No existe negocio más rentable, sórdido e inexpugnable que el del Banco Macro en Salta. Gestado por el romerato con posturas privatizadoras que desguasaron lo que fuera Banco Provincial de Salta, logró acomodar siempre a Ministros de Economía que responden más a la familia Brito que a los gobernadores de turno. Esta semana Roberto Dib Ashur mostró que la inercia “macrista” sigue vigente.

El contrato que vincula al Macro con la Provincia de Salta vence en 2024, y mereció hace nueve años un tratamiento express por la Cámara de Diputados que entonces presidía Manuel Santiago Godoy. Siempre teñido de sospechas, aunque con mordaza paga para periodistas temerosos de auscultar al poder económico.

En ese Junio de 2014 la diputada, Liliana Mazzone criticó que el urtubeysmo quisiera anticipar el tratamiento del convenio que vencía en 2016. Lo impusieron con número suficiente y sin que pasara por ninguna comisión. Trataron sin reflexión y sobre tablas un convenio que afecta los bolsillos gran parte de los salteños del sector público que tienen su vida obligatoriamente bancarizada. 

La maniobra fue una reiteración de lo actuado legislativamente en 2004, anticipando la renovación cuando en realidad vencía en 2006. En la Casa de los Leones renovaron ese día un contrato “leonino” y se esperan varias sesiones más con este perfil “discreto”. 

El origen

Este hipernegocio tuvo como propulsores al Capitan Roberto Ulloa y luego al senador Juan Romero, que en enero de 1996, a menos de un mes de asumir como gobernador, decidió la privatización del Banco Provincial de Salta.

El Macro mantiene vigente un negocio que representa sólo en el precio que se paga por el convenio de agencia financiera más de 5.000 millones de pesos por año, de los 618.000 millones que se presupuestaron por total de gastos este 2023.

Por supuesto que ahí no se agota la fuente de recursos de esta entidad bancaria, que además tiene más de 100.000 cuentas de sueldos cautivas, con más una cartera de clientes que se someten a condiciones desventajosas en relación a otros bancos.

No figuran entre las ganancias del Macro lo que aprovecha con las cuentas judiciales inmovilizadas cuyos fondos maneja a discreción. Tampoco los que administra  y custodia de municipios y entes autárquicos.

Es necesario poner en evidencia que Salta integra el grupo de provincias que sigue sometida a condiciones financieras poco saludables considerando que en Santa Fe, solo por citar un ejemplo, es el banco del grupo Petersen y la familia Eskenazi el que paga cientos de millones para ser agente financiero y trabajar con las cuentas de todos los empleados públicos y de los organismos estatales.

El contrato que se encuentra vigente en Santa Fe exige al agente financiero que pague el 3,6% de la masa salarial anual durante los tres primeros años de concesión; y un 4,1% durante los dos últimos que se aproximan a $400 millones al año. Además, le quitaron el manejo de los depósitos judiciales.

Nadie, salvo Roberto Dib Ashur, sabe a ciencia cierta cuánto es el monto que se paga al Macro por comisiones vinculadas con todas las operaciones financieras que realiza la Provincia de Salta. Como antes, durante las gestiones de Juan Romero y Juan Urtubey, solamente lo supieron Fernando Yarade, Javier David, Carlos Parodi o Emiliano Estrada.

Yarade fue, es y será el operador principal de la familia Brito en Salta y ocupó cargos relevantes durante los gobiernos del romerato y urtubeystas. Los delirios de Jorge Brito por ocupar el principal sillón de la Provincia de Salta pasaron de colocar ministros a la pretensión concreta hace una década de imponer un gobernador y al “Flaco” quisieron sentarlo pero no pudieron.

No es difícil elucubrar que algunos de millones de pesos que hoy gasta en publicidad y propaganda política Emiliano Estrada, estarían siendo “donados” por el Macro para equilibrar la balanza electoral mirando al 2027, cuando Gustavo Sáenz deberá dejar Grand Bourg. 

Aunque se disimule, mucho juegan por adelantado a la sucesión y es en esta estrategia en la que parecen comulgar los intereses económicos más relevantes, aunque políticamente puedan lucir como diferentes. Romero y Urtubey tuvieron al desaparecido Jorge Brito y a Fernando Yarade como auxilio financiero. La pretensión de que Bettina Romero renueve la intendencia capitalina no es solo el trampolín para una segura postulación a gobernadora en 2027 sino otro de los reaseguros del Banco Macro para seguir como agente financiero.

Polémicas silenciadas.

En estos días, un intercambio de opiniones entre el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos y el Ministro de Economía y Servicios Públicos de la Provincia, vinculada con grandes diferencias entre las tasas de plazo fijo que otorgan el agente financiero y otros bancos privados, se diluyó sin mayor repercusión. 

Mientras el ENRESP decidió transferir los fondos a otro banco que paga las tasas que dispone el Banco Central de la República Argentina para personas jurídicas (66,5% anual), el Macro solo ofrece 50 puntos. La alevosa diferencia la trató de explicar Dib Ashur informando que es su cartera la “negociadora” más eficiente y la que podría determinar un incremento de estas condiciones usurarias para otros actores públicos, las que igualmente están muy por debajo de lo que debiera pagar el agente financiero estatal. 

El ministro Dib Ashur no mostró ninguna documentación que avale sus dichos, aunque su defensa dejó en claro que el Banco Macro continúa gravitando en las finanzas del estado provincial y que tiene operadores dentro del gran conglomerado de funcionarios públicos.