El patriciado “U” arremete con ministros formados en la Universidad Austral del Opus Dei. Simón Padrós y Horacio Aguilar tienen más presencia en el gabinete que el PJ, el Partido de la Victoria y el PRS juntos. El cholo-poder bien podría denominarse “La Pulo”, por la calle en donde está el estudio jurídico de Aguilar. (Daniel Avalos)
Antonio Gramsci tenía razón. La historia de los gobiernos nunca se reduce a la historia de un sector, sino a la de varios que tejen sus alianzas y protagonizan disputas. Y lo que el último cambio de gabinete confirma es que la mesa chica del Grand Bourg ha excluido a los viejos dirigentes políticos en beneficio de pupilos de estudios jurídicos. El ejemplo más representativo de esta consolidación del rumbo “U” fue el nombramiento de Eduardo Sylvester en el ministerio de Gobierno. La más política de las áreas de gobierno por articular las relaciones del Gobernador con el poder legislativo y los partidos políticos, la misma que había recaído en referentes de los dos partidos más importantes del frente gubernamental (Pablo Kosiner del PJ y Julio Loutayf del PRS), quedó ahora en manos de un Eduardo Sylvester al que nadie reconoce filiación política alguna.
Su ascenso a los más altos peldaños del poder provincial radicó en sus vínculos con uno de los hombres que, escondiendo siempre el rostro y sin cargo formal que lo vincule al Grand Bourg, es el que suele hablarle al oído al mismo Urtubey. Se trata de Horacio Aguilar, el poderoso letrado que se desempeñó como Juez Federal de Salta y Jujuy. El mismo que compartió departamento en Buenos Aires con Urtubey cuando ambos eran estudiantes (lo llamaban el “marcelote” por estar ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear) y que por unos años estuvo vinculado contractualmente con el Gobierno. Con respecto a su paso por la Justicia Federal, este suele decir que ocupó el cargo de Juez Federal 2º de Jujuy entre el año 2002 y 2004. La afirmación fue refutada por la prensa nacional, que presentó documentos que lo muestran en el cargo hasta por lo menos el 19 de septiembre de 2005. La controversia que originó el cruce de acusaciones tenía sentido. Aguilar había renunciado a la justicia federal para asumir la defensa del zar azucarero Pedro Blaquier, acusado de colaborar con la dictadura durante los trágicos “Apagones de Ledesma” en 1976 y los organismos de DDHH jujeños impugnaban que Aguilar defendiera a Blaquier luego de haber accedido, como juez, a los expedientes de las causas.
¿Cuál es la relación entre estos datos y el actual ministro de Gobierno Eduardo Sylvester? La respuesta es fácil. En el año 2005 y con sólo 25 años, Sylvester se convirtió en Secretario de 1ª Instancia del Juzgado de 2ª de Jujuy que comandaba Aguilar. Se desempeñó en el cargo hasta el año 2006, mientras en el 2007 se convirtió en Secretario de Cámara de la Cámara de Federal de Apelaciones de Salta cuando Aguilar, también, era Juez Federal. En este caso, Sylvester ocupó el cargo hasta el año 2009 y la relación entre ambos era tan estrecha que maestro y discípulo fueron socios fundadores de la Fundación para el estudio del Derecho en el Noroeste Argentino – FEDENOA -, de la que Aguilar fue un gran impulsor para seguir vinculado con profesionales de Salta y Jujuy.
En ese 2009, Sylvester pegó el salto desde la justicia federal al gobierno de Salta y se convirtió en Director Ejecutivo de la Agencia Antidrogas de la provincia. Se trata del mismo año en que la relación entre Aguilar y el Grand Bourg dejó de depender de la amistad entre el primero y el Gobernador para formalizarse de otra manera. El decreto 1.261 de abril de ese año establecía que “Estudios Aguilar” asesoraría al Grand Bourg. Los servicios se valuaron aquella vez en $8 mil más IVA. La provincia, además, costearía los gastos de viajes y alojamiento cuando las tareas llevaran al abogado o a miembros de su estudio a otras provincias o al exterior. Los decretos 1.443/10 y 1.048/11 prorrogaron, por el año 2010 y 2011 respectivamente, el vínculo entre las partes. La relación finalizó por abril de 2012, cuando Aguilar ya asumía la defensa de Pedro Blaquier y era denunciado por los organismos de DDHH jujeños. La desvinculación era políticamente conveniente. Después de todo, era un contrasentido que el defensor de un empresario acusado de colaborar con el terrorismo de Estado asesorara a la provincia en “asuntos relacionados con el Derecho Federal y demás cuestiones vinculadas a la Justicia, Seguridad y Derechos Humanos”.
