Hace unos días en el senado no se pudo debatir una polémica ley donde se busca que los alimentos que superen los niveles permitidos por la OPS de grasa, sodio, azúcar y calorías, contengan una etiqueta que advierte e informa a los consumidores. El objetivo es «prevenir la malnutrición de la población». (Guadalupe Macedo)

En Argentina según la última encuesta de Factores de Riesgo del INDEC que se realizó en el año 2018 el 61% de la población en el país tiene exceso de peso de los cuales el 36,2% tiene sobrepeso y el 25,4% obesidad. Estos datos son alarmantes porque fueron tomados en momentos posteriores a la pandemia del coronavirus que generó que estos índices aumentarán. Una causa de esto fue la falta de actividad física de las personas en el tiempo de confinamiento y la mala alimentación que existe en la población argentina.

La ley de Promoción de Alimentación Saludable busca prevenir la malnutrición a través de la exhibición de alertas por medio de etiquetas sobre los niveles de grasas totales, grasas saturadas, altos niveles de azúcares en los alimentos y bebidas. La iniciativa tiene media sanción por parte del senado y debe ser tratada en cámara de diputados donde en la última sección no dio el quórum para su debate. Busca que las personas tengan información clara sobre lo que contiene cada preparación. La ley puede ser tratada hasta noviembre de 2021 si no pierde carácter parlamentario.

Cuando excedan los límites fijados por la Organización Panamericana de la Salud, los alimentos deberán «contener una etiqueta octogonal negra, con borde y letras de color blanco donde se advierta sobre los excesos de nutrientes críticos» establece el proyecto de ley. Los alimentos y bebidas analcohólicas envasados y comercializados en la Argentina deben colocar leyendas como “Exceso en azúcares”, “Exceso en sodio”, “Exceso en grasas saturadas”, “Exceso en grasas totales”, y/o “Exceso en calorías”. Las etiquetas no deberán ser inferior al 5% del envase y no deben ser tapados por ningún elemento. Deben ser lo más claro y legible posible.

Muchas empresas que se dedican a la elaboración de alimentos se negaron a la aprobación de esta ley. «A los monopolios de la industria alimenticia de ultra procesados lo único que les interesa es acrecentar sus ganancias, incluso a costa de la salud de nuestro pueblo, pero el derecho a la salud está por encima de la ganancia de cualquier empresa» expresó la diputada Verónica Caliva, una de las propulsoras del proyecto.

Una de los principales opositores al proyecto es la Cámara de Comercio de EE. UU. en Argentina, (AmCham) quien advirtió a través de un comunicado que la ley traerá “obstáculos al comercio y la producción”. Según la AmCaham, se está tratando de poner traba a la venta y comercialización de productos internacionales, “hay una simplificación en la cual se busca el no consumo de ciertos alimentos, dejando de lado la posibilidad de educar en torno a la temática en cuestión”. Pero desde la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) emitió este año un comunicado en el que asegura que “los modelos aislados que preconizan la demonización de los alimentos, lejos de cumplir sus objetivos constituirán un daño en los consumidores al proporcionar información incorrecta”.

Otro crítico del proyecto fue el Centro de la Industria Lechera (CIL) quien señaló que esta nueva ley traería consecuencia negativa a la producción y venta porque colocaría a los productos de elaboración nacional ‘’en inferioridad de condiciones respecto de los otros países, ya que un mismo producto lácteo en la Argentina llevaría dos sellos y en Brasil ninguno”.

En una entrevista con el programa “Sapo de otro pozo” la diputada Caliva advirtió,  “en vez de cuidar la salud de la población argentina, que es el único fin de esta ley, están cuidando los intereses de algunos grupos concentrados que dicen que esta ley va a ir en detrimento de las ganancias y de las ventas o que se va a disminuir el consumo. Y en realidad la ley no va a tener ningún impacto negativo en ninguna industria. Todo lo contrario: lo único que va a llevar es información a los consumidores, a las familias, a las madres y padres para ver qué productos llevan a la mesa o ingieren nuestros chicos”.

Leyes similares a las propuestas fueron aprobadas en países como Chile en el año 2016, Uruguay en el 208, Perú en el 209 y México en el 2020. Desde UNICEF, quien analizó la aplicación de la ley en su país afirmó que su implementación llevó a que el 18% de los consumidores no compraran productos que tenían etiqueta y un 23% eligió opciones similares que no contenían las etiquetas. Demostró que disminuye el consumo de productos de alto niveles de grasas nocivas para la salud. La iniciativa es apoyada por actores locales que buscan la alimentación saludable y organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), UNICEF y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Estos organismos presentaron un documento donde afirmaron que la sanción de la ley: «es un paso sustantivo y ejemplar en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en la mejora de la alimentación y en la salud pública».

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