Lino Cano, administrador de la playa municipal donde bagayeros descargan productos contrabandeados desde Bolivia encabeza una lista de concejal que responde al intendente “U” de Orán. Manuel Barrios, bagayero excluido de esa playa por vincularla al narcotráfico busca una concejalía con el romerismo. (Daniel Avalos)
Tomás Lino Cano explota la Playa de Transferencia de Cargas más polémica de Orán. Ubicada frente a la terminal de ómnibus de esa ciudad, esa media manzana es el corazón del llamado bagayeo. El destino final de colectivos, tráfics, camionetas y autos cargados con bultos de hasta 80 kilos que cientos de bagayeros deshacen para entregar la mercadería a los “patrones”: esos hombres y mujeres que arribando a Orán cruzan la frontera para adquirir productos que el bagayerocontrabandea por la frontera a pie para luego montar los bultos a vehículos que tienen por destino final el playón que espropiedad del municipio de Orán.
Fue el intendente de Orán, Marcelo Lara Gros, quien en julio de 2011 otorgó la explotación del espacio a Tomás Lino Cano, el hombre que hoy anuncia, con prolijas pintadas de color amarillo o anaranjado, que busca un lugar en Concejo Deliberante de esa ciudad. Encabezando una de las lista de concejales que impulsa la re-re-elección de Lara Gros, Tomás Lino Cano sigue explotando la “Playa” y cuenta con una larga historia de vínculos con la vieja política de esa ciudad.
Testimonios recogidos por Cuarto Poder, revelan que hasta el 2007 Cano era un simple empleado municipal yreconocido puntero político que puso al servicio de Lara Gros sus competencias para repartir favores públicos a cambio de votos entre los sectores más vulnerables. En abril de 2011, Cano formó parte de la lista que encabezaba el actual diputado provincial y hasta no hace mucho presidente del bloque “U” en Diputados, Antonio Hucena. El mismo que ahora ya no es “U” y se convirtió en candidato a intendente por el Frente que impulsa la fórmula Romero – Olmedo. Como ya lo dijéramos en una nota anterior, la contradicción es sólo aparente:en Orán como en Salta la disputa políticalicuó personalidades de orígenes tan diversos que armados electorales capaces de desconcertar a cualquier analista del mundo poseen aquí entera lógica.
Coyote
Tomás Lino Cano está lejos de ser bagayero. Y es que ésta condición recae en jóvenes del norte provincial que excluidos del mercado laboral, terminan por acarrear contrabando con riesgo de la propia vida, tal como lo confirmó el caso del joven Gerardo Gabriel Tercero, muertode un balazo proveniente del arma de un gendarmeen mayo de 2012.La actividad concentra, incluso, más ocupaciones que las garantizadas por el ingenio El Tabacal y la propia municipalidad de Orán: 1.200 empleadospara el primer caso y los 916 empleados de la municipalidad que según el presupuesto 2015 del municipio incluyen a 704 empleados permanente y 212 contratados. La suma de esas cifras es bastante inferior a los 3.000 bagayeros que van y vienen por la frontera en las épocas de mayor actividad.
Tomas Lino Cano, decíamos, no es un bagayero. Se parece más a eso que los zapatistas mexicanos denominan como coyotes: personas que provenientes de sectores populares se convierten en correa de transmisión entre los planes de un poder político que garantiza la existencia de actividades delictivas que son ejecutadas pormiles de seres anónimos y desesperados que, por un ingreso, están dispuestos a arriesgar su libertad y hasta sus vidas en una actividad que enriquece a los cuantos. De allí que Cano se muestre hoy en Orán como un próspero empresario vinculado al poder político. Cuarto Poder accedió al contrato firmado por Cano y el intendente Marcelo Lara Gros en el año 2011 para que el primero explote la playa de transferencia. Lo evidenciado por el documento hace suponer que Cano es un gran negociante y que el intendente es dueño de una generosidad que roza la idiotez; o que Cano y Lara Gros son cómplices. Veamos: en aquel año la municipalidad exigió a Cano un alquiler mensual de $1.500 por explotar una media manzana con servicios a la que arribaban un promedio diario de 25 colectivos, 20 tráfics, 60 camionetas y un número aún mayor de taxis y remises. Los primeros pagaban entonces entre $250 y $300; las segundas, $120; y las camionetas, $60. Sólo eso representaba $12.500 diarios sin contar la tarifa abonada por los automóviles.
No accedimos al contrato que hoy sigue vinculando al precandidato a concejal que apoya la re-re elección del intendente; pero sí podemos asegurar que el Estado sigue inflando los negocios de Cano que invierte poco y se lleva mucho. La página oficial del Fondo de Reparación Histórica indica que de las obras proyectadas en la ciudad de Orán, la Playa de Trasferencias es una de las pocas ya finalizadas. Por un monto de $1.273.640, la empresa BETON S.R.L. tapió todo el predio. Y aunque el monto originalmente presupuestado era de $3.000.000 son muchos los que se preguntan si $1.273.640 no es un monto excesivo para un tapiado. Sin olvidar además que de las 23 obras proyectadas para la ciudad de Orán por el Fondo de Reparación Histórica, sólo 8 aparecen en el sitio oficial como efectivamente finalizadas, otras cinco en ejecución y las ocho restantes todavía no empiezan a ejecutarse.
