Una familia campesina de San Carlos que habita un inmueble desde el S. XIX resiste al intento de desalojo propugnado por particulares que buscan instalar viñedos en la zona. Denuncian que detrás de la maniobra estarían el candidato a gobernador, Miguel Nanni y su hermano Ernesto, que disputará la intendencia de Cafayate.
Julia López y su esposo Guillermo viven una auténtica pesadilla desde que la jueza de Cafayate, Virginia Toranzos, dio lugar al planteo de un particular que reclama la titularidad del inmueble que habitan. Desde entonces, aseguran haber sufrido amenazas con armas y presiones para desalojar el lugar donde crían animales para subsistir. Sin embargo, el conflicto por la enorme extensión de tierra que habitan data de muchos años, al igual que sus denuncias por hostigamiento y malos tratos.
La sentencia se dio en febrero de este año a pesar de que dicen no haber sido notificados en ningún momento para comparecer ante la magistrada. El proceso se desarrolló en medio de la pandemia cuando regían limitaciones a la circulación y buena parte de los juzgados estaban cerrados. Ahora buscan ser escuchados en una instancia de apelación.
Quien llevó la disputa a la justicia es Eduardo Luis Serrano, un hombre que -aseguran- llegó al pueblo durante la pandemia y vivió durante un tiempo en un modesto hostal del centro. Pero por esas cosas de la fortuna devino repentinamente en empresario vitivinícola, ampliando sus plantaciones de vid, al igual que sus terruños.
Tanto Serrano, como Julia López cuentan con cédulas parcelarias que acreditarían la titularidad del inmueble que tiene una extensión de 1538 hectáreas, pero con una particularidad: La de López data del año 1869. Dentro del enorme terreno que habitaron sus ancestros por generaciones, hoy Julia y su esposo cuentan apenas con una casilla y un corral de cabras. Sus plantaciones fueron arrasadas, al igual que buena parte de sus animales. Actualmente, la mayoría de la superficie está cubierta por viñedos.
Entre los que comparecieron ante la justicia en apoyo a Serrano figura nada menos que Miguel Nanni, actual candidato a gobernador por el frente Juntos por el Cambio, quien junto a su hermano Ernesto, formaron parte de los inicios de la disputa.
En retrospectiva
Para comprender el origen del conflicto es necesario conocer una parte de la historia de Finca Buena Vista, ubicada a un lado de la ruta 40 que atraviesa el pueblo de San Carlos. Los hermanos Miguel y Ernesto Nanni heredaron dicho terreno de sus antecesores y tiempo más tarde lo vendieron a un empresario europeo. El lugar pasó a llamarse “La Vaca Tranquila”, pero el nombre “Finca Buena Vista” siguió utilizándose como referencia por los habitantes locales.
El terreno que habita Julia López se encuentra del otro lado de la ruta y, según relató, los hermanos Nanni trasladaron el nombre de su antigua finca al inmueble, apropiándose irregularmente del mismo. Más tarde vendrían las operaciones de venta que abrirían el lugar al ingreso de Serrano. La mayor parte de la tierra quedó formalmente en sus manos, aunque son muchos los que sugieren que, en los hechos, siguen siendo parte del patrimonio de Ernesto Nanni.
En la cédula parcelaria presentada como prueba ante la jueza Toranzos, Ernesto aparece como titular del terreno como producto de una donación efectuada en el año 2002. Entre los compradores que figuran más adelante aparece el nombre del fiscal Ramiro Ramos Ossorio, quien se hizo de un porcentaje del inmueble cercano al 6%. En paralelo, según relatan los denunciantes, fueron apareciendo otros inversores interesados en el terreno, como Enrique Eskenazi. El megaempresario habría ventilado sus intenciones de instalar en el lugar unos 36 mil paneles solares.
A todo esto, la intendencia a cargo de Héctor “Rulo” Vargas sólo habría demostrado su respaldo a Serrano y los hermanos Nanni. De hecho, el visado de planos presentado por Serrano en la justicia lleva la firma del secretario de Obras Públicas de San Carlos, Hector Mamaní. ¿Connivencia?
