En el norte provincial responsabilizan a empresarios agropecuarios, ingenios y productores de caña por los incendios que alcanzaron más de 4 mil hectáreas. Desde la sanción de la Ley de Bosques aumentaron los incendios forestales con fines de expansión agrícola.

Nicolás Bignante

«El 95% de los incendios se producen como consecuencia de la acción humana», divulgan hasta el cansancio las autoridades competentes en la materia. El postulado se repite como un mantra e integra desde hace tiempo el umbral mínimo de conciencia ambiental de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, el concepto genérico de «acción humana» solapa las responsabilidades específicas de los sectores que intervienen de manera activa en la destrucción del ambiente. La expansión de focos ígneos en el norte provincial y la tardía reacción oficial son un buen punto de partida para comenzar a develar los negocios que subyacen bajo las llamas que arrasaron con 4 mil hectáreas en los últimos días.

Según datos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), en lo que va del año los incendios consumieron 11 mil hectáreas en Salta, el equivalente a la mitad de la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. La extensión quemada entre enero y agosto en la provincia es el doble de lo que se quemó en todo el año pasado (5 mil has.), pero representa apenas una séptima parte de las hectáreas afectadas por el fuego en 2020 (72 mil has.), año en el que también se avanzó en desmontes ilegales. 

Quemar para sembrar

En la provincia, los incendios se concentran mayormente en el departamento Orán, aunque también se detectaron focos ígneos en San Martín y Anta. José María Pacheco, jefe del departamento de Bomberos de Orán, relató a Cuarto Poder que la situación en la zona norte de la provincia está «medianamente controlada» y que es «la misma que se está dando desde el sur de Bolivia hasta el norte de Córdoba. Hay un montón de incendios que van a ser muy difíciles de combatir y los va a terminar apagando la naturaleza cuando comiencen las lluvias dentro de un mes o un mes y medio». 

Entre los motivos por los cuales el fuego causa estragos en el norte, Pacheco incluye «al finquero que prende fuego el rastrojo porque es más barato quemarlo que pasarle el arado. El ingenio que antes quemaba la caña y dejaba que se vaya el humo al monte y a los productores que trabajan con la planta de caña, ya que es más cómodo y barato quemarla que cosecharla en verde».

En relación a estas prácticas, el bombero señaló que «es algo que se da mucho en la zona. Luego se limpia y se siembre de vuelta».

Más abajo en el ranking, Pacheco ubica a empresarios madereros y a cazadores. Sobre estos últimos, aclaró que «prenden fuego porque necesitan que crezca pasto sobre el quemado para que salgan corzuelitas».

Las explicaciones del jefe de bomberos de Orán difieren un tanto de los clásicos relatos en torno a asadores irresponsables, fogatas mal apagadas y lanzadores compulsivos de colillas de cigarrillos. A las variables anteriores, Pacheco añade la posibilidad de que muchos de los incendios que se dan en el norte tengan como fin la expansión de la frontera agrícola, puntualmente en el departamento San Martín. «Hay algunos finqueros de ruta 34 que venden la caña al ingenio y ellos si provocan incendios», agrega. 

Hacha y antorcha

Muchos de los delitos ambientales, siguiendo esta tesis, tendrían como objetivo sortear las restricciones impuestas por las leyes de ordenamiento territorial. De allí que la problemática de los incendios intencionales esté fuertemente asociada a los desmontes. 

La organización ambientalista Greenpeace elaboró en 2020 un listado de más de 300 compañías y grandes empresarios que deforestaron en el país durante los últimos 30 años, en los cuales se perdieron casi 8 millones de hectáreas de bosques nativos.

En el ranking de desmontadores seriales aparece el dueño de IRSA y uno de los más grandes desarrolladores inmobiliarios del país, Eduardo Elsztain. Su potencia desmontadora alcanzó las 120.000 hectáreas sólo en la provincia de Salta. Sus terruños dedicados a la explotación ganadera bajo la firma Cresud (Banco Hipotecario) se encuentran en el sur de Rivadavia y parte de Anta. En un cómodo segundo lugar se ubica el extinto Jorge Horacio Brito (Banco Macro/Inversora Juramento) con 50.000 hectáreas arrasadas de bosque nativo. Tiempo antes de morir, Brito compró la finca Caraguatá, que tiene 5.500 hectáreas deforestadas mediante un permiso irregular del gobierno de la provincia, ya que se encuentra en un área protegida por la Ley Nacional de Bosques. Sus corrales de engorde ubicados en el sur de la provincia se extendieron en los últimos años al ritmo de las topadoras y de la tala indiscriminada.

