La decisión de la intendenta Bettina Romero de designar a Raúl Córdoba como Coordinador General del Tribunal Administrativo de Faltas a pocos días de dejar su cargo ha generado controversia y plantea interrogantes éticos y políticos.
La designación de personal en los últimos días de un mandato, conocida como ‘nombramiento a último momento’, a menudo suscita escepticismo y plantea interrogantes éticos. La cuestión central es si esta decisión responde a necesidades legítimas de la gestión, y la respuesta parece evidente: no, solo que Raúl Córdoba ha demostrado habilidad a la hora de ubicarse estratégicamente para seguir siendo parte del aparato estatal.
Iniciando su trayectoria como concejal radical, Córdoba tomó un rumbo inesperado al distanciarse del partido que lo respaldaba, alineándose con la gestión de Bettina Romero, una posición opuesta a la postura de la UCR de oposición. Este cambio de lealtades le otorgó el beneficio de asegurarse un lugar en la Municipalidad luego de no lograr renovar su mandato como concejal, desempeñándose a cargo de cursos de educación vial en las escuelas y sin poder materializar su bandera legislativa que era la implementación de una Escuela de Conducción.
Ahora, el funcionario ha logrado lo que muchos en la planta política hubieran deseado: que la intendenta le garantice su continuidad laboral a expensas del Estado.
La designación ha despertado polémica entre los equipos técnicos que trabajan en la transición por la falta de consenso, aumentando el clima de desconfianza.
La relevancia del cargo designado, Coordinador General del Tribunal Administrativo de Faltas, agrava la situación. Este cargo tiene una gran importancia política, e implica manejar recursos y tomar decisiones administrativas. La designación de una persona en este rol crucial en los últimos días del mandato plantea interrogantes sobre las motivaciones detrás de la elección y si Bettina Romero busca mantener sus influencias en áreas específicas del gobierno municipal. Ya hubo un antecedente cuando intentó acomodar a su tío y Secretario de Hacienda Daniel Amador, en el Tribunal de Cuentas, pero los concejales se lo negaron.
En definitiva, la designación de Raúl Córdoba plantea importantes cuestionamientos éticos y prácticos. La falta de transparencia y el intento de dejar algunos de sus alfiles son un regalito para la próxima gestión, que enfrentará el desafío de gestionar esta situación y, posiblemente, revertir la designación, lo que podría generar tensiones adicionales.
