A dos años del rechazo del Senado de la Nación a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. (Andrea Sztychmasjter)
Con una diferencia de 7 votos, el Senado argentino dio su rechazo hace dos años a una ley que vendría a saldar una deuda pendiente con las mujeres. Una deuda que sigue vigente.
Ese debate que no fue propiciado ni siquiera por la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando era mandataria sirvió para develar el conservadurismo más rancio presente en la política, incluso de partidos progresistas y mostró las diferencias provinciales existentes de un símil federalismo. En Salta los 10 representantes nacionales en ambas cámaras dijeron no al proyecto. No hubo ningún/a salteño/a que defendiera los históricos pedidos del movimiento feminista. Sí hubo legisladores que defendieron los intereses de grupos cristianos y evangélicos que -como el diputado provincial Andrés Suriani- aportan mucho dinero para el lobby antiderecho. Algo que en Salta tiene mucho éxito.-
La avanzada organizada de grupos de derecha, anti derechos del colectivo LGBT+ se ha potenciado en toda Latinoamérica en el último tiempo pese a contar países vecinos con mandatarias mujeres. Y el discurso que barajan llegó a calar en la sociedad mediante diferentes campañas; conformación de partidos políticos, introducción de militantes celestes en partidos tradicionales, publicidad callejera, marchas en las principales ciudades del país y mucho dinero destinado a la reacción.
¿Legalidad 2020?
El contexto de pandemia atrasó el debate que el presidente Alberto Fernández prometió durante su campaña iba a propiciar. Prometió también que presentaría el proyecto el pasado 8 de marzo. Día internacional de las mujeres. Después dijo que el proyecto estaba listo pero…»El proyecto está terminado, está listo para ser mandado. Pero como sé que va a generarse un debate en la sociedad cuando lo mande, prefiero postergar ese debate hasta que resolvamos el debate de hoy, que es la pandemia”, dijo Alberto.
Aunque la creación de un Ministerio de las Mujeres y algunas secretarías de géneros en localidades bonaerenses pueden ser vista como un gesto político importante, a estas alturas y con el tema de la implementación de políticas de género urgentes y ya instaladas en la agenda de la sociedad y de los medios desde hace años, la voluntad de convertirse en un gobierno que verdaderamente salde esa deuda pendiente con la mujeres y personas gestantes se dará solo el día en que Argentina el aborto sea legal, seguro y gratuito en cualquier hospital.
Lo supieron durante la presentación de la fórmula presidencial hoy gobernando aunque también dejaron rastros al demostrar que la promesa no iba a ser fácil de llevar a cabo.
Mientras se posterga el tema por otra problemática de salud, las consultas a Consejerías que brindan asesoramiento e información sobre salud sexual, abortos y métodos anticonceptivos aumentaron exponencialmente en “cuarentena”. Pese a la prohibición del aborto en la legislación local, las personas gestantes recurren a esta práctica y se considera que, en la Argentina, se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año, de los cuales la mayoría son realizados clandestinamente. Las cifras también son clandestinas puesto que no hay registros oficiales que den cuenta fehacientemente de cuántas personas atraviesan abortos. Lo cierto es que los abortos son la principal causa de muerte materna y eso directamente desaparece en países en donde la práctica está considerada un tema de salud pública.
Comunicado de la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito:
A DOS AÑOS DEL 8A, ¡ABORTO CLANDESTINO NUNCA MÁS!
#ABORTOLEGAL2020
A dos años del rechazo del Senado de la Nación a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, este 7 y 8 de agosto, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, volveremos a exigir en dos jornadas federales, ¡aborto clandestino Nunca Más!
Recordamos a quienes nos representan y forman parte del Estado argentino que tras protagonizar una manifestación histórica que convocó a millones en las calles; mujeres, lesbianas, bisexuales, varones trans y personas no binaries, seguimos padeciendo las consecuencias de la criminalización del aborto al someternos a prácticas inseguras producto de la clandestinidad. Una problemática de salud pública, de justicia social y de derechos humanos que demandamos sea saldada en 2020 con la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
A LA CLANDESTINIDAD NO VOLVEMOS NUNCA MÁS
Redazo federal para denunciar las consecuencias de las obstaculizaciones, muertes y criminalizaciones desde el 8 de agosto de 2018 a esta parte en todo el territorio nacional. En Twitter, Instagram y Facebook: @CampAbortoLegal con el hashtag #AbortoLegal2020
En 2020 el Congreso debe sancionar la legalización del aborto voluntario; porque no queremos vivir más historias de injusticia ni que persista la vigilancia y el control sobre los proyectos de vida de niñas, niñes y adolescentes, que son obligades a gestar y a parir; de personas presas por eventos obstétricos ni de personas trans que en lugar de recibir atención, reciben violencia institucional.
El 28 de mayo de este año, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, cumplió 15 años de construcción de consensos políticos, redes de acompañamiento, incidencia parlamentaria y apoyo social para la generación de políticas públicas que garanticen el reconocimiento de nuestros derechos. Son conquistas que esperamos no sean ignoradas por un Congreso renovado que debe legislar por vidas dignas y por el derecho a decidir en libertad.
EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR,
ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR,
ABORTO LEGAL PARA NO MORIR
ABORTO LEGAL, UNA DEUDA DE LA DEMOCRACIA