Manuel…el bagayero
Martes 24 de febrero del 2015. En una precaria vivienda del barrio oranense Taranto, ahora devenido en uno de los asentamientos más grandes de toda la provincia, Manuel Barrios conduce un acto de campaña donde ofició de presentador de algunos candidatos romeristas: Antonio Hucena era uno de ellos; Jaime Justiniano, candidato a diputado, era otro. Barrios ocupa un lugar en una de las listas que impulsan la candidatura de este último que hasta hace poco era parte de la conducción del Frente Grande provincial ahora intervenido por autoridades nacionales que desaprobaron la alianza de esta fuerza con el exgobernador Juan Carlos Romero.
Barrios es conocido en la ciudad por una historia personal que naturalmente parece alejarlo de cualquier armado romerista; condición de la que ahora prescindió por haber concluido que el mal mayor de Orán es el intendente Marcelo Lara Gros. Y es que Barrios es catalogado por muchos como un alborotadorque día tras día busca desatar la desobediencia plebeya. Muchos rememoran sus solitarias protestas cuando sin gritos, amenazas ni maldiciones y sin poner a dios, la patria o la revolución de testigo; exhibía a los vehículos detenidos por el rojo de algún semáforo carteles en los que estampaba las irregularidades de la gestión Lara Gros.
Manuel Barrios también sabe de bagayeo. No sólo porque se ha dedicado a ello, sino también porque alguna vez organizó la Cooperativa 15 de Abril que se empeñaba por lograr cobertura médica y obtención de créditos para bagayeros y para los taxistas que transportan a los mismos desde la frontera a la ciudad. También sabe mucho de lo que ocurre en la Playa de Transferencia que regentea Tomás Lino Cano porque entre septiembre de 2011 y marzo de año 2012, su cooperativa ocupó un espacio en el interior de la misma. Pero Barrios cayó en desgracia en marzo de ese año. Se había vuelto irritante cuando exigió que se aclarara el caso de diciembre de 2011, momento en que en un colectivo estacionado en el playón se secuestraron 110 kilos de cocaína. Se convirtió directamente en indeseable cuando volvió a exigir el esclarecimiento del caso de la joven violada en el mismo predio. Según su testimonio, en medio de esa coyuntura se apersonó al lugar la Fiscal Nadra Chaud de Loza para informarle a Manuel que era un usurpador y debía retirarse de la “Playa”. Ante la negativa, 32 policías y cuatro móviles policiales lo retiraron del lugar aduciendo la ebriedad del acusado. Lo detuvieron y cuando a la noche recuperó la libertad y se dirigió al playón se dio con una consigna policial en la sede a la que nunca más regreso.
Los vínculos entre el narcotráfico y esa Playa de Transferencias Municipal regenteada por un hombre del intendente Marcelo Lara Gros, están lejos de ser un relato surgido de la pasión incendiaria de Manuel Barrios. Fueron corroborados por la justicia misma. En el informe anual 2013 realizado por el fiscal Eduardo José Villalba -a cargo de la Fiscalía Nº2- y remitido a la Procuración General de la Nación, se reseña que “la llamada ‘Banda de Tucumanos’, cuyo accionar consistía en trasladar a ciudadanos al norte de nuestro país para adquirir distintas mercaderías en Bolivia a fin de comercializarlas en nuestra República (en principio ropa, pero existen datos acerca de actividades de narcotráfico) […] evitó que Gendarmería que se encontraba apostadaen controles de ruta, pudiera efectuar controles sobre vehículos que integraban una caravana previamente organizada, a través de agresiones de diferentes tipos. Se comprobó que esta organización mantuvo cautivos a quince miembros de Gendarmería Nacional en el playón municipal de San Ramón de la Nueva Orán, el día 7 de mayo de 2013, quiénes se encontraban brindando custodia personal de la AFIP que estaba realizando un procedimiento de control aduanero en el mismo, a quienes retuvieron por espacio de dos horas, exigiendo a cambio de su libertad la devolución de la mercadería en supuesta infracción a la Ley 22.415. Dichos delincuentes se manejaban en el lugar como si pudiesen ejercer todo tipo de maniobras ilícitas”.
La Banda de los Tucumanos fue luego procesada por el delito de asociación ilícita y resistencia a la autoridad, aunque en la famosa Playa de Transferencia todo sigue funcionando bajo el manto de sospecha, tal como ocurría cuando acechaba la famosa banda del Jardín de la República.