Sylvester, mientas tanto, se convertía en secretario de Seguridad y luego en ministro del área, haciendo eje en un plan millonario: la ampliación del sistema 911 y el nuevo método de monitoreo que incorporará 1.100 cámaras de seguridad. Un programa que costó 54 millones de dólares a la provincia y terminó ejecutando su actual reemplazante en el ministerio de seguridad: Alejandro Cornejo D`Andrea.
Un encuentro poderoso
El anexo de aquel decreto de abril de 2009 certifica el vínculo entre Aguilar y el funcionario que más hombres y mujeres concentra actualmente en el gabinete provincial: Ramiro Simón Padrós. La cláusula segunda del mismo habilitaba al Secretario General de la Gobernación y al Secretario Legal y Técnico a ampliar el objeto del contrato con Horacio Aguilar, mientras la cláusula tercera indicaba que “los requerimientos de los servicios establecidos (…) serán dirigidos a ‘El Consultor’ únicamente por el señor Gobernador de la Provincia de Salta, o por el Secretario General de la Gobernación y/o el Secretario Legal y Técnico”. El secretario Legal y Técnico era Simón Padrós, devenido en Fiscal de Estado en agosto de 2011 y finalmente en secretario General de la Gobernación desde junio de 2013. La naturaleza de esas funciones puede resumirse así: encontrar los argumentos jurídicos para respaldar las decisiones políticas del Gobierno.
Simón Padrós, sin embargo, no sólo protagonizó un ascenso meteórico. Si Aguilar puede presumir de tener dos hombres en el gabinete, Simón Padrós puede presumir de otros dos y de ser él mismo parte de ese gabinete. Esos dos nombres son César Mariano Ovejero y Pamela Caletti. El primero sobrevivió a los últimos cambios, mientras la segunda fue una de las sorpresas al acceder al Ministerio de Justicia. Los jóvenes tienen una larga lista de coincidencias con Simón Padrós: son abogados, egresaron de la Universidad Católica de Salta, accedieron a becas de especialización en el extranjero a través de importantes y elitistas fundaciones, se especializaron en Derecho Administrativo en la Universidad Austral entre los años 2006 y 2007 y trabajaron junto a Simón Padrós mientras este ocupaba cargos importantes del estado provincial. Con Mariano Ovejero, por ejemplo, compartieron puestos en la Fiscalía de Estado durante el romerismo y también en la Secretaría Legal y Técnica “U”, cuando el primero la conducía y el segundo asesoraba. En el caso de Pamela Caletti, fue la Coordinadora de la Fiscalía cuando Simón Padrós la ocupaba y siguieron juntos cuando este asumió en la Secretaría de la Gobernación y Caletti mantuvo el cargo de Consultora Jurídica de la misma.
Hoy los tres ocupan el gabinete, aunque varios aseguran que el padrino de todos es Rodolfo Urtubey padre quien siendo Juez de la Corte salteña, hizo de Simón Padrós y Pablo López Viñals dos fieles discípulos: el primero, en Derecho Administrativo y el segundo, en Derecho Penal. El papá del Gobernador, recordémoslo, posee una visión de las cosas en donde jueces garantistas de la Corte Suprema de la Nación, como Raúl Eugenio Zaffaroni, son considerados demonios a combatir.
