Hay historias que merecen ser contadas en detalle. Esta es una de esas. Ahí vamos entonces con los antecedentes de lo que fue “la rebelión de los Uriburu”, lo que muchos toman como “la farsa de los Uriburu” y dicen que ese título es más adecuado.

El 8 de mayo de 1864 José Uriburu se proclamó gobernador de Salta con el apoyo de un batallón del Ejército recién creado y tropas de la Guardia Nacional. Para ello, simuló una rebelión en la que había apresado al gobernador saliente, su tío Juan Nepomuceno Uriburu. Al día siguiente, los rebeldes clausuraron la Legislatura por cuyo motivo su presidente, Segundo Bedoya, citó a los diputados para sesionar en su casa particular. Ante la certeza de que rechazarían su pronunciamiento, José Uriburu mandó encarcelar a todos los presentes mientras se encontraban reunidos e hizo difundir una circular que presentaba el hecho como un movimiento legitimado en la tradición pactista y la soberanía popular. Pero no todos los jefes políticos y militares se creyeron esta farsa. Sabían que este atropello respondía a un intento más de los Uriburu por conservar el gobierno en su familia, cual monarquía europea. El 13 de mayo Segundo Bedoya logró escapar de la cárcel y huyó a La Caldera. Mientras los departamentos comenzaban a levantarse en su favor. Ya que se trataba del gobernador legal. Según la Constitución Provincial, caducado el período de gobierno y en ausencia de un gobernador provisorio, el Poder Ejecutivo recaía en el presidente de la Legislatura. En ese año y durante un mes, funcionaron dos gobiernos: uno revolucionario que dirigía José Uriburu en la ciudad de Salta y otro legal al mando de Bedoya en La Caldera. Finalmente, luego de varios enfrentamientos entre ambas fuerzas, las milicias constitucionales vencieron a los rebeldes. Se calcula la movilización de casi 4.000 hombres armados, cifra que revela una militarización elevada. Es importante recordar que a raíz de estos sucesos fue solicitado en el Congreso Nacional el primer pedido de intervención federal en Salta.

Esos fueron los hechos, pero la principal hipótesis es que en la rebelión de los Uriburu, otros sectores aprovecharon para reclamar por sus propios intereses. Por ejemplo, los sectores populares se quejaban en contra del excesivo reclutamiento militar, la entrega de ganados y otras arbitrariedades que fueron canalizadas por los comandantes militares, jefes departamentales y miembros de la Legislatura para enfrentarse a los Uriburu. Si por un lado, este conflicto entre las elites marcó el avance del estado provincial en áreas claves como el control de los jefes militares y la recaudación tributaria, por el otro, alentó la movilización de los sectores populares rurales aliados a sus líderes constitucionales. Uno de los resultados tal vez imprevistos fue el avance del Ejército de Línea en la conformación de un orden político provincial marcado por su creciente injerencia en las elecciones.

A todo esto, a nivel nacional, el triunfo de Mitre en Pavón acentuó la militarización en el norte. Primero, porque a diferencia de otras provincias como Tucumán o Santiago del Estero, donde las elites locales apoyaron a los liberales, en Salta los federales constitucionalistas partidarios de Urquiza eran mayoría. Rudecindo Alvarado, Dionisio Puch, Martín Güemes y Manuel Solá eran líderes políticos de gran prestigio que habían gobernado la provincia desde Caseros. Previo al evento, el gobernador salteño, José María Todd (sobrino del general Alvarado) decretó el estado de sitio, prohibió al partido liberal y declaró que la provincia reasumía la soberanía ante la disolución del gobierno de la Confederación. La notoria oposición de los notables salteños al partido liberal convenció a Mitre de aprobar la movilización de las guardias nacionales de las provincias vecinas para modificar el balance de poder en Salta. El gobernador de Tucumán movilizó a la frontera de Salta 500 milicianos. Conocido el desbande de las tropas federales en Pavón, Todd debió renunciar y fue suplantado por Anselmo Rojo, militar de tradición unitaria y emparentado con los Uriburu.

