hace un mes en su país.

La ancianidad no libra a las personas del peso de la justicia. Y tampoco los libra de la prisión efectiva si un juez lo dispone, aun cuando ese juez deba garantizar los derechos de quien ha perdido su libertad. Es lo que pasa hoy en nuestro país. No por capricho. Sí por existir cierta homogeneidad de criterio para negar ese beneficio a quienes llegando al Poder estatal por la fuerza en 1976, se valieron del Estado para aniquilar a miles de argentinos en las mazmorras de la dictadura sin que se les respetasen las garantías que los asesinos de ayer afortunadamente gozan en el día de hoy: que la Justicia se encargue de evaluar el accionar criminal de quienes escandalizaron al mundo.

Por ello mismo los ejercicios del lenguaje mal ejecutados por Fermín Aranda deben ser impugnados. Ese es el objeto de estas líneas. Por lo expuesto, pero también porque Aranda esconde sus vínculos con un militar condenado por delitos de lesa humanidad: el coronel retirado Juan Carlos Jones Tamayo. No sabemos entonces si su visión de las cosas es tributaria de la teoría de los “dos demonios” que igualó a victimarios con las víctimas al declararlos poseídos por un desquicio que no reconocía a la democracia el lugar central que hoy ocupa; o si estamos ante alguien que persiguiendo un interés familiar, lo esconde tras un manto de palabras supuestamente paridas por la sensatez, la clemencia, los derechos universales y la reconciliación nacional.

Detengámonos entonces en el accionar de Juan Carlos Jones Tamayo. El ejercicio contribuirá a pincelar con una historia individual la totalidad del horror del que fue pieza clave el cuñado de Fermín Aranda. Es fácil explicar por qué sabemos de ese vínculo: gracias al trabajo de viejos y viejas militantes de organismos de derechos humanos que, impotentes ante el accionar de jueces que no incomodaban a los genocidas, se volcaron a reconstruir biografías y ramificaciones familiares de los responsables de tantas tragedias con la esperanza de fortalecer al menos la memoria.

Digresión genealógica

Militantes, en definitiva, que hicieron lo que durante años no hizo ni la justicia ni la disciplina histórica con una minuciosidad tal, que en el caso de Juan Carlos Jones Tamayo podemos bucear hasta en la figura de su padre Juan Jones: también militar y según los testimonios, también proclive a las conclusiones políticas tajantes y a las conspiraciones militares.

Una digresión se impone. Servirá para resaltar algunos aspectos de la salteñidad oficial que explica cómo ese hijo de inmigrantes terminó formando familia en nuestra provincia. Ocurrió en los tiempos donde el patriciado consideraba un buen partido para sus hijas a los oficiales recién egresados de las academias militares. No es un delirio de los viejos y las viejas militantes de organismos de derechos humanos. Es una versión corroborada por el historiador francés Alain Rouquie, quien en su libro “Poder militar y sociedad política en la Argentina” escribía sobre Salta de la siguiente manera: “Con tal que tenga buenos modales y que sea atractivo, el teniente o el capitán acantonado en la ciudad podrá quizás asistir al gran baile anual del Jockey Club de Rosario o al del Club del Orden de Santa Fe. También harán un buen papel en la feria de beneficencia del Club Social de Tucumán. Su unidad acantonada en Salta recibirá algunas invitaciones para el garden party del prestigioso 20 de Febrero”.

Juan Jones terminó desposando a la hija de una tradicional familia salteña. De ese matrimonio nació Juan Carlos Jones Tamayo. A la hora de rememorar a Juan Jones, los testimonios aseguran que se exilió en Uruguay entre 1962 o 1963. No era un peronista de la resistencia. Era un militar que tras el derrocamiento de Perón en 1955 se involucró en las internas del ejército que devino en luchas abiertas entre “colorados” y “azules”. Las disidencias versaban sobre cuál debía ser el rol de las Fuerzas Armadas en la política del país y la actitud que debía adoptarse ante el peronismo. Juan Jones era de la facción “colorada” que fue clave para derrocar a Frondizi en 1958, aunque debieron ceder ante los “azules” que impusieron la idea de no reemplazar al presidente depuesto con un militar, sino permitir que el titular del senado asumiera la presidencia bajo la tutela de los militares.

