Por expreso pedido de las empresas mineras, los informes de impacto ambiental y social ya no deberán pasar por el juzgado de minas. El gobierno tendrá competencia exclusiva a través de la Secretaría de Minería. ¿Luz verde para el tráfico de influencias?

Nicolás Bignante

Como ocurre cada vez que el estado brinda concesiones y beneficios al poder económico, el primer paso fue ablandar el terreno. Un artículo del 10 de abril de este año publicado en el matutino de mayor tirada de la provincia anticipó el contenido del debate que se daría el pasado martes en la legislatura provincial. Una entrevista con el presidente de la Cámara de la Minería de Salta, Carlos Ramos, dejó como título sobresaliente la frase: “Un problema son los tiempos de aprobación de los informes de impacto ambiental”.

El contenido de aquella publicación y el tono de la conversa no son muy difíciles de imaginar. El lamento empresarial por las supuestas dificultades para acceder a la licencia ambiental desembarcó directamente en la sección Negocios del diario de zona sur, siempre dispuesto a prestar sus páginas a socios y amigos.

“Los tiempos están demorados. Ya estamos hablando de años de demora del informe, tanto de exploración y de construcción y explotación. Entonces al estar tan demorados empezamos a tener problemas negociales. Es decir, a lo mejor una minera que podría venir, no va a venir. Si hoy yo le digo a una minera que quiere venir y me pregunta cuánto tiempo me va a llevar obtener este informe y yo le digo un año, año y medio o dos años, me va a decir que no viene”, asegura Ramos en el reportaje de El Tribuno.

Cuatro meses después, el ejecutivo provincial plasmó el reclamo empresarial en un proyecto de ley que obtuvo media sanción en la cámara baja. Por unanimidad, y con la abstención de sólo dos legisladores, el cuerpo aprobó la modificación del Código Minero en su artículo 34, que fija las pautas para la aprobación de estudios de impacto ambiental. El aspecto más sobresaliente es que ya no pasará por el juzgado de Minas, sino que serán aprobados íntegramente por la Secretaría de Minería, hoy a cargo de Romina Sassarini.

Legislación a la carta

El fantasma de la inseguridad jurídica y la incertidumbre de los inversores sobrevuela en cada reclamo del sector minero, como si la provincia no estuviera en posición de imponer sus propias reglas. El 85% de las reservas descubiertas de litio se concentran en el triángulo conformado por Bolivia, Argentina y Chile. Dentro del territorio nacional, sólo tres provincias cuentan con territorio apto para la extracción del mineral. Una de ellas es Salta. A pesar de concentrar una porción importante de las reservas disponibles de litio del planeta, la provincia no deja de ceder ante el pedido de las corporaciones.

En la entrevista citada, el representante de la cámara minera reconoce el espaldarazo del Estado Provincial, pero asegura que no alcanza. “Se le ha dado más apoyo a la Secretaría, se le ha dado más personal, pero no es suficiente. La tarea es compleja. Creo que el Gobierno va a tener que sumar más personal, tenemos que buscar soluciones. Nosotros queremos aportar lo que nos piden, en lo que podamos colaborar, pero tenemos que, entre todos, buscar un camino porque las consecuencias son graves. Insisto, sé que hay empresas que han abandonado contratos porque no les aprobaban los informes de impacto ambiental”, manifestó Ramos.

Si se lee con detenimiento la última frase se advierte un detalle no menor. El supuesto abandono de los proyectos de litio, según Ramos, no tiene que ver con la demora de los estudios ambientales, sino con la no aprobación de los mismos. La diferencia es sutil, pero crucial. El apartamiento de la justicia en el trámite ambiental, ¿tiene que ver con agilizar o más bien con flexibilizar?

La respuesta queda clara en otro pasaje de la entrevista: “Creo que tenemos que movernos rápido. Por ejemplo, un Taca Taca, el proyecto que yo represento, en el que tenemos algunos problemas nacionales, a nivel económico, como los temas cambiarios, el IVA a la construcción, temas de política económica, pero si tuviéramos el informe de impacto ambiental aprobado, el empuje que viene de parte de la empresa y de los accionistas es otro. No hay duda”.

Las modificaciones

El artículo 34 del Código Minero establece que los titulares de derechos mineros, previo al inicio de las actividades, “deberán dar cumplimiento a los requisitos que en materia de protección ambiental establece el Título XIII, Sección Segunda del Código de Minería. En todo trámite inicial, el informe de Impacto Ambiental y Social deberá ser presentado ante el Juzgado de Minas y se correrá vista a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia”.

Este último punto se modificó y, tanto los estudios de impacto ambiental como las actualizaciones bianuales, deberán presentarse únicamente ante la Secretaría de Minería y Energía.

En el texto del proyecto se incluye una curiosa aclaración: “La modificación propuesta es producto de un consenso entre el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable dependiente del Poder Ejecutivo y el Juzgado de Minas dependiente del Poder Judicial”. Llamativamente, el documento no cuenta con ninguna firma que acredite el aval de la justicia. En cambio, abundan las declaraciones públicas de la secretaria de Minería, Romina Sassarini, dando cuenta de que el proyecto emanó directamente del ejecutivo provincial.

Al margen de la supuesta agilización de los trámites ambientales, la normativa abre una peligrosa puerta al lobby, puesto que concentra las concesiones en uno sólo de los tres poderes.

Todos alineados

Decir que las voces disidentes en el recinto legislativo hace rato que están ausentes resulta una perogrullada. Las alocuciones en torno al polémico proyecto parecían salidas de los departamentos de Relaciones Institucionales de las multinacionales. El presidente de la comisión de Minería, Lino Yonar, aseguró que con esta modificación “se busca agilizar y brindar una mayor dinámica a los procesos de aprobación con una triple finalidad que implica la desburocratización de los expedientes que se presentan en el Juzgado de Minas; acompañar la dinámica de la actividad minera actual; y establecer un control y una fiscalización más eficiente.

De esta manera brindamos una participación más preponderante a la Secretaría de Medio Ambiente, con la finalidad de preservar un desarrollo de producción minera sustentable en las regiones donde se realiza este tipo de actividades”, dijo el legislador.

Por su parte, el diputado Santiago Vargas destacó que la iniciativa “busca optimizar los procedimientos eliminando la burocracia y fomentando la actividad minera, la que consideró una actividad que aporta al desarrollo de la economía de la provincia y el país.

Es importante atender la explotación minera y sustentable para las regiones en las que se realiza estas actividades”, sostuvo.

A su turno, la diputada Azucena Salva manifestó que la realidad minera “impone una dinámica que obliga al Estado provincial y a los municipios a adoptar medidas que fomenten este tipo de actividades, destacando que es necesario continuar trabajando es pos de ese objetivo, respetando siempre el cuidado del medio ambiente a través de los controles correspondientes”.

En tanto, el diputado Roque Cornejo resaltó la importancia de acelerar los trámites burocráticos, aunque aseveró que “es necesario llevar transparencia e información a los interesados, tanto a los que realizan la explotación de los recursos mineros, el Estado y los habitantes de los diferentes puntos de la provincia en los que se realizan estas actividades”.

Por su lado, Cristina Fiore explicó que actualmente los tramites de este tipo que se realizan en el Juzgado de Minas, “no tiene ningún valor agregado en el circuito de aprobación, ya que solo son remitidos a la Secretaria de Minería y Energía, y este organismo es el que aprueba o rechaza esa petición, por lo cual, con esta iniciativa se aceleraría los trámites burocráticos. Así también, se pondrá en valor la tarea realizada por la Secretaría de Medio Ambiente”.