Por Franco Hessling
“Yo siempre voté a favor de la vida (…), [por ejemplo] con la modificación del Código Penal para incluir la figura del femicidio. Esto se lo debemos a un extranjero en Argentina. Fueron asesinadas dos turistas francesas en la provincia de Salta, Cassandre Bouvier y ‘Muña Bamumi’ (en un extraño francés, se deduce que quiso decir Houria Moumni, NdR). Su padre, Jean Michel Bouvier me pidió una audiencia en la cual me solicitó, encarecidamente y emocionadamente, que incluyéramos en el Código Penal la figura de femicidio. Así se hizo”, afirmó la senadora nacional por Buenos Aires y expresidenta, Cristina Fernández, en la sesión en que se rechazó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
La ex primera mandataria pone el acento en un aspecto de relieve para el Gobierno de Salta, aunque la mayor parte de los medios y analistas provinciales que posaron los ojos en la intervención de Cristina Fernández (CFK) lo pasaron por alto, tanto les detractores de CFK como el kirchnerismo sunnita. Para ser exactos, es un tema que incordia al gobernador Juan Urtubey, ya que la trama de culpables, se presume, estaría lejos de los sentenciados por la Justicia provincial, Gustavo Lasi y Santos Clemente Vera -condenado en un fallo de segunda instancia-. La Justicia local tuvo actuaciones ridículas en varios momentos de la causa que se abrió por la doble violación y asesinato de las investigadoras francesas halladas el 29 de julio de 2011 en la quebrada de San Lorenzo.
Podríamos elegir creer que la idea de subrayar este aspecto fue un desliz de CFK en su recorrido por las acciones de gobierno mientras fue legisladora y presidenta, pero vamos a interpretar como sublimación su mención al caso de las francesas asesinadas en Salta. Cristina Fernández le estaba hablando directamente a Urtubey, haciendo brotar el pus de uno de los casos que hacen supurar la infecciosa impunidad que emana la corporación judicial en connivencia con la casta política. Cada vez que alguien recuerda el caso de las francesas, todes nos preguntamos si realmente Lasi y Vera fueron los responsables del hecho. Sobran pruebas de ADN que había en los restos de Houria y Cassandre, hay discrepancia entre los días de la muerte, de la desaparición y del hallazgo de los cuerpos, entre muchas otras cosas.
Cada vez que alguien recuerda el caso de las francesas, todes nos preguntamos si realmente
Lasi y Vera fueron los responsables del hecho.
Un jefe de la Brigada de Investigaciones, Néstor Píccolo, perdió la vida, según cuenta Jean Charles Chatard en su libro “Francesas, autopsia de un doble asesinato”, cuando desobedecía al juez de instrucción, Martín Pérez, e indagaba en pruebas que conducían a responsables con distinta estirpe que los baqueanos de San Lorenzo que finalmente fueron condenados. Murió dentro de su auto en noviembre de aquel 2011. La causa judicial por el deceso de Píccolo cerró raudamente concluyendo que había sido un suicidio y desconociendo aspectos que habilitan a pensar que podría haber sido asesinado, o instigado a suicidarse. Otra vez la Justicia salteña, en una misma trama de encubrimiento siembra un tendal de dudas y hace manar evidencias de su propia podredumbre.
Pero la corporación judicial no haría semejantes maniobras de impunidad, visibles ante los ojos de cualquiera con mínimo ánimo crítico, si el caso no preocupara también a la casta política de Salta. Es pensamiento deductivo por el contexto y a partir de denuncias de periodistas franceses, admitámoslo. Ninguno se atreve a dar nombres ni apellidos, pero dejan entrever que una investigación judicial nueva, con intenciones de esclarecimiento genuinas, implicaría a familias tradicionales de la política local. Tengámoslo claro: nadie afirma nada, los reporteros galos, que tuvieron mayores facilidades que la prensa local para indagar y publicar sobre este tema, sólo aseguran que la investigación que sustentó el fallo estuvo viciada y que hay empezar la causa de nuevo.
Plantar perejiles
En 2016, Cuarto Poder se reunió con la familia de Santos Clemente Vera, conoció a su esposa e ingresó varias veces a la Unidad Carcelaria N°1 de Salta, donde dialogó con él. En febrero de aquel año, luego de haber sido obtenido el beneficio de la duda en el fallo de primera instancia de mediados de 2014, Vera fue encontrado culpable y tuvo que retornar a la cárcel, adonde ya había permanecido de modo preventivo los años antes del juicio. Luego de la publicación de un artículo al respecto, en el penal se tomaron someras reprimendas, más bien de carácter verbal, que llevaron a Clemente a llamarse al silencio. Las amenazas estaban dirigidas directamente por la casta política, que habría instruido a los celadores del penal de Villa Las Rosas para que avisaran a Vera que no estaban contentos con las visitas que había estado recibiendo del periodismo salteño.
