Diputados se apresta a dar el OK a un nocivo cambio en la Ley de Prestaciones para Personas con Discapacidad: ¿Desamparo Legal?
Modificaciones en la Ley 7.600 podrían limitar la cobertura de tratamientos para personas con discapacidad, generando preocupación por el impacto en las familias más vulnerables.
Se podría aprobar una serie de nocivos cambios significativos en la Ley 7.600, la cual regula las prestaciones que el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) debe cubrir en tratamientos para personas con discapacidad. Estos cambios, que entrarían en vigor tras su aprobación en la legislación general prevista para hoy.
Según la información proporcionada, en octubre de 2022, la Cámara de Diputados aprobó una modificación que establecía que el IPS debería cubrir las prestaciones con un valor NO INFERIOR al 70%. Sin embargo, este porcentaje es significativamente menor al estándar de cobertura integral exigido por la ley nacional de discapacidad.
Lo que resulta aún más preocupante es que, durante el proceso legislativo, se redujo aún más este porcentaje. Inicialmente, se pretendía presentar el proyecto con un 100% de cobertura, pero tras reuniones con representantes del IPS, se ajustó a un 75%, para finalmente ser aprobado al 70% como límite inferior de la cobertura. Posteriormente, en el Senado, se modificó el dictamen para que el IPS cubriera las prestaciones con un valor NO SUPERIOR al 70%, estableciendo así un techo de cobertura por ley.
Esta decisión ha generado inquietud entre diversos sectores de la sociedad, quienes argumentan que dejaría desprotegidas a las personas más necesitadas de tratamientos, muchos de los cuales son crónicos y de vital importancia para mejorar su calidad de vida. Además, se destaca que, actualmente, el IPS reconoce únicamente un 70 o 75% de las prestaciones de discapacidad, lo que ha llevado a numerosas personas a recurrir a amparos para obtener la cobertura total, en línea con lo establecido por la ley nacional.
En este sentido, los críticos de los cambios en la Ley 7.600 advierten sobre el riesgo de perjudicar a las familias con discapacidad y señalan la contradicción entre el objetivo original del proyecto y su resultado final, que limita la cobertura en lugar de ampliarla.
Ante esta situación, se espera un intenso debate en la Cámara respecto a estas modificaciones, con la mirada puesta en encontrar soluciones que garanticen una cobertura adecuada para las personas con discapacidad, sin dejar desamparadas a las familias más vulnerables.
