Hechos supuestamente fortuitos que involucraron en el último mes a intendentes y al Grand Bourg, constituyen ya una certeza política provincial: el matrimonio de Urtubey y los jefes comunales carece de la pasión de esos tiempos cuando los esposos aceptaban con gusto las extravagancias de cada uno. (Daniel Avalos)
Es lo que sugerían ciertos observadores atentos sin ser del todo comprendidos: las advertencias del Grand Bourg a los intendentes para que disciplinen su inclinación a contratar empleados, la frustrada ley de modificación de las cooperadoras asistenciales, la intervención del municipio Colonia Santa Rosa, la condena del intendente de Tolar Grande por parte de la Justicia… no fueron casualidades salpicadas en el tiempo corto de la política salteña, sino mensajes cifrados del Grand Bourg sobre su intención de ir generando condiciones que anunciaran a los intendentes que el modelo de gestión vigente entre ellos y el ejecutivo provincial debía modificarse.
Los últimos parecieron no interpretar el mensaje y entonces este se hizo crudo y explícito: el gobierno no incrementará la coparticipación municipal del 13,5% al 15% como esperaban los jefes comunales que, además, juraban que Urtubey lo había prometido hace apenas un mes. Ese anuncio se explicitó el pasado martes en la reunión que los principales hombres del gabinete mantuvieron con los capangas territoriales de la provincia. No se trató de un acontecimiento destinado a evaporarse con los días. Fue, por el contrario, el hecho político de la semana por anunciar cambios en un tipo de relación que determinó la vida electoral de la provincia durante los últimos años y que acá resumiremos así: el apasionado amorío de Urtubey y los intendentes ya no tiene ni tendrá el ardor del pasado inmediato. No hablamos de un divorcio abierto, de esos que además de distanciar a los esposos provoca en alguna de las partes un despecho incurable que los arroja a disputas irrazonables. Hablamos, sí, de una relación condenada a enfriarse porque uno de los cónyuges -Urtubey- impone condiciones nuevas que harán de lo que alguna vez fue un feliz matrimonio, una pareja en donde los involucrados sienten que no tienen más remedio que convivir en el hogar que forjaron juntos, aunque en el fondo prefieran huir del otro para así cruzarse lo menos posible.
Dos escenas ilustran bien el amor incondicional del ayer y la frialdad condicionada de hoy. La primera es de noviembre de 2011. El ministro Parodi se reunió con los intendentes electos de ese entonces y a lo Vito Corleone les “recomendó” no hurguetear en el pasado de los intendentes que se iban. La “recomendación” fue blanqueada sin complejos por los intendentes electos aquel año en San Lorenzo, Federico Parra, y en El Bordo, Juan Mazzone; dos personas que por distintas razones (electorales y judiciales) ya no son intendentes y que aquella vez reprodujeron las palabras textuales de Parodi a los intendentes: “miren al futuro, porque el gobierno provincial asumirá las responsabilidades de los jefes salientes” garantizando así que el propio Grand Bourg se encargaría de que los gases que despedían las aguas cloacales municipales no hallaran tubería alguna que hiciera emerger a la superficie las maniobras malolientes de varios jefes comunales.
La segunda escena es la de pasado martes 13 de octubre. La reunión volvió a repetirse. Al ministro Parodi lo acompañaba Juan Pablo Rodríguez, el hombre que fue adquiriendo poder en los últimos años al punto de disputar con Parodi la hegemonía misma del gabinete provincial. Juntos informaron a los intendentes que el incremento de la coparticipación no estaba en los planes del gobierno. Pero eso no fue todo. Junto a los poderosos ministros, estaba Oscar Salvatierra, el presidente de la Auditoría General de la Provincia. Hombre de perfil bajo, seguramente desconocido para la mayoría de los votantes de la provincia pero no para los intendentes que saben bien que ese hombre de andar cansino y de ademanes pausados está a cargo del organismo que, desde 2010 a la fecha, tiene publicados en su página web 193 informes definitivos sobre municipios que en la mayoría de los casos detallan errores de procedimientos, de gestión, de control, de contabilidad y hasta casos de usos cuasi delictivos de los recursos municipales.
