La dirigencia local sigue de cerca la crisis desatada al interior de la coalición nacional de gobierno. En aras de preservar el resultado electoral del domingo pasado y los nexos con la administración mayor, muchos referentes del espacio salieron a bajarle el tono a la polémica.
El pasado domingo las urnas elevaron un mensaje inequívoco al gobierno de coalición del Frente de Todos. Las condiciones que llevaron al macrismo a la derrota en 2019 permanecen inamovibles y, en términos electorales, no hay pandemia que justifique tal cosa. El cambio de rumbo se presenta como urgente y por primera vez en el discurso oficial afloraron conceptos como «condiciones materiales de existencia», categoría marxista si las hay.
Tal vez se trate de un contrapunto necesario entre las demandas reales de una ciudadanía golpeada por el ajuste, y la esterilidad de los debates ofertados en campaña, enfrascados en una frivolidad desencajante. Lo cierto es que el mandato de renovación abrió una serie de interrogantes obvios para los que no hubo respuestas concordes: ¿Es el plan económico del gobierno el asunto a discutir en primera instancia?, ¿Qué tan dispuesto está el sector albertista del gobierno a que el volantazo se traduzca en la eyección de varios de sus ministros?, ¿La renuncia masiva de ministros cristinistas tuvo carácter coactivo o colaborativo?, ¿El cambio de rumbo debe hacerse pensando en noviembre o en 2023?
A grandes rasgos podría decirse que la indefinición y el desacuerdo frente a estos interrogantes desembocaron en el novelón a cielo abierto más grande de los últimos años. La escalada discursiva fue tal que entre las dudas emergentes surgió el planteo sobre si se trata o no de una crisis terminal. Hay pocas certezas sobre el porvenir del Frente de Todos y una de ellas es que la debacle electoral del 12 de septiembre puede profundizarse en noviembre.
En el plano local, los albertistas de entrecasa se consideran muy al tanto de esa posibilidad, aunque pocos obran en consecuencia.
Los candidatos del oficialismo provincial no sólo deben revalidar el resultado de las PASO por un imperativo local, sino que ahora también cargan con el mandato nacional de retener los pocos distritos pintados de celeste. A esto se sumarían otras «razones» bajadas por Nación que algunos estiman en 70 millones.
Renunciantes y renunciados
De todas las renuncias puestas a disposición del presidente Alberto Fernández el pasado miércoles, la que más preocupación generó entre los albertistas domésticos fue la del ministro del Interior Eduardo Wado de Pedro. El funcionario camporista fue el que propició varias designaciones en la provincia, entre ellas las de PAMI y Anses. También supo mantener fluidos vínculos con el gobernador Gustavo Sáenz y con el vicegobernador Antonio Marocco, quien además es apoderado de PARTE, el partido simbólico del presidente de la Nación. De Pedro fue también quien propugnó la integración del peronismo saenzista al Frente de Todos con la premisa de que el gobierno nacional precisaba de alfiles propios en el congreso y que para eso había que ganar elecciones. El núcleo duro del kirchnerismo interpretó la jugada como un desaire.
Con un resultado ajustado que mantener (el escrutinio definitivo arrojó una diferencia de 4700 votos a favor del Frente De Todos) y con pocas perspectivas de aumentar su base electoral, el espacio encabezado por Estrada y Caletti enfrenta ahora una nueva prueba de fuego: superar a Zapata y duplicar en votos a Guillermo Durand Cornejo. Ambas condiciones son necesarias para garantizar el ingreso de dos legisladores, aunque parezcan cada día más inalcanzables.
Por un lado, el aventón nacional podría torcer la balanza en favor de la oposición si logra que una parte del 42% del padrón que no votó en septiembre lo haga en noviembre. Podría concluirse sin mucho análisis que el fenómeno abstencionista pasó factura en mayor medida al oficialismo. Por otro lado, tanto Durand Cornejo (Unidos por Salta) como Felipe Biella (PRS-SI) irán a la caza del voto inorgánico de la coalición olmedista-romerista-radical. Al margen del apoyo asegurado por el diputado radical a la lista amarilla, no son pocos los afiliados al partido centenario que evalúan una opción más digerible que el olmedismo y que no tenga a Juan Carlos Romero como tutor. Se trata nada menos que de 30 mil votos que podrían forzar el ingreso de una tercera fuerza al congreso y poner un freno a las aspiraciones de la exministra «U» Pamela Caletti. A eso habrá que sumar el interrogante sobre los 26.500 votos obtenidos por la precandidatura testimonial del saenzista Nicolás Avellaneda.
El Frente de Todos además deberá retener las voluntades del camionero Jorge Guaymás, asunto que pudo haber sido un trámite en otras circunstancias, pero que en el marco de la interna abre una serie de cuestionamientos. El secretario de la CGT y jefe de la AT Salta del ministerio de Trabajo de la Nación responde circunstancialmente a Cristina, aunque se despachó fuertemente contra La Cámpora luego de que le levantaran la mano a su rival en la interna. Las otras incógnitas giran en torno a las delegaciones en el ENACOM, INADI, INAE, RENATRE, CDR de Desarrollo Social, entre otras.
El teléfono de Cris
La crisis desatada en la coalición nacional tiene también sus implicancias en el seno del gobierno provincial. Uno de los encargados de bajarle el tono a la polémica fue el vicegobernador Antonio Marocco, negando la teoría de un golpe palaciego y reafirmando la necesidad de un recambio ministerial. La delimitación cristinista del poder abre paso a una referenciación más clara del gobierno de Gustavo Sáenz en la figura de Alberto Fernández. O, mejor dicho, facilita la toma de distancia con el kirchnerismo de núcleo duro.
En diálogo con el canal TN, Sáenz aseguró: «le mandé un mensaje al presidente, a Cristina no, no tengo su teléfono». Más adelante, además, agregó: “Él tiene que gobernar para todos. Eso es defender la institucionalidad” y desterró la frase «el que pierde, acompaña» advirtiendo que en el país es «una gran mentira» porque los perdedores esperan que el triunfante fracase para poder llegar luego al poder.
Una vez consumado el gesto de presión del cristinismo, los primeros en salir a apoyar al presidente Alberto Fernández fueron precisamente los gobernadores. Junto a la CGT y los movimientos sociales alineados, fueron los responsables de acompañar cada una de las medidas de ajuste del gobierno en consonancia con los designios del Fondo Monetario Internacional.
El voto castigo al gobierno y la puja por imponer una lectura del mensaje de las urnas, tuvo mucho más que ver con las continuidades y las semejanzas con el programa macrista que por sus diferencias. El enaltecimiento de los resultados electorales de la derecha que fogonean propios y extraños no es otra cosa que la negación de esa premisa. La derrota electoral es una consecuencia casi lineal de las políticas de ajuste y no hay mayor colaborador de la derecha que aquel que las aplica.
