De Salta a Buenos Aires, La Libertad Avanza acumula antecedentes de financiamiento cuestionable en sus campañas. Nueve meses antes del escándalo de José Luis Espert con un empresario detenido por narcotráfico, Emilia Orozco utilizaba un helicóptero ligado a un empresario con conexiones políticas en Salta. Dos casos, una constante: la dependencia de recursos dudosos para sostener la logística electoral.
Entre abril y agosto de 2019, José Luis Espert, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, realizó 36 vuelos en aviones propiedad de Federico “Fred” Machado, empresario detenido por narcotráfico y con pedido de extradición de Estados Unidos. La documentación judicial que obra en la causa del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y la fiscal Alejandra Mangano detalla itinerarios, pasajeros y aeronaves, y muestra que varios de esos vuelos incluyeron destinos en Salta, sumando relevancia local a un escándalo que hasta hace poco parecía circunscrito a la política nacional.
El primer vuelo registrado hacia la provincia se realizó el 12 de abril de 2019, partiendo desde San Fernando con destino a Santiago del Estero y escala posterior en Salta. Entre los pasajeros se encontraban miembros del equipo de campaña de Espert, como Nazareno Etchepare y Gabriela Valle, quienes acompañaron al candidato en múltiples recorridos. La frecuencia de los vuelos y la utilización de recursos privados de un empresario hoy detenido generan interrogantes sobre la dependencia de campañas libertarias de financiamiento externo de dudosa procedencia.
Aunque Espert sostiene que desconocía las actividades ilícitas de Machado, la documentación y los testimonios de pilotos y asistentes de vuelo contradicen varias de sus declaraciones públicas. Los vuelos a Salta y otros destinos muestran que, para la logística de su campaña, se utilizó un esquema donde el financiamiento y los medios no siempre pasaron por los canales oficiales del partido, dejando interrogantes sobre la transparencia y el control interno.
Un antecedente provincial turbulento
Nueve meses antes de que estallara el escándalo de Espert, la diputada nacional Emilia Orozco, también de La Libertad Avanza, generó polémica en Salta al trasladarse a zonas del Chaco salteño en un helicóptero propiedad de Carlos Juncosa, vinculado a Flightventure SRL. El contrato que permitió el uso del helicóptero y de instalaciones aeronáuticas en el aeropuerto internacional General Martín Miguel de Güemes fue firmado en 2020 por el vicegobernador Antonio Marocco y la empresa de Juncosa. La cesión incluía casi ocho hectáreas por 15 años, sin contraprestación económica clara y sin que se comprobara la construcción de hangar o el cumplimiento de otras obligaciones.
El costo por hora de vuelo en este tipo de helicópteros oscila entre 780 y 1.500 dólares, lo que genera un debate sobre la idoneidad de utilizar recursos vinculados a empresarios con conexiones políticas para traslados de campaña. Orozco reconoció que la aeronave era propiedad de Juncosa, lo que desató cuestionamientos sobre conflictos de interés, favoritismo y posible influencia empresarial en la actividad política local.
Este antecedente en Salta sirve hoy como espejo del caso de Espert: ambos muestran cómo dirigentes de La Libertad Avanza dependen de recursos externos con vínculos problemáticos, ya sea con la justicia federal o con actores del poder provincial, para sostener su logística electoral. En otras palabras, un patrón de financiamiento dudoso que atraviesa las campañas del partido, con Salta como escenario local de esa práctica.
Financiamiento espurio, una constante libertaria
La comparación entre los casos de Espert y Orozco pone de relieve un fenómeno preocupante: la política libertaria depende de recursos con cuestionamientos legales o éticos para sostener campañas, un contraste evidente con el discurso de ruptura con la casta y la transparencia que pregonan sus dirigentes. En Espert, el financiamiento proviene de un empresario detenido por narcotráfico; en Orozco, de un empresario vinculado a concesiones fiscales en la provincia, sin supervisión clara ni rendición de cuentas.
En Salta, estos hechos tienen un impacto directo: los vuelos de campaña de Espert implicaron tránsito por la provincia, mientras que los traslados de Orozco utilizaron recursos locales y concesiones de bienes fiscales, cuestionando la relación entre dirigentes libertarios y actores del poder económico provincial. La pregunta que surge es inevitable: ¿hasta qué punto pueden las campañas depender de apoyos de origen cuestionable sin comprometer la legitimidad política y electoral?
Más allá de la legalidad formal, ambos casos exponen zonas grises en la financiación de campañas y la logística electoral, donde la cercanía con empresarios de dudosa reputación genera riesgos legales y políticos. La evidencia también deja en claro que el control institucional sobre estos recursos es limitado, y que el escrutinio público se convierte en la principal garantía de transparencia, sobre todo en provincias como Salta.
La credibilidad libertaria en picada
El patrón de financiamiento espurio detectado en La Libertad Avanza plantea desafíos específicos para la política salteña. Las conexiones entre candidatos y empresarios con antecedentes cuestionables no solo afectan la percepción ciudadana de integridad, sino que pueden tener impactos tangibles sobre el uso de recursos públicos, la planificación de infraestructura y la supervisión de convenios provinciales.
Los vuelos de Espert y Orozco no son incidentes aislados: son sintomáticos de un modelo de campaña que combina ambición política con dependencia de recursos opacos, donde Salta ha sido escenario recurrente. Para el partido, la cuestión no es solo reputacional, sino estructural: si los candidatos recurren sistemáticamente a recursos de dudosa procedencia, la coherencia entre discurso y práctica queda en entredicho, y la confianza pública se erosiona.
La política libertaria, que se jacta de romper con la casta y promover transparencia, enfrenta ahora una paradoja: sus campañas no podrían sostenerse sin alianzas con actores cuya legalidad o ética está bajo sospecha. En Salta, como en Buenos Aires, la evidencia plantea una reflexión imprescindible para cualquier elector: si los vuelos privados y los convenios oscuros financian la política, ¿quién realmente paga el costo de esas decisiones?