Hablando de demonios
Una digresión se impone. Es para detenernos en las especializaciones que Ovejero, Caletti y el mismo Padrós realizaron en la Universidad Austral, la misma que, surgida con el menemismo, fue fundada por la fanática y elitista prelatura del Opus Dei. El detalle resulta clave para quienes se sorprenden por el urtubeicismo patricio, que conjuga una rara alquimia de congregación religiosa y empresa capitalista. La relación entre el Opus Dei y la universidad Austral está lejos de ser un secreto. La web de la institución, por ejemplo, indica que los valores de esa universidad “se desprenden de la visión cristiana de la cultura y del mundo (…) Para asegurar esta orientación cristiana, la Prelatura del Opus Dei brinda su asistencia a la Universidad. La comunidad educativa (…) promueve, comparte, o al menos respeta, los valores propios del que hacer educativo que responde a su misión”. Para ello, precisa la web, el Opus Dei nombra capellanes que ofrecen atención espiritual en la Universidad; presta conformidad al nombramiento de los profesores que tengan relación con la doctrina católica; o procura que el espíritu del Opus Dei aliente la vida universitaria fomentando el amor a la Iglesia y al Papa.
Las investigaciones que señalan al grupo como puntal del conservadurismo teológico, los grandes negociados y de ser la correa de transmisión entre el Vaticano y los gobiernos derechistas de Europa y América durante los 90, denuncian que “el Opus es un poder de veto sobre los directivos. Para poner un decano de una facultad, la dirección tiene que tener la aceptación del Opus”. (Emilio Corbieri: Opus Dei. El totalitarismo católico. Edic. Debolsillo, pág. 296”). De allí proviene, para algunos que incluso forman parte del gobierno, esa recurrente conducta “U” de convertir a Salta en territorio alambrado para los avances de derechos civiles que vivió el país durante la última década. Un tipo de religiosidad arcaica que, como el Opus Dei predica, no es incompatible con la búsqueda del poder económico y el éxito individual que posibilita llevar adelante la obra de dios. El escandaloso silencio del Grand Bourg ante la decisión de un juez por negar un aborto no punible a una menor sistemáticamente violada por su padrastro, volvió a poner sobre la mesas las viejas sospechas.
Políticos abstenerse
Cinco de los once ministerios, entonces, quedaron en manos de esa casta apegada a los blasones, asociada al Club 20 de Febrero, que está convencida de que su lugar de nacimiento otorga un tipo de estatus, y que lucha a brazo partido contra todo elemento extraño que amenace el buen origen. Un sector que vuelve a otorgarle dirección política e ideológica a la provincia, pero que convive con otro no menos importante en el gabinete: el de los tecnócratas a secas. Esos que, desprovistos de laureles aristocráticos, surgieron con el romerismo y que parecían haber desplazado a los patricios de la administración de los negociados y del poder político.
Comandados por Carlos Parodi, se encuadran allí Roberto Dib Ashur, que antes de acceder al Estado montó consultorías con gente vinculada al primero, como los Abeleira; la exquisita Marianela Cansino, quien antes de acceder al Ministerio de DDHH que hoy ocupa, ocupó la Subsecretaría de Financiamiento Internacional, que antes ocupaba el mismo Dib Ashur; y hasta el propio Baltasar Saravia que, como muchos otros, hizo sus primeras armas durante la gestión de Juan Carlos Romero. ¿Cuáles son los puntos de encuentro entre los teo-tecnócratas de Urtubey y los tecnócratas a secas? El carecer de identidad histórica con el peronismo, el estar desvinculados de las bases sociales que ese peronismo dice representar y el prescindir de razonamientos ideológicos.
Por allí navega Urtubey. Entre los mandatos que su pertenencia social le dicta y las reglas de acumulación que la globalización neoliberal inauguró en los 90. Prescindiendo de aquellos que, proviniendo de las sedes partidarias, parecen resignados a sobrevivir entre el cholaje y los técnicos de una forma subordinada y poco dignificante: explicando a la sociedad las medidas que ese cholaje y los técnicos han diagramado, defendiéndolas como si fueran las suyas y soportando el costo político que las mismas producen en los sectores populares.