A comienzos de 1862, asumió como gobernador Juan Nepomuceno Uriburu, con lo que la familia Uriburu llegaba al poder. Salta finalmente se integraba al orden liberal nacional, pero los liberales carecían de apoyo popular en Salta. Los levantamientos de Vicente Peñaloza en La Rioja y Catamarca reflejaron la vigencia que las montoneras -formaciones militares constituidas por pobladores de una misma localidad, que brindan apoyo armado a una determinada causa- mantenían como principal forma de defensa de los gobiernos federales y amenazaban con encender otro ciclo de guerras civiles. Según las palabras del ministro de gobierno de Uriburu, Genaro Feijoó, “la sola noticia de la presencia de las tropas de Peñaloza convulsiona toda la campaña y provoca levantamientos”. La campaña salteña se levantó en defensa de los líderes federales, sobre todo en la Frontera con Santiago del Estero, Tucumán y Chaco, donde la movilización de gauchos se remontaba a las guerras de independencia. Mitre continuó impulsando la formación de cuerpos de línea del Ejército Nacional. La creación del Batallón 8º de Línea fue resultado de esas negociaciones, en las que se apoyaba la formación de estos ejercitos a cambio de la participación provincial en la represión contra Peñaloza y sus montoneras.

De acuerdo a la Constitución de 1853, se reconocían dos formas principales de fuerzas de seguridad: el Ejército de Línea y la Guardia Nacional que juntos conformaban el Ejército Nacional. El primero estaba bajo la autoridad del presidente de la República; la Guardia reclutaba ciudadanos de manera intermitente y era convocada por los gobernadores. Después de la Batalla de Caseros, estas Guardias Nacionales fueron reglamentadas por ley y consideradas pilares de la comunidad política fundada sobre la soberanía popular, pues estaban integradas por los mismos ciudadanos que podían votar, conformando una ciudadanía armada. En el caso salteño, los oficiales eran a la vez grandes hacendados o estaban relacionados por vínculos comerciales y/o de parentesco con los principales líderes políticos.