Unos meses después, el malestar de la casta se convirtió en medidas concretas para hacer más dificultosa y vigilada la labor periodística y la vida de los internos. En noviembre de aquel 2016, el por entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que titularizaba Pamela Calletti dispuso que en la cárcel de Villa Las Rosas se implementara un sistema informático para que quienes visitaran a los presos tuvieran una tarjeta magnética. A partir de ese momento, para entrar había que tramitar el plástico ante las autoridades de la unidad penitenciaria, a esas alturas alertados de nombres que pudieran preocupar por interesarse por lo que Vera, o cualquier otro recluso, tuviera para contar. O leer, pues tampoco se podía ofrecer cualquier lectura a los presos, los celadores hacen rápidos controles de lectura, generalmente torpes, pero controles al fin, en los que se dan derecho a impedir el ingreso de textos.
Este año, la fundación Innocence Project tomó el caso de Vera y aduce, contra lo que han venido argumentando las autoridades locales, que es perfectamente legítimo que se anule el proceso que ahora espera revisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por el que están condenados Lasi y Vera, y se empiece uno nuevo.
De todas maneras, es importante distinguir las posiciones de uno y otro condenado. Aunque los dos puedan haber sido incrustados como culpables para zanjar la causa de las francesas, Lasi se autoinculpó durante la instrucción. Según Chatard, esa actitud de Lasi empezó luego de una reunión que tuvo con Pérez, el juez que investigaba el asunto. Vera, en cambio, siempre se declaró inocente. Las únicas “pruebas” en su contra que tomó el tribunal de segunda instancia que encontró culpable a Santos Clemente son la declaración de Lasi, que dijo haber cometido el aberrante hecho junto a Vera y Daniel Vilte Laxi, y una prueba de ADN ambigua, en la que no se determina con exactitud la existencia del patrón genético del condenado, aunque se asume que él habría acompañado a Lasi. No eran amigos, y hasta mantenían distancia porque los Vera acusaban a los Lasi de abigeato, pero la Justicia salteña aceptó como cierto el relato de uno, Lasi, sobre que juntos mataron y violaron a las investigadoras francesas.
De todas maneras, es importante distinguir las posiciones de uno y otro condenado. Aunque los dos puedan haber sido incrustados como culpables para zanjar la causa de las francesas, Lasi se autoinculpó durante la instrucción.
Bouvier, el mismo que citó Cristina Férnández en el Senado de la Nación esta semana recordando que fue quien le sugirió que incorporase legalmente la palabra “femicidio” en el derecho positivo argentino, le envió una carta al papa Francisco luego de conocerse el fallo de segunda instancia contra Vera, solicitando que interviniese para que se investigue nuevamente la muerte de su hija.
“El conjunto del materiales de ADN analizados tanto por los expertos argentinos como franceses no fueron efectivos para condenar a Daniel Vilte. Sí fue reconocido el ADN nuclear de Gustavo Lasi. Con respecto a Santos Clemente Vera, los expertos estuvieron divididos aunque la prueba era irrefutable a su favor”, y luego continúa defendiendo la inocencia del baqueano.
En la misma misiva, Bouvier asevera que “las autoridades de Salta se apresuraron en encontrar rápidamente culpables y perdieron la serenidad que requiere la búsqueda de la verdad. La preparación de la Cumbre del G20 programa en Cannes entre el 3 y 4 de noviembre de 2011, condujo a un encuentro entre la presidenta Argentina, CFK, y el presidente francés, Nicolás Sarkozy; en esta ocasión ella le transmitió el informe redactado por el juez Martín Pérez en el cual designa sin ambigüedad a Gustavo Lasi, Daniel Vilte y Clemente Vera como los culpables de los asesinatos de Cassandre Bouvier y Houria Moumni. O sea que en un mes el juez resolvió el caso, esto prueba una vez más la máxima incompetencia y su desenvoltura para terminar con la cuestión, puedo agregar más pero prefiero abstenerme”. Prosigue: “Personas como Lasi, Vera y Vilte carecen totalmente de importancia para el pequeño mundo privilegiado de la burguesía y la clase gobernantes”.
Y sentencia: “La gente de Salta necesita protección. Yo poseo testimonios de quienes habrían participado en los asesinatos y estaría dispuesto a presentarlos a la Justicia en caso de que ésta me garantice que resolverá los crímenes de mi hija Cassandre y su amiga Houria”.
