La Municipalidad de Salta anunció la revocación del cargo de Coordinador General de Administración en el Tribunal Administrativo de Faltas, que ostentaba Raúl Alberto Córdoba. La medida fue oficializada mediante el Decreto No 0280, emitido por la Secretaría Legal y Técnica.
La designación de Raúl Córdoba, llevada a cabo por el Decreto N° 0257/23, fue dejada sin efecto como parte de una reorganización administrativa impulsada por el actual Gobierno Municipal. Este movimiento se ajusta a las facultades del Departamento Ejecutivo Municipal, según lo establecido en el artículo 35 de la Carta Municipal, que le confiere la potestad de nombrar y remover funcionarios y empleados de la administración a su cargo.
El Decreto No 0280, publicado en el Boletín Oficial Municipal No 2.597, lleva la firma del actual Intendente de la Municipalidad de Salta, Emiliano Durand.
Con la salida de Córdoba, se anuncio también su reemplazo en el cargo, por el abogado Ignacio Federico Borelli.
La noticia adquiere relevancia debido al momento en que se realizó la designación de Córdoba, ocurrida a pocos días de que la intendenta saliente, Bettina Romero, debiera abandonar el municipio. Este hecho generó interrogantes éticos y políticos, ya que la designación apuntaba a un cargo político de confianza.
Raúl Córdoba, en su trayectoria política, ha sido objeto de críticas al cambiar su afiliación partidaria y alinearse con la gestión de Bettina Romero, abandonando su posición original de oposición, dentro del radicalismo salteño. Este cambio de lealtades le otorgó a Córdoba, el beneficio de asegurarse un lugar en la Municipalidad luego de no lograr renovar su mandato como concejal, desempeñándose a cargo de los cursos de educación vial en las escuelas y yéndose sin poder materializar su bandera legislativa que era la implementación de una Escuela de Conducción.
El intento del converso soldado de Bettina Romero de afincarse en el Tribunal de Faltas, no es un hecho aislado, sino que recuerda la frustrada maniobra que tuvo lugar cuando la entonces intendenta intentó dejar en el cargo de auditor del Tribunal de Cuentas a su tío, el contador Daniel Amador.
Estas maniobras, se insertan en un patrón de comportamiento de la clase política que busca resguardar sus intereses y perpetuar su presencia en la administración pública. La ciudadanía, cada vez más crítica y desconfiada de estas prácticas, observa con atención estos movimientos y en las recientes elecciones ha manifestado su rechazo a estas practicas viciosas.