Las tensiones entre los bandos no aminoraron con los años. Los “colorados” veían en el peronismo a un movimiento de clases violento y el escalón previo al comunismo, por lo cual sostenían que la única solución ante ello era aniquilarlo. Los “azules” proponía otra cosa: garantizar que el viejo líder muriera en el exilio, bregar para que el peronismo sin Perón no retornara al Poder y permitir que ese movimiento tuviese algún tipo de participación residual en la política nacional. En 1962 las tensiones se incrementaron y luego de tímidas escaramuzas entre los bandos, los azules arrebataron a los colorados la conducción del ejército. El “azul” Juan Carlos Onganía asumía la conducción de esa fuerza. Juan Jones partía a una exilio que no duró mucho ni tendría consecuencias duraderas en su carrera, aunque ese exilio obedecía al hecho de ubicarse a la “derecha” de un Ongania que cuatro años después derrocaría al gobierno constitucional de Arturo Illia.

El Jones malo 

Y ahora sí, llegamos a donde queríamos llegar: al Coronel Retirado Juan Carlos Jones Tamayo. Y acá sí conviene evitar los rodeos para ir al grano: Jefe del Servicio de Inteligencia del Área 323 en Jujuy, fue partícipe de los tristemente célebres “Apagones de Ledesma”. Esas jornadas de julio de 1976 que incluyeron cortes de luz, vuelos rasantes de helicópteros, activación de bombas de estrépito y voces de mando amplificadas por megáfonos que en su conjunto buscaban inmovilizar a la población mientras las víctimas directas de los operativos eran secuestradas para no aparecer nunca más. Los sobrevivientes de entonces aseguran que el salteño era el encargado de recibir a los “chupados” en el centro clandestino conocido como “Guerrero” con un látigo de hilos de acero mientras les advertía: “Así se recibe aquí”.

Hay más. Juan Carlos Jones Tamayo estuvo involucrado en numerosas desapariciones que explican por qué el libro publicado por los organismos de Derechos Humanos de la vecina provincia -“Con vida los llevaron. Memorias de madres y familiares de detenidos” (U.N.Ju. 2008)- el salteño aparece mencionado en las  páginas 103, 138, 166, 211, 225 y 226 y siempre para ser vinculado con detenciones, apropiación de bienes y desapariciones de mineros, militantes, obreros azucareros y estudiantes.

Según los informes periodísticos, en Jujuy se le perdido el rastro entre 1976 y 1980, año en el que volvió a la provincia. Gozó de los beneficios de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final hasta que derogadas estas, fue enjuiciado en la primera causa por delitos de lesa humanidad que se instruyó en Jujuy por el asesinato de la maestra Dominga Álvarez de Scurta. El dictamen fiscal elaborado en 2006 pedía su captura y su indagatoria aunque un juez cómplice – Olivera Pastor – le extendió todo lo que pudo el período de gracia. Para cuando dictó una orden de detención, Jones Tamayo ya no vivía en el domicilio declarado. En marzo de 2011, se lo declaró en rebeldía y en octubre de ese año el Estado lanzó un pedido de captura nacional e internacional que incluía una recompensa de $100.000. Cuando finalmente fue detenido en octubre de 2014, la militante de DDHH jujeños, Mariana Álvarez García, declaró que el salteño “Era la ficha que faltaba en el rompecabezas de los crímenes de lesa humanidad en Jujuy, es un personaje muy nefasto, de los más crueles de la represión en esta provincia”. La militante de H.I.J.O.S., Eva Arroyo, fue más allá: “Después de (Carlos) Bulacio [jefe de la Guarnición Jujuy] fue quien más responsabilidad tuvo en la represión en la provincia”.

