Zanchetta era consejero en la Administración del Patrimonio de la Santa Sede Apostólica (APSA), conocida como la "inmobiliaria" del Vaticano. Quedó imputado por abuso sexual.

 

El nuevo protocolo -que todavía se está discutiendo- es un intento del arzobispado salteño por enfrentar el problema de los abusos. A la seguidilla de escándalos se le suma la llegada del nuevo procurador general que quiere que la Iglesia abra sus archivos.

El arzobispado de Salta resolvió elaborar un nuevo de protocolo sobre cómo actuar ante una nueva denuncia.

«Estamos buscando la forma de darle mayor transparencia cuando ocurren estos casos», le dijo a LA NACIÓN el vicario judicial del arzobispado, el padre Loyola Pinto de Sancristoval. Para eso, los sacerdotes de Salta están elaborando un protocolo propio sobre como presentar en la Justicia las denuncias que reciben.

El jueves de la última semana la Justicia imputó al ex obispo de Orán, Gustavo Oscar Zanchetta, por el delito de abuso sexual continuado agravado a dos seminaristas A pedido de la fiscal Mónica Viazzi, el juez de Garantías 2, Claudio Parisi, también le retuvo su pasaporte, le prohibió salir del país y le ordenó abstenerse de «acercarse a las víctimas o a su grupo familiar».

A lo largo de más de medio siglo, el concordato que en 1966 firmaron el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía y el Vaticano se convirtió en el argumento usado por la iglesia argentina para negarse a entregar a la Justicia los resultados de sus investigaciones canónicas sobre abuso sexual por parte de sacerdotes. El acuerdo otorga a la Iglesia «jurisdicción» sobre el territorio argentino.

El procurador general de Salta quiere eliminar ese acuerdo y elabora un pedido para declararlo inconstitucional.