A poco de comenzar a andar, el equipo que la propia Bettina Romero definió esta semana como “gabinete de lujo” comenzó a pistonear. El flamante titular de Movilidad Ciudadana, el comisario (RE) Gilberto Pereyra, probablemente tenga cuestionamientos al caer desde entidades civiles.
En este armado del gabinete que la propia alcaldesa Romero recordó que para definirlo “trabajamos juntos con distintos sectores”, al parecer no fueron consultados los de estos sectores de las ONG. Sucede que Pereyra volvió a la luz pública, luego de haber protagonizado en junio de 2007 la represión en el asentamiento San Expedito, cuando era jefe policial de Romero padre, Juan Carlos, el ex gobernador hasta diciembre de aquel año.
A mitad de ese año, 165 familias asentadas precariamente en esta zona semirural fueron reprimidas, mientras negociaban dichos términos con el por entonces ministro de Gobierno, Víctor Manuel Brizuela. Mientras el escribano hablaba con los vecinos, el Jefe de la Policía, hoy subdirector de Movilidad Ciudadana, entraba a puro palazos y balas de goma, según las crónicas de la época en la que se consignaba que no contaba con orden judicial para tal actuación (precisión dada al periodismo por el juez Marcelo Torres Gálvez).
Doce años atrás.
Los retratos que se obtienen en retrospectiva, destacan a dos jóvenes izando protestas enérgicas por dicho accionar a cargo de Pereyra y, más que él, al régimen romerista, el que ya había pasado “a la inmortalidad” con la represión a docentes dos años antes. El actual Secretario General de la Gobernación, Matías Posadas, junto a la Juventud Radical que integraban en aquel entonces envió su “enérgico repudio y rechazo al violento e ilegal desalojo ordenado por el Secretario de Seguridad, Gustavo Ferraris, en Barrio San Expedito”. Ferraris es actual titular de la Auditoría General de la Provincia, luego de su paso por la Corte de Justicia de Salta.
En tanto, el sector de la UCR disidente, liderado por Matías Assennato, cuestionó esta represión y a quienes “desalojaron, destruyendo sus pocos bienes, a 160 familias, constituidas por mujeres embarazadas, niños, ancianos, los cuales resultaron lesionados tanto física como psicológicamente”.
