Vínculos con el poder político, magnates inmobiliarios y empresarios mencionados en los cuadernos de la obra pública, son algunos de los que conforman la lista de desmontadores que solicitaron permisos al gobierno para avanzar sobre el bosque nativo.
La organización ecologista Greenpeace dio a conocer que en lo que va del año, podrían autorizarse más desmontes que en todo el 2020. Esto deviene de analizar las convocatorias a audiencias públicas solicitadas por empresarios agrícolas y ganaderos de los departamentos San Martín, Anta, Metán y Gral Güemes. Desde la ONG advirtieron que «la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos se encuentra vencida desde 2014 y la realización de audiencias públicas con las actuales restricciones de circulación no garantiza la participación ciudadana y de las comunidades afectadas, además de resultar peligroso a nivel sanitario».
El territorio que se pretende desmontar es de 28.311 hectáreas, una superficie equivalente a una vez y media ciudad de Buenos Aires. Aquí, algunos documentos y antecedentes de las firmas que solicitaron permisos para modificar el uso del suelo.
Establecimiento Ganadero El Tunal: 13.257,24 hectáreas
La empresa propietaria del emprendimiento rural es AGRONE S.A. La misma elevó la semana pasada la solicitud de autorización de Cambio de Uso de Suelo con fines de agroganadería en una superficie de 13.257,24 ha netas a habilitar, y 14.860,86 ha de protección y reserva, inmueble matrícula N° 13.458 del Dpto. Metán.
En 2008 ya había solicitado concesión de agua pública para irrigar una superficie de 680 hectáreas con un caudal de 357 lts./seg.
El titular de la firma es el empresario vial Luis Armani, también propietario de la empresa Vialmani. Junto a la empresa Chediak fueron mencionadas por Carlos Wagner (ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción) tras hablar de la existencia de un “club de la obra pública” y lo acusó de ser uno de los que asistía a las reuniones que se realizaban en la Cámara de Empresas Viales al reparto de obras y millones, en donde se determinaban los ganadores de las licitaciones “con el compromiso de abonar para gastos y necesidades políticas”. El 1 de marzo Armani debió prestar declaración ante el juez Bonadío.
Actualmente, Vialmani participa de UTE’s para la contrucción de rutas en distintas provincias.
Establecimiento Agroganadero Chaguaral: 5.724,74 hectáreas
Los hermanos texanos Paul David Gabel y David Kent Gabe son propietarios de la empresa Quebracho Colorado, que explota Chaguaral. En 2011, la firma cobró algún grado de notoriedad cuando se descubrió que el, por entonces, Coordinador de Tierras y Bienes Patrimoniales Sergio Usandivaras había sido su apoderado. En 2007, el exfuncionario solicitó en nombre de Quebracho Colorado S.A., la habilitación de 30.962 hectáreas de suelo para la actividad ganadera. Usandivaras aclaró que se desvinculó de la empresa Quebracho Colorado cuando asumió como funcionario en el Gobierno Provincial. Pero a Usandivaras lo reemplazó su hermano que trabajaba en esa firma desde 2009.
En el año 2008 medios nacionales y provinciales se hicieron eco del desmonte que ejecutó esta empresa, con cuatro topadoras, que hicieron caso omiso de la protesta presentada por la comunidad indígena El Traslado, a la cual no se le permitió participar en el trámite previo al otorgamiento del permiso, según denunció la organización ambientalista Asociana y el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas.
La firma Quebracho Colorado, además, compró en 2007 unas 10 mil hectáreas por licitación en Tolloche. Y aunque el pliego aclaraba que la empresa debía llegar a un acuerdo con los pastajeros que explotaban áreas del predio, la empresa les ofreció 50 mil pesos para que abandonen sus lotes, cuando el valor real de las tierras ascendía a 350 mil dólares.
Finca Piedra Blanca y Totoral: 3.783 hectáreas
El establecimiento en cuestión es explotado por las firmas Agroinversora Mojotoro S.R.L. y Tranmar SRL. En cuanto a la primera, se trata de una empresa radicada en el municipio de Gral Güemes y que cuenta con antecedentes de desmontes al menos desde 2005, cuando solicitó formalmente deforestar 877 hectáreas.
Tranmar SRL, por su parte, es propiedad de Roberto Ismael Marcilese, hijo del ex-empresario Pedro Marcilese, condenado a prisión perpetua por el crimen del abogado Escalada.
El dueño de Tranmar, Roberto Marcilese había denunciado que fue extorsionado por su padre para que le entregara dos millones de dólares que supuestamente hubiesen servido para comprar funcionarios que le conmutaran la pena a prisión perpetua. Sin embargo, en 2002 la Corte de Justicia ratificó la pena para Pedro Julio Marcilese por haber contratado a un asesino para matar al abogado Miguel Eduardo Antonio de Escalada, que había trabajado para su compañía. El caso cobró relevancia nacional y puso en la mira la relación del ex-gobernador Juan Carlos Romero con grupos mafiosos.
Establecimiento Agroganadero Cresud: 3.383,45 hectáreas
La firma pertenece al dueño de IRSA y uno de los más grandes desarrolladores inmobiliarios del país, Eduardo Elsztain. Su potencia desmontadora alcanzó las 120.000 hectáreas sólo en la provincia de Salta. Sus terrunios dedicados a la explotación ganadera bajo la firma Cresud (Banco Hipotecario) se encuentran en el sur de Rivadavia y parte de Anta. En 2020, Greenpeace incluyó al magnate en el ránking de los mayores desmontadores del país junto al fallecido Jorge Britos y otros hachadores locales como Alfredo Olmedo y Juan Carlos Romero.
Finca San Isidro: 1.029 hectáreas
Finca San Isidro pertenece a la firma EMAISA S.A., que a su vez es una de las propietarias del Ingenio San Isidro. La noticia sobre el pretendido cambio en el uso de suelo despertó las alertas, no sólo en los sectores ambientalistas, sino también entre los trabajadores del ingenio.
Según se publicó en el Boletín Oficial, ante el organismo provincial la empresa solicitó la autorización de cambio de uso de suelo con fines de agricultura en una superficie de 1.029 hectáreas netas a habilitar y 729 de protección y reserva en Finca San Isidro de la localidad de Campo Santo.
En 2018, varios empleados del ingenio fueron desvinculados tras el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que abrió el Grupo Gloria al momento de retirarse del negocio azucarero y del país. No son pocos los trabajadores y delegados que temen nuevos despidos ante una posible reconversión de actividades.
Finca Los Colorados: 662 hectáreas
En el departamento de Anta, Finca Los Colorados es explotada por la firma BABA SRL, sigla que resume los apellidos de sus socios: Sergio Antonio Barzola y Luis María Barzola. Ambos son también dueños de la firma ATLAS SRL. En 2016 ya habían solicitado el cambio de Uso de Suelo con fines de ganadería en una superficie de 662 ha netas a habilitar, y 291 ha de protección y reserva, en finca Los Colorados, ubicada en el inmueble identificado por la matrícula Nº 4319 del Dpto. Anta.
Según los datos publicados en perfiles profesionales, la empresa se dedica a: Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos, propios o arrendados.
A la lista de desmontadores la completa Finca El Molino, de propiedad del empresario Ganadero Eduardo Agustín Llorente. La solicitud oficial es por 472,34 hectáreas destinadas a la actividad ganadera en Campo El Refugio.