Si bien la Constitución había prohibido declarar la guerra y/o celebrar tratados entre las provincias, en la práctica el poder local se legitimaba en función del reconocimiento de los gobernadores vecinos y en Salta José María Todd no contaba con el de sus pares de Tucumán, Santiago y Catamarca. Para contener la amenaza de una guerra civil, Mitre envió a su vicepresidente, Marcos Paz para alcanzar un acuerdo pacífico. El convenio firmado entre Tucumán, Santiago y Catamarca nombraba a Anselmo Rojo gobernador de Salta, quien tenía como misión, una vez quebrada la resistencia de los constitucionales salteños, convocar a elecciones. En mayo de 1862, entregó el mando al nuevo gobernador electo, Juan Nepomuceno Uriburu, tío suyo por el lado materno y tío de José Uriburu por el lado paterno. Juan Nepomuceno contribuyó con los gobernadores de Tucumán y Santiago del Estero a combatir el segundo alzamiento del Chacho Peñaloza. La creciente militarización para levantar semejante fuerza provocó fricciones entre todos. Estos conflictos terminaron por quebrar las redes políticas de los diputados liberales salteños. La derrota en las elecciones para renovar diputados en marzo de 1864 dejó al descubierto las debilidades del oficialismo: falta de consenso, perdida de la mayoría en la Legislatura y pérdida del control de la sucesión. Hacia marzo de 1863, las tres regiones de la provincia (los Valles Calchaquíes, el Valle de Lerma y la Frontera) reaccionaban negativamente ante la intensidad del reclutamiento militar, lo que redundaba en falta de disciplina dentro del Batallón 8º. De esta manera quedaba comprobada la injerencia de la Guardia Nacional y el Ejército de línea en la política provincial, particularmente, en las elecciones, durante las cuales era preciso movilizar hombres armados para garantizar cierto orden y controlar el resultado. Por ejemplo, para obligar a votar a los campesinos en la región Calchaquí la coacción económico/social era suficiente. En esta región, la Guardia Nacional organizaba directamente la mesa electoral. Los comandantes militares eran grandes propietarios o estaban emparentados con los hacendados de la región, reforzando su capacidad de control político. En la Frontera, en cambio, gauchos y comandantes protagonizaron la expansión ganadera que consolidó el predominio de medianos y pequeños propietarios mientras aumentaba la importancia política de una zona identificada con la movilización de tradición federal, constitucional y popular. El capitán Napoleón Uriburu se encargó de purgar al 8º Ejército de Línea de oficiales opositores y de neutralizar los reclamos populares contra la intensidad del reclutamiento, servicio y la falta de paga. Entonces encarceló e hizo azotar en el Cabildo de Salta a los oficiales y reemplazó a su jefe, asumiendo él mismo el mando del batallón. En abril de 1863, el gobernador Juan Nepomuceno Uriburu marchó al frente de los 1500 hombres que enfrentaron a Peñaloza, el presidente de la Legislatura, Segundo Bedoya, dispuso la movilización de la Guardia Nacional para contener los alzamientos en la Frontera. En noviembre del mismo año, la Sala de Representantes se reunió para resolver un pedido del gobernador de otorgarle super poderes para contener las sediciones. Los esfuerzos de los diputados Isidoro López y Apolonio Ormaechea, hicieron que varios liberales se les unieron para rechazar la solicitud. El Gobernador hizo allanar la casa de José Ormaechea donde funcionaba el periódico opositor La Actualidad, lo clausuró y encarceló a los diputados Isidoro López, Román Anzoátegui y José L. Aráoz, trasladando presos a Anzoátegui y Ormaechea a Tucumán sin orden judicial, con el pretexto de “reprimir los intentos del partido personal para encender la anarquía”. Así comenzó la fractura de los liberales salteños que se volvía irreconciliable en medio de motines, sublevaciones y montoneras. En febrero de 1864, en un clima político cada vez más tenso, se convocó a elecciones para renovar la mitad de la Sala que elegiría al nuevo gobernador. A mediados de marzo, comenzaron a armarse las candidaturas para suceder a Uriburu. Según las disposiciones constitucionales, debían concurrir dos tercios de los Diputados titulares y suplentes, alcanzando la mitad más uno de votos para nombrar nuevo gobernador. La familia Uriburu, acusada de funcionar como “partido de gobierno”, comenzó a perseguir abiertamente a los diputados opositores para amedrentarlos y controlar el nombramiento del futuro gobernador. En abril de 1864, el gobernador Uriburu le escribió al de Jujuy informándole que sabía que los cabecillas se encontraban refugiados en esa provincia desde donde alentaban las sublevaciones. Hablamos del presbítero Emilio Castro Boedo, Bernardo Peña, Isidoro López y José L. Araoz, fugados de la provincia por ese entonces. “Le solicito que los aprese y vigile hasta que sean extraditados a Salta”, era el mensaje. Mientras tanto, en Salta, ordenaba que se repitieran las elecciones de representantes en los departamentos de Rosario de la Frontera, Metán, Cafayate y Chicoana, alegando “errores de procedimiento”, con la intención de modificar a su favor la composición de la Legislatura cada vez más adversa. Durante todo el mes de abril la Legislatura no pudo reunirse debido a las intimidaciones de los oficiales del 8º Ejército de Línea, que llegaron a asistir a las sesiones para amenazar a viva voz a los diputados para que eligieran a José Uriburu gobernador. A partir de mayo los acontecimientos se precipitaron. Agotado el plazo estipulado por la Constitución, se sancionó una ley que convocaba a todos los representantes, los días 8, 9 y 10 de mayo, para la elección del nuevo gobernador. Los liberales que apoyaban la candidatura de Uriburu no tenían mayoría en la Legislatura. Por lo tanto, asumiría Bedoya como gobernador provisorio, quien en calidad de Presidente de la Sala. Allí se impondría la candidatura de Cleto Aguirre, o bien se elegiría otro candidato de conciliación, como Juan Pablo Saravia. Ninguna de estas opciones conformaba a José Uriburu quien se decidió por la vía revolucionaria, empleando a los soldados del 8º de Línea y al Batallón Arenales de la Guardia Nacional. El 8 de mayo, avisado por la policía, un pelotón de soldados irrumpió en la casa, arrestó y encarceló a los diputados en el Cabildo. En el ínterin, el Batallón Arenales simuló deponer al gobernador Juan Nepomuceno Uriburu arrestándolo en su casa y nombrando a su sobrino, José, gobernador interino. El 12 de mayo comenzaron a circular rumores de que los departamentos linderos a Salta se habían levantado contra los Uriburu y se concentraban al norte de la capital. Francisco Centeno, comandante militar de Cerrillos comenzó la movilización hacia la ciudad. Lo mismo sucedía en Campo Santo, donde uno de sus principales hacendados, Alejandro Figueroa, encabezaba el alzamiento. Bedoya había establecido su gobierno paralelo en La Caldera. Así fue como funcionaron dos gobiernos, el revolucionario dirigido por José Uriburu en la ciudad de Salta y el legal, por Segundo Bedoya en La Caldera. El primer paso para resolver este conflicto fue proveer de recursos al gobierno legal para financiar la movilización militar, proveer de armas, pertrechos y ganados a las tropas constitucionales que alcanzaron un número superior a 1500 hombres. El aporte fundamental provino de los Valles Calchaquíes donde Pedro José Frías formó una columna de alrededor de mil hombres. El primer enfrentamiento se produjo el día 17 cuando el coronel Alejandro Figueroa derrotó a los revolucionarios al mando del capitán Borelli. Para finales de mayo el movimiento revolucionario quedó sitiado en la ciudad y sus posibilidades de sobrevivir dependían del auxilio de los gobernadores de Tucumán y Santiago del Estero.

