El principio de la victoria electoral y cultural de Javier Milei fue la construcción del sufrimiento y el sacrificio como camino al éxito. No es casual que una provincia tan religiosa como la salteña haya colaborado a la victoria del libertario.
Más de un docente en la provincia de Salta debe estar arrepentido de haber votado al actual presidente. La motosierra alcanzó al incentivo docente y profundiza la crisis buscando declarar a la educación como un servicio esencial. Esto significa reconocerla como una prioridad y un servicio público fundamental. Esta propuesta implica que la educación de nivel inicial, primaria y secundaria se consideran esenciales para el funcionamiento del país.
El Gobierno busca limitar el derecho a huelga en el sector educativo permitiendo exigir una prestación mínima durante los días de paro docente. Esta decisión ha generado un profundo rechazo y preocupación en diversos sectores como SADOP, AMET, CTERA y APUNSA. Algunos consideran que estás declaraciones afectan la inversión en educación y los salarios docentes, debido a que diezma las fuerzas de negociación de cualquier sector y genera condiciones para un fácil reemplazo de “mano de obra” docente.
El gobierno argumenta que la inclusión de la educación como servicio esencial busca asegurar la permanencia de los estudiantes en las aulas y evitar interrupciones en el sistema educativo. Algo así como las famosas conciliaciones obligatorias a los colectivos. Medidas paliativas que no resuelven los problemas de fondo y generan más conflicto entre el gobierno nacional, provincial y los docentes salteños.
Algo que nunca debió existir
La historia del incentivo docente como suplemento a los salarios de la educación en la República Argentina se remonta a la década de 70, cuando el gobierno de facto de las tres fuerzas inició un camino de desmantelamiento del Estado. Se trataba de una plataforma política y económica que ejecutaba Martínez de Hoz por órdenes de la embajada de EEUU.
Hacia la década de los 90, cuando el gobierno nacional prometió implementar políticas para mejorar la calidad de la educación y el bienestar de los docentes, el espíritu “transformador” era cargar sobre las economías provinciales los costos de sus escuelas. De esta forma, en tiempo récord el ministerio de educación de la nación se desprendió de todas sus obligaciones con las instituciones primarias y secundarias, obligando a las provincias a sostener con recursos propios y ajenos sus sistemas educativos.
Cómo correlato, las provincias más pobres sumaron un problema más a sus ya complicadas situaciones fiscales. Y es que las transferencias de obligaciones sin los recursos necesarios era básicamente cargarle el ajuste a las provincias como la nuestra, que está entre las más pobres del país.
Argentina tuvo que sufrir una explosión política social y económica para cambiar su rumbo. La transición se llamó Duhalde y significó entre otras cosas un 2002, que vio nacer al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), creado como un apoyo económico que el Ejecutivo Nacional giraba a las provincias para mejorar los salarios de los docentes y mejorar la calidad de la educación.
En 2022, el gobierno de Alberto Fernandez incrementó el Salario Mínimo Nacional Docente Garantizado (SMNDG) y el FONID, lo que significó un aumento en los salarios de los docentes, dejando a provincias como Salta con buenos salarios docentes, aunque aún así no alcanzaban. Sin embargo, dos años después y con presidente nuevo la cancelación del FONID tensa la relación con los gremios, avizorando muchos conflictos hasta 2027 y una pérdida de poder político, paritarias de miseria y crecimiento de propuestas del sector privado para suplir las carencias que deje el sector público.
El incentivo docente como concepto es una muestra de la precariedad de las discusiones en la política argentina, y aunque fuera formalizado por ley, conceptualmente no debería existir una herramienta que se maneja tan discrecionalmente y que depende de la voluntad política de un ejecutivo para su distribución. En última instancia el sostenimiento de tal incentivo fue una de las batallas perdidas por los gremios y sindicatos que no lograron regularizar sus salarios, y de provincias sin poder que no pudieron reclamar por su digno derecho a administrar los recursos necesarios para garantizar sueldos dignos y sistemas educativos fuertes y sostenibles.
Contracorriente
Javier Milei, tras asumir la presidencia viene ejecutando una serie de recortes sobre gran parte del poder de fuego del Estado. Desde diciembre de 2023 estos recortes han sido parte de su estrategia económica para abordar la crisis del país, una crisis que hasta nuestros días no ha hecho más que profundizarse. Antes de asumir ya había anunciado el 2 de diciembre que una de las principales banderas de política económica era el ajuste fiscal, que incluía recortes presupuestarios inmediatos sobre “la casta”.
El 10 de diciembre anunció un recorte de 20.000 millones en el sector público, con el objetivo de enfrentar la hiperinflación y reconstruir la economía argentina. Proyectó una inflación contenida del 15.000% y se dedicó a culpar a los gobiernos de los últimos 100 años por el descalabro macroeconómico. El 13 de diciembre Caputo presentó las primeras medidas económicas, que incluyeron una fuerte devaluación del peso (de $ 350 a $ 800), recortes inmediatos en subsidios y gasto público, así como la reducción de cargos jerárquicos y políticos del Estado, esto último de muy dudosa concreción.
En febrero de 2024 informó que los recortes presupuestarios implementados generaron un superávit financiero en enero, a costa del ajuste en áreas como jubilaciones, recursos para las provincias, pauta oficial, obra pública y presupuesto para las universidades. Estos recortes han sido parte fundamental de la gestión económica de Milei, buscando estabilizar las variables macroeconómicas y lograr un equilibrio fiscal en Argentina.
La desadministración de Milei ha marcado un cambio radical en la política económica argentina a través de una serie de recortes profundos y decisiones financieras bajo el modelo FMI que rankearon a la provincia de Salta como la segunda más afectada. Analistas de todas las líneas partidarias e ideológicas catalogan como el recorte más importante de los últimos 50 años, sobre todo en áreas centrales como la educación.
La motosierra vino no solo a achicar el estado nacional y salteño, sino también a mostrar a cielo abierto las discusiones más encarnizadas entre un Sáenz y un Milei, como si el propio Milei no necesitara de la gobernabilidad que pueden proveer los gobernadores. Hay una clara intención de demonizar a las provincias, y sobre todo a las opositoras, para continuar librando la batalla cultural entre el recorte como religión y un estado de bienestar interesado en la educación como impulsora de la movilidad social.