Desde el martes todos hablan de lo que Salvatierra les dijo o no a los intendentes. Cosa clave para cualquier crónica periodística sobre el encuentro, pero poco importante para las miradas que buscan identificar hacia dónde se dirige la relación entre el Grand Bourg y los intendentes. Poco importante porque independientemente de lo que dijo, la sola presencia del presidente de los auditores ya decía mucho: no se confundan, sabemos lo que pasa, no pierdan documentos mientras viajan en camioneta a la capital, nos los pisoteen, que no se quemen accidentalmente, que no sean objeto de robos increíbles en los archivos municipales como le ocurrió al inefable Atta Gerala en Morillo, no ignoren nuestra recomendaciones, podemos haber mirado para otro lado hasta ahora pero todo lo que han hecho bien o mal está registrado en cientos de expedientes que tienen vida propia, capaces de reprimir a corregir los malos ejemplos para lo cual siempre se precisa ahorcar a alguien, aunque el doloroso espectáculo no tenga por objeto escarmentar al ahorcado sino a los que presencian el escarmiento. La reacción de los intendentes ante el mensaje, fue casi homogénea. Salvo Mario Cuenca, intendente de Campo Santo, que exteriorizó maldiciones, el resto prefirió digerir la frustración en silencio. Difícilmente puedan hacer otra cosa en el futuro inmediato.
Son varias las razones que explican la resignación de los intendentes. Después de todo, el poder que adquirieron ellos en los últimos años no fue producto de una conquista propia sino el resultado de un acuerdo monitoreado por el gobernador que desde el año 2009 les cedió recursos e impunidad en el manejo de los mismos, pero a cambio de que esos intendentes condujeran en sus pagos el famoso aparato político, ese que es capaz de movilizar una parte del electorado en beneficio del hombre fuerte provincial que garantizando esos beneficios recibió la atenta consideración electoral de los beneficiados que así, no hicieron más que multiplicar el poder de ese gobernador para darle direccionalidad política al conjunto provincial. Recurramos a datos empíricos para dar fuerza a la generalización: Salta es la única provincia del país, desde el 2009, que decidió coparticipar un 50% a los municipios de lo que percibe por el Fondo Federal Solidario, en el 2010 se descentralizó a los municipios la ayuda social, en el mismo año la coparticipación de libre disponibilidad pasó del 12% al 13,55%, luego vino el Fondo de Reparación Histórica que benefició con mil millones de pesos a 14 municipios del norte salteño que en conjunto reúnen al 24% del padrón electoral, a fines del año pasado la provincia se endeudó por 650 millones para financiar obras de agua y saneamiento en distintos municipios. En contrapartida, desde al menos el año 2009, el 70% de los votos oficialistas provinieron de ese interior provincial comandado por intendentes que mientras eran electoralmente claves, podían permitirse alguna travesuras: destinar recursos de un rubro para cumplir compromisos de otro tipo como el pago de sueldos o nueva contrataciones, sin olvidar a aquellos jefes comunales que experimentaron un sospechoso y repudiable incremento de sus bienes en medio de jurisdicciones miserables, confirmando así que no se pueden gastar millones de manera honesta cuando el que debe reprimir las tentaciones opta por tolerarlas. Todo ello explica el cortejo mayor: la de intendentes que glorificaban a Urtubey jurando ante los micrófonos de la prensa y los electores de sus municipios que el gobernador era lo que el gobernador decía de sí mismo: la materialización del progreso, el bienestar y la prosperidad del interior
Todo ello cambia con los nuevos anuncios. Si el pataleo de los intendentes está destinado a durar poco, ello obedece también a que gozaron de una serie de beneficios que jamás lo inclinó a formatear una fuerza capaz de horadar el poder de un gobernador que sólo exigía empeño en la cosecha de votos que ahora ya no precisa por haber agotado sus mandatos constitucionales. Sin esa urgencia, Urtubey tampoco tienes necesidad de inventar partidas generosas. Sí hay un súbito apego a las normas de gestión y por ello mismo una clara exigencia a gastar en los municipios como las normas mandan, aun cuando en otros momentos esas normas se obviaban. Si eso trauma la vida matrimonial, poco importa al propio Urtubey. Después de todo es un hombre que ha protagonizado muchos divorcios políticos y por ello mismo sabe bien que sólo la primera de las separaciones es difícil de sobrellevar porque las siguientes separaciones sólo representan problemas de intereses políticos y económicos que siempre benefician al que tiene más poder.