El testimonio
Las amenazas contra Julia López comenzaron tres años atrás, luego del fallecimiento de su madre Carmen. Serrano solía ingresar al terreno a bordo de un móvil de la policía o viceversa, los oficiales entraban a bordo de su camioneta particular. Constantemente la presionaban para que firme su propio desalojo, pero ella se negaba. Les decían que el terreno estaba comprado y que iban a voltear su casa. Que la compra del terreno se había hecho por internet. Que era “una negra, una india, una esclava”. En más de una ocasión, relata, le ofrecieron dinero para que se retire, pero no lo aceptó.
Hasta la llegada de Serrano, Julia y su familia vivían del pastoreo y de sus modestas plantaciones de vid, durazno, damasco, ciruela y pera. Todas ellas fueron arrasadas por las máquinas. “Mis abuelos jamás fueron a pedir a la municipalidad, ellos hacían su cosecha y cambiaban en el pueblo por aceite, azúcar y otra mercadería. El ganado que teníamos, las ovejas, las cabras, lo carneaba y lo cambiaba por mercadería”, relató a Cuarto Poder.
“Los 40 cabritos que teníamos fueron envenenados. Estaban comiendo y de repente se morían. Parece que se iban a despedir de mi mamá y se morían. Por ese motivo mi mamá empezó a decaer y a enfermarse. No podíamos tener perros porque les cortaban las orejas al igual que a los chanchos”, lamentó.
Como si el calvario no fuera suficiente les cortaron el agua. Serrano, además, le prohibió a la municipalidad de San Carlos llevar agua hasta la casilla de Julia. Una de las situaciones más dramáticas relacionadas con este hecho la vivió su hermano un día que acarreaba agua en bicicleta. Según sostiene Julia, Serrano intentó atropellarlo en su camioneta. Por el hecho hay una denuncia radicada en la comisaría local.
Otro de los hechos denunciados por López se dio un día a la salida de misa, cuando ella y su madre advirtieron que varias personas las perseguían en moto. “Le dije ‘mamá empecemos a correr’, le dije que se saque el tapado y la empujé hacia la acequia. Le dije ‘quedate acá que voy a volver por vos’. Ella me dijo que no, que me iban a matar. Empecé a correr por todo el campo hasta que los perdí. Luego, a las dos horas, volví a buscar a mi mamá. Fueron alrededor de 2 kilómetros y medio”.
Como puede apreciarse, el objetivo era asfixiarlos, quitarles las ganas de vivir para que por su cuenta abandonen el terreno. Carmen, la madre de Julia, falleció el 24 de mayo de 2020 y desde ese día prometió no bajar los brazos. “Yo nací en esa casa, tengo 53 años, ¿Por qué me tengo que ir? ¿Por qué esa mezquindad hacia nosotros?, ¿Porque no tenemos plata? Ellos me quitaron lo más sagrado, mis padres”, remató.
La jueza y “el sapo”
La jueza que falló a favor de los intereses de Nanni y Serrano sin permitir que la familia López ejerza su derecho a la defensa es María Virginia Toranzos. Actualmente ejerce como titular del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Personas y Familia, y de Garantías del Distrito Judicial Centro Cafayate.
Su apellido la liga por ascendencia a uno de los personajes más siniestros de la historia reciente de Salta, el policía Arturo Ignacio “Sapo” Toranzos.
El fallecido represor fue acusado de torturar y ejecutar a mlitantes montoneros luego de la toma de la finca de Ampascachi, ocurrida el 23 de octubre de 1972. Durante la década de los 70’s supo integrar la conocida “banda de los comisarios”, junto a otros represores como Joaquín Guill y el federal Enrique Trovatto.
Un fallo reciente de la justicia federal afirmó que el accionar represivo ilegal en Salta, con las características de un ataque a la población civil, se desplegó desde 1972 gracias a la actuación de figuras como la de Toranzos.