El reencuentro según Jones

Juan Carlos Jones no siente culpas por su actuación. Se encargó de remarcarlo en una carta escrita desde la cárcel Federal de Güemes el 13 de febrero del 2015. Era para conmemorar el 40 aniversario del combate de “Río Pueblo Viejo”, en Tucumán, donde murió un oficial del ejército y dos guerrilleros del ERP. Jones Tamayo participó del mismo con el rango de Capitán y aunque el episodio no modificó los planes del Ejército ni del ERP en ese entonces, el salteño lo reivindica como el bautismo de fuego del “Operativo Independencia”: un laboratorio de represión ilegal que luego se extendió a todo el país tras el golpe de marzo de 1976. Exigida por los militares y concedida por el peronismo de entonces en el poder, el “Operativo” empezó con el desembarco del Jefe de la Quinta Brigada del Ejército, Acdel Vilas, y 5.000 efectivos en la localidad tucumana de Famaillá. El objetivo central no era ir tras los guerrilleros en el monte, sino disciplinar a la población sospechada de simpatizar con ellos. Lo confeso Domingo Bussi cuando reemplazó a Vilas en diciembre de 1975: “Aún resta detectar y destruir a los grandes responsables de la subversión desatada, a aquellos que, desde la luz o desde las sombras, valiéndose de las jerarquías, cargos o funciones logrados, atentan día y noche contra las estructuras del Estado, y aquellos otros que, con su hacer o no hacer, encubren, cuando no protegen a estos delincuentes que hoy combatimos” (Anguita – Caparrós: La Voluntad).

Juan Carlos Jones Tamayo sigue pensando lo mismo. En su carta de tono marcial escrita cuarenta años después, se declara “prisionero” de una subversión a la que advierte en febrero del 2015 lo siguiente: “Al enemigo le digo que así como lo descubrimos en la maraña del monte tucumano hace 40 años (…) así también hoy lo vemos infiltrados en los diferentes sectores de la nación, siguiendo las enseñanzas del nefasto Antonio Gramsci”. Una conclusión se impone: a pesar de los esfuerzos de Fermín Aranda por reconciliar al país, muchos de los que montaron centros clandestinos de detención, hicieron desaparecer personas y usaron la tortura para obligar a los prisioneros a delatar, siguen convencidos de que la subversión tiene tanta vigencia como Satanás la tenía para los monjes desdentados del medioevo.

Esa subversión para Jones Tamayo ha dejado el fusil para infiltrase en el Estado y las organizaciones de la sociedad civil para desde allí trastocar la cultura nacional. A ellos, en su carta, Jones Tamayo les dedica una perentoria despedida: “Al enemigo les digo: ´Somos soldados, nuca pediremos perdón por defender la patria´”.

La grieta   

Concluido este largo rodeo cuyo único objeto era impugnar las sugerencias de enterrar el pasado en nombre del reencuentro nacional, conviene terminar estas líneas reflexionando sobre la esperanza que invade al escriba Fermín Aranda: Macri fue elegido para “lograr la unión de los argentino”.

Habrá que ir archivando esa esperanza. El macrismo ha ensanchado la grieta que aseguró iba a cerrar. Lo hace de muchas formas aunque acá mencionaremos sólo dos: la inclinación del nuevo gobierno a evitar los debates para optar por el duelo abierto con el kirchnerismo al que supuestamente venía a superar; y fundamentalmente por creer que todo lo que se hizo en el periodo anterior, incluida la política de Derechos Humanos, respondía a una cuestión de caja. Las implicancias de ese “antikirchnerismo vulgar” los priva de ir a la búsqueda de las complejas relaciones políticas, culturales, históricas y económicas que explican muchas medidas K que entusiasman a una parte significativa de la población y se vivenciaron como justas en otros sectores no menos importantes que, sin embargo, pueden sentirse orgullosos de no pertenecer a ese kirchnersimo.