La actividad ilegal de redeadores en el Embalse ubicado sobre la ruta nacional 68, se convirtió en un negocio multimillonario con varios años de práctica y que salpica a funcionarios, miembros de las fuerzas de seguridad y grandes empresarios hoteleros y gastronómicos. A pesar de ello, parece que los perejiles manejan el negocio.
Se conoció que una simple inspectora de la Secretaría de Ambiente, una empleada contratada bajo condiciones precarias, que cobra un sueldo de 14 mil pesos, fue la única imputada por la comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de autora y en concurso ideal. Mientras, el oficio continúa favoreciendo con total impunidad los negocios de una pequeña parte de la población salteña.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Penal de Cerrillo, con la intervención del fiscal Gabriel Portal. Para llegar a la imputación, la Fiscalía contó con informes de la División Lacustre y Fluvial y de la Jefatura Policial de la Dirección General de Seguridad de la Policía de la Provincia y otro, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Se sumaron distintas declaraciones testimoniales, entre ellas, la de un efectivo policial que afirmó que la mujer fue demorada en años anteriores por hechos de pesca furtiva. Otras personas testimoniaron sobre el accionar de la funcionaria y la acusaron de “beneficiar a ciertos grupos de redeadores y que incluso el hijo de la mujer, redeaba”.
Parece no sorprender que una empleada precarizada lleve adelante un acaudalado negocio que requiere extraer 170 toneladas de pejerreyes para generar una jugosa ganancia de 80 millones de pesos, sin complicidad de las fuerzas de seguridad y funcionarios con más poder.
¿Y los peces gordos?
Una punta del ovillo para ir desenrollando el tema quedó de manifiesto en una nota del diario de mayor tirada publicada el año pasado donde mediante testimonios salpicaron de manera cuidada a los dueños de restaurantes y hoteles de la zona pero sin dar nombre ni detalles.
«A mí un empresario me ofreció filetear los pejerreyes a un costo que no me convenía. Todavía quería que vaya a trabajar a su hotel y a toda hora», contó una fuente según El Tribuno.
Las sospechas se centran sobre el organismo oficial ya que cuando aparecen redes de hasta alrededor de 500 metros al ser incautadas, van a parar a dependencias de Ambiente. Las mismas redes, después aparecerían en el dique siendo vendidas a los mismos redeadores.
En tanto, las fuerzas de seguridad siguen quedando fuera de sospecha. De hecho el comisario a cargo de la dependencia de Coronel Moldes fue removido por la cúpula de la Policía de la provincia en agosto pasado.