Liliana Loeza asegura que el lunes se encadenará en la puerta del CCM. Motivos le sobran: ya le retuvieron dos meses de sueldo y le sacaron adicionales. Por algún motivo el bettinismo se metió en una interna gremial.
Liliana Loeza atraviesa un infierno: desde que denunció a la secretaria gremial de ATE, ella, como delegada, empezó a sufrir una persecución. Es una persecución doble: por un lado, de la cabeza del gremio; por otro, de la misma intendenta Bettina Romero.
Liliana señaló a CUARTO PODER que el lunes iniciará una huelga de hambre. Dijo que piensa encadenarse en la misma puerta del CCM porque ya le retuvieron dos sueldos y le quitaron los adicionales, que le correspondían. Incluso le dieron de baja en la obra social.
Lo que no entiende Liliana es por qué Bettina Romero toma una parte en su disputa. O quizá sí lo entiende: es una forma fácil de deshacerse de una persona que no le rendía pleitesía.
«La secretaria general presenta a una nota, la primera tiene el número de expediente 37 079. En esa nota ella pide la desafectación al sindicato. Yo me acerqué a la municipalidad para pedir el expediente porque para ver una desafectación tiene que haber una expulsión… esa expulsión no existe: solamente hay una nota de la Secretaria General y el expediente corrió vista por distintos sectores de la Municipalidad en donde no hay un dictamen», contó.
Añadió que el mes pasado fue recibida por el abogado de la Muni Javier Guil. Le preguntó por qué le hacían eso si ella aún tiene la tutela y no fue expulsada del sindicado y además sigue trabajando para la Municipalidad.
El letrado no la ayudó mucho. Se lavó las manos y prácticamente le dijo que vaya a arreglar con la Secretaria General de ATE.
Un largo historial de arremeter contra los trabajadores
CUARTO PODER viene recopilando, desde hace un tiempo, cada ataque de la gestión Romero a los trabajadores. No son casos aislados: cada vez que alguien se queja, hay garrote; si alguien disiente, hay garrote, si alguien no se pone de rodillas, entonces hay garrote. No son casos aislados. Son muchos y dan cuenta de un modus operandi: la humillación, como herramienta de gestión; la persecución, como castigo; el miedo, como aliado fundamental de la impunidad. Esto sucede en la Municipalidad de Salta. Y es moneda corriente.
Espacios públicos
Gastón Galván cometió el error de denunciar un hecho de corrupción. Vio a su jefe Lucas Giangreco sustrayendo parte de los decomisos de mercadería ilegal. Lucas, con las manos en la bolsa, intentó tentar a Galván. Como dijo que no, empezó a perseguirlo. El inspector dependiente de la Dirección de Espacios Públicos de la Municipalidad de Salta denunció ante el procurador adjunto Ramiro Ángulo a su superior Lucas Giangreco y a la inspectora Rosa Farfán, acusando que los mismos sustraen mercadería incautada a vendedores ambulantes. Por supuesto que a Lucas Giangreco. Es más, se sabe tan impune que recrudeció su persecución. Galván, ingenuo, fue a hablar con Susana Pontussi. Por supuesto que Pontussi no hizo nada. Al día siguiente, Giangreco lo insultó. Usó como insultos las palabras «negro», «albañil» y «pobre». La persecución se exacerbó.
La Chávez Díaz
Otro caso del que ya hemos dado cuenta tiene como víctima a la trabajadora y delegada gremial Jessica Zelaya. La mujer denunció que Josefina Chávez Díaz enfureció cuando Zelaya participó de las asambleas sindicales en agosto. La funcionaria, en represalia, la insultó y en reprimenda la denunció por no cumplir sus tareas laborales.
Zelaya trabajaba en la Secretaría de Deportes y Juventud, y presentó la denuncia de manera interna en la Municipalidad luego de que Chávez Díaz la hiciera llamar tras haber participado en la asamblea del frente intergremial donde los sindicatos estaban evaluando medidas de fuerza ante el conflicto salarial que mantenían con el ejecutivo.
“Uh, esta pendeja de mierda”, dijo Chávez Díaz cuando Zelaya entró a su despacho. Todo quedó grabado por la trabajadora, que había previsto que habría un momento tenso, aunque nunca imaginó que la iban a insultar ni sancionar.
Nallar, Nallar, a sancionar
Pero ningún caso es tan escandaloso como el que involucra a Daniel Nallar. En 2021, la exempleada municipal Roxana Padilla denunció por violencia de género y maltrato al secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad, Daniel Nallar y sostuvo que se realizó una persecución por pertenecer a un gremio. El abogado José Ortín Fernández, representante de Padilla, señaló que su asistida trabajó muchos años en la Subsecretaría de Tránsito y en 2020 fue cabecilla de una manifestación ya que querían quitarles facultades a los agentes. Como consecuencia, se dispuso la cesantía de la mujer. Sin embargo, se necesitaba la intervención de un juez laboral para levantar el fuero gremial, esto nunca se realizó y la Municipalidad hizo efectiva la cesantía.
Roxana Padilla trabajaba en planta permanente de la Municipalidad capitalina desde hace 14 años. Como no tenía depositado su sueldo, fue al CCM a buscar una explicación y el asesor Daniel Nallar no solo le dijo que estaba despedida. Denunció esta situación porque estaba cursando el octavo mes de embarazo.