También aparecen varios nombres asociados a la anterior administración nacional. El primo segundo de Marcos Peña, Jaime Alejandro Braun Peña, compró unas 20 mil hectáreas, las cuales transfirió a la empresa El Yuto S.A., donde figura Mauricio Macri como principal accionista. Allí también figuran los hermanos José y Pablo Torello, ex-jefe de asesores de Presidencia y diputado, respectivamente. Dos hombres de mucha confianza del ex-mandatario. Y también figura Nicolás Caputo, el empresario más cercano a Macri. En la lista de hachadores locales aparecen figuras como Juan Carlos Romero, Facundo Urtubey y Alfredo Olmedo.

Hecha la ley…

En una investigación titulada «Incendios forestales e incentivos económicos en Argentina: Impacto de la Ley de Bosques», la economista e investigadora del INTA, Patricia Egolf, traza una línea de causalidad entre la implementación del Ordenamiento territorial y el incremento de incendios forestales intencionales.

El trabajo parte de la hipótesis de que existen incentivos económicos que pueden motivar el delito de incendios forestales intencionales si los propietarios de la tierra perciben un elevado costo de oportunidad por conservar el bosque. Para esto, la autora se vale de los postulados de Gary Becker en relación a la denominada Economía del Delito. Se pregunta, entonces: ¿aumenta el número de incendios provocados con el fin de dar uso productivo a un área restringida?

Promulgada a fines de 2007, la Ley de Bosques obligó a que cada provincia sancione una ley provincial que ordene a los bosques nativos en tres categorías de conservación: roja, amarilla y verde. Cada una de las categorías especifica las actividades que pueden realizarse en las zonas con bosques.

Siguiendo las estadísticas del SNMF se identificó un efecto significativo de incremento de incendios durante la etapa de transición (2009-2011 aproximadamente). En promedio se duplicaron los incendios en este período, pasando de 4 a 8 incendios por cada 100 mil ha de tierras forestales. No obstante, se confirma el efecto de un aumento significativo de incendios forestales únicamente en las provincias comprendidas en la principal región agrícola del país. Salta integra este grupo, según el estudio.

Si bien, el carácter intencional de un incendio es, a menudo, difícil de establecer, aumentaron drásticamente aquellos categorizados como “sin discriminar según causa”. Según Egolf, «existe una relación aproximada de 1 incendio por año cada 100.000 ha en áreas de Parques Nacionales contra 4 por año cada 100.000 ha en el resto de la superficie forestal. Esto puede ser evidencia de que la actividad humana y los incentivos económicos ejercen una importante influencia en la cantidad de incendios que ocurren en superficies forestales».

Por otro lado, durante el tiempo que se llevó a cabo la implementación inicial de la nueva medida relativa a protección ambiental, e incluso en los años posteriores a su aplicación, Argentina transitó por una fase expansiva de su frontera agrícola. 

En resumen, los principales factores que explican el aumento de incendios intencionales motivados por el lucro en Argentina durante la etapa de transición son, según el estudio: el bajo cumplimiento de las normativas en general, y de las leyes ambientales en particular (bajo costo de cometer el delito de incendio intencional y posibilidad de incidir en el OTBN), una compensación económica muy baja y prácticamente imperceptible por los propietarios de tierras forestales y atractivos precios de actividades agropecuarias. 

El panorama Nacional

En lo que va de 2022, se contabilizaron al menos 1.128 incendios en el país que afectaron a 375 mil hectáreas, según datos oficiales. Sin contar a 2022, de los 3 años anteriores, 2020 fue el año con mayor cantidad de hectáreas afectadas por incendios. La Pampa, Córdoba y Corrientes son las provincias con más superficie dañada por el fuego, si se mira el ranking anual desde 2019 hasta la fecha. En la lista, le siguen Chubut (80 mil hectáreas), San Luis (45 mil hectáreas), Santa Fe (42 mil hectáreas) y La Pampa (37 mil hectáreas).

Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe fueron protagonistas en los últimos meses de los incendios ocurridos en el Delta del Paraná. Los datos informados por las provincias y la APN fueron de 140, 2.376 y 41.511 hectáreas respectivamente; mientras que un análisis propio del SNMF arroja que, en los primeros 6 meses de 2022, se incendiaron más de 104 mil hectáreas en la zona del Delta, un número bastante mayor.