El pedido de auxilio de Uriburu pretendía presentar su derrota como el resultado de una conspiración de los caudillos federales del Norte y escondía el profundo aislamiento en que se encontraban los Uriburu respecto a las elites políticas locales, tanto liberales como constitucionales. Por lo tanto, pusieron en juego sus relaciones con el poder central a través de familiares y parientes. Anselmo Rojo era primo hermano de José Uriburu. Había sido nombrado Jefe del Ejército Nacional del Norte y era Senador nacional por Salta junto a Pedro Uriburu. La inserción del clan Uriburu en el gobierno nacional se completaba con Evaristo Uriburu como diputado nacional junto a Benjamín Zorrilla, a su vez casado con una de las hijas de José Uriburu. Posee y Taboada ya habían sido advertidos por Mitre de evitar cualquier auxilio a los revolucionarios. El presidente había desaprobado la revolución de los Uriburu y semanas más tarde previno a Rojo. Aislados políticamente, desaprobada su rebelión por el presidente y calificados de sediciosos por el Senado, la derrota militar de los Uriburu era cuestión de tiempo. A fines de mayo, las tropas constitucionales entraron a la ciudad de Salta recibiendo un nutrido fuego del que resultaron 25 hombres heridos, entre ellos Guillermo Wilde, antiguo jefe del 8º de Línea. Luego de varios combates, la ciudad estaba tomada, salvo la plaza.

En la madrugada del 4 de junio ocuparon la ciudad y emprendieron la captura de los fugitivos, logrando prender a varios con excepción de José Uriburu y el mayor Emilio Alfaro. El 6 de junio las tropas constitucionales desfilaron triunfantes por la ciudad que los recibía como héroes. Detalles mas, detalles menos, esa fue la rebelión que para muchos fue solo una farsa.

Cualquier semenjanza con la realidad actual, es mera coincidencia…