Los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena informaron este miércoles la detención del abogado Santiago Pedroza en el marco de una investigación por presuntas estafas vinculadas a la comercialización de terrenos inhabitables en la zona sur del área metropolitana de Salta.

La detención fue concretada en la vía pública y, según informó el Ministerio Público Fiscal, en las próximas horas se llevará adelante la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria.

La causa se inició a partir de la denuncia de una persona que aseguró haber sido engañada en la compra de un terreno ubicado a la vera del río Arias, en inmediaciones de la ciudad de Salta. Con el avance de la investigación se sumaron nuevos denunciantes y actualmente ya serían alrededor de 40 las denuncias radicadas contra el letrado.

De acuerdo a la Unidad Fiscal integrada por Ramos Ossorio y Martearena, las maniobras investigadas están relacionadas con la comercialización de lotes ajenos e inhabitables en la localidad de Atocha, dentro del municipio de San Lorenzo.

En el marco de la pesquisa, el pasado 15 de mayo se realizó un allanamiento en el estudio jurídico de Pedroza, ubicado sobre calle Córdoba de la capital salteña.

Según consta en las actuaciones, el conflicto se habría originado en 2023, luego del desalojo policial de una ocupación ilegal en terrenos cercanos al río Arias. Tras ese operativo, un abogado se habría presentado ante las familias afectadas ofreciendo asesoramiento legal y la posibilidad de acceder a terrenos.

El Ministerio Público Fiscal indicó que la presunta estafa podría haber alcanzado a unas 400 personas. Los montos abonados habrían oscilado entre los 500 mil pesos y cifras cercanas a los 8 millones de pesos por familia. Los pagos se realizaban en efectivo o mediante transferencias, tanto en domicilios particulares como en el estudio jurídico, con entrega irregular de comprobantes.

El pasado 16 de abril, un grupo de personas involucradas en esta operatoria acudió a Casa de Gobierno en busca de respuestas. Allí, funcionarios provinciales les informaron que las gestiones atribuidas al abogado no tenían sustento legal y que no existían trámites registrados ante organismos como Recursos Hídricos o Tierra y Bienes. Además, señalaron que los recursos judiciales mencionados habían sido rechazados.

Desde Tierra y Bienes también advirtieron sobre la posible existencia de una maniobra fraudulenta y recomendaron a los damnificados realizar las denuncias correspondientes.

La investigación permitió confirmar que los terrenos ofrecidos se encuentran en una zona inundable y no apta para asentamientos humanos.

Finalmente, la Unidad Fiscal convocó a todas las personas que consideren haber sido perjudicadas por maniobras similares a presentarse en la Delegación San Lorenzo del Ministerio Público Fiscal con comprobantes de pago y documentación que permita acreditar su situación.