Un cuadernillo publicado en abril por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), arroja algunos datos claves sobre la situación de la tierra en Salta: extranjerización, judicialización de la tenencia de pequeños campesinos y límites de acceso a la justicia por parte de comunidades originarias y criollas.
“Derecho a la tierra y a la vivienda. Aportes al consenso nacional para un Hábitat Digno”, es el título de la publicación de 75 páginas que reúne los artículos presentados en la Jornadas de debate del “Consenso Nacional por Hábitat Digno”, realizadas los días 11 y 12 de diciembre de 2014, en la ciudad de Buenos Aires.
Entre los muchos temas analizados, se encuentra el referido al del avance de la frontera agropecuaria y la extranjerización, tema que necesariamente terminó deslizándose hacia la situación salteña por constituir nuestra provincia una de las que posee mayores índices de en cuanto a tierras en poder de foráneos. Eso es lo que puede verse en uno de los artículos de la mencionada publicación: “Experiencia en la Argentina Rural: estado del debate” que tomando datos oficiales consignó que la superficie de la propiedad de la tierra en manos de extranjeros en el territorio nacional, según lo relevado por el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), sumó un total de 15.881.069 hectáreas, representando el 5,93 % del total de las tierras rurales argentinas que llega a asombrosa cifra de 267.679.474 hectáreas.
Del total de las tierras extranjerizadas, mientras tanto, se desprende que Salta ocupa los primeros lugares en tanto con 1.801.219 hectáreas en manos extranjeras ocupa el segundo lugar por detrás de Santa Cruz (2.261.122 hectáreas) y por encima de Mendoza que registró 1.275.489 hectáreas en manos extranjeras. Como puede verse, la tierra extranjerizada salteña representa el 11% del total de tierras extranjerizadas de todo el país.
La posibilidad de contar con tales cifras está relacionada con la promulgación de la Ley 26.737 que, aprobada el 22 de diciembre de 2011, establece el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales y que en lo central busca regular la extranjerización y concentración de la tierra a nivel nacional estableciendo entre otras cosas que un máximo del 15% de la superficie debe destinarse a personas extranjeras físicas o jurídicas; que esas personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad no puede tener más del 30% del total de las tierras extranjerizadas; que cada titular no podrá tener más de 100 hectáreas o su equivalente en la zona núcleo del país; que ningún propietario pueda poseer cuerpos de agua de gran envergadura; y que para mejor regulación y aplicación de la ley se conformara el Registro Nacional de Tierras Rurales. Organismo éste del que los técnicos del CELS extrajeron los datos recién difundidos.
Aquella vez -julio de 2013- presentó los datos del relevamiento con un clima festivo al anunciar que “ninguna de las 23 provincias argentinas excede el límite en materia de tenencia (en manos foráneas)”. Lo que sí destacó entonces es que Salta era una de las pocas (junto a Jujuy, Catamarca, Corrientes y Misiones) que poseían más del 10% de sus tierras rurales en manos de extranjeros; que de los 569 departamentos provinciales 520 no superaron el límite fijado por la ley; que del total de tierras rurales en manos extranjeras, el 77% corresponde a Personas Jurídicas (12.363.000 hectáreas), y el 23 restante a Personas Físicas (3.667.000 hectáreas); y que de acuerdo a la nacionalidad, los norteamericanos son los que más tierras rurales tienen a su nombre, seguidos por los italianos y los españoles.
