El crimen de Fernando Maximiliano Tobares volvió a destapar las ineficiencias de la fuerza pública a la hora de dar respuesta a pedidos explícitos de auxilio. Pasividad con aroma a connivencia y las reminiscencias del caso Rosa Sulca. (Nicolás Bignante) 

Cuando Teresa Tobares llegó hasta la comisaría de Villa Lavalle para avispar al personal uniformado tras una serie de hechos delictivos en Barrio 26 de marzo, juró que haría justicia por mano propia si algo le llegaba a pasar a su hijo. La respuesta del vocero del destacamento fue: «Mejor, nos ahorra el trabajo a nosotros». La frase, no sólo resume el papel de la fuerza pública en los barrios más postergados y conflictivos de la ciudad, sino que también abre una serie de interrogantes sobre su incidencia en las disputas territoriales y de poder.
El martes pasado la ciudad amaneció con la dolorosa noticia de la muerte de Fernando Maximiliano Tobares, sobrino de Teresa, en circunstancias de un tiroteo entre bandas. Por el homicidio del menor de apenas 12 años hay seis personas detenidas. Pero la apreciación de la barriada y de cualquiera que se haya sumergido en la historia, aunque sea de manera superficial; es que, al igual que el crimen de Rosa Sulca, la muerte de Fernando pudo haberse evitado.
En 26 de marzo y otras barriadas aledañas -Finca Independencia, Boulogne Sur Mer, Villa Lavalle- la convivencia con el miedo deriva en una preocupante naturalización del peligro que es narrada con absoluta liviandad por algunos residentes. «En la víspera de navidad apuñalaron a mi nietito. Han venido dos changos en moto, lo abren a mi nietito y como consecuencia perdió un riñón. Los que lo apuñalaron están libres, no sé en qué quedó la causa», relató una vecina con total serenidad a un canal local. «Hemos salvado dos veces a remiseros que, pobrecitos, los traen engañados. A uno le reventaron la cabeza, le rompieron el parabrisas, pero acá no podemos hacer nada», añade.
En relación a los enfrentamientos armados en el barrio, la mujer recordó: «Yo lo hablé al chiquito que tenía el arma y le dije: ‘Papá no salgás con armas’, porque tiraban al aire y estaban mis nietitos a orillas del canal jugando… y le digo: ‘No tirés, porque están mis angelitos ahí jugando’. Y me dijo: ‘No chillés porque te voy a hacer boleta'».
Los antecedentes de extrema violencia suscitados en la barriada antes del asesinato de Fernando, son recordados con precisión por Teresa Tobares en un diálogo exclusivo con Cuarto Poder: «En la casa de mi hermana, donde mataron a mi sobrino, una vez llegaron unos chicos de Apolinario Saravia. Mi hermana estaba sentada con su hija, que en ese momento estaba embarazada, tomando mate en la vereda tipo 8 de la noche. Vino un vago y tiró seis disparos que impactaron en la pared. Mi hermana se salvó ese día de milagro porque entró gateando a su casa».

Cuando Teresa Tobares llegó hasta la comisaría de Villa Lavalle para avispar al personal uniformado tras una serie de hechos delictivos en Barrio 26 de marzo, juró que haría justicia por mano propia si algo le llegaba a pasar a su hijo. La respuesta del vocero del destacamento fue: «Mejor, nos ahorra el trabajo a nosotros».

El accionar policial, según relata Teresa, cuando no es inexistente, es tremendamente negligente: «Cerca del domicilio donde lo matan a Fernando hubo una vez un enfrentamiento similar. Vino la policía y largó el gas lacrimógeno por la ventana hacia adentro de la casa. Mi sobrina que estaba embarazada tuvo que salir con sus chicos prácticamente desvanecidos».
Pero los habitantes de la zona no atribuyen la inacción de la fuerza policial a la incompetencia de sus miembros o a simple y llana impericia. Las zonas liberadas a las que hacen referencia y la circulación constante de armas hacen creer que, entre los sucesos violentos de cada día y la ineficacia policial, existe cierta conexión. Los voceros de la Policía de la provincia aseguraron a una radio local que en las 48 horas siguientes al homicidio garantizarían el resguardo de la población y habría más patrullajes. Pero hasta horas antes de esta publicación, la única consigna policial en la zona -dos efectivos de caballería y un camión de infantería- era la que se encontraba apostada afuera del domicilio de los tres hermanos Morales, imputados por el crimen de Fernando como coautores.
También es necesario recalcar que, al menos una hora antes de la balacera, los vecinos llegaron hasta la subcomisaría de Villa Lavalle para denunciar formalmente que un grupo de jóvenes merodeaba la zona con armas de fuego. El trámite tuvo que ser presencial puesto que, cuando dieron aviso al sistema de emergencias 911 una hora antes, les respondieron que «no se podía hacer nada» porque no había una denuncia. Los antecedentes de violencia en el barrio y el presentimiento de que algo malo iba a suceder llevaron a que los familiares de Fernando se acercaran al destacamento. En el momento en que culminaba su declaración, la madre de Fernando y su hermana María escucharon por radio el aviso de uno de los agentes al personal de la comisaría. El mismo daba cuenta de la existencia de enfrentamientos y de un herido de bala.
«Llamamos a la policía y se burlaron de nosotros, creemos que ellos tienen algo que ver con la madre del asesino», denunció María Tobares, otra de las tías de Fernando. «Yo pedí protección a la policía minutos antes de que pase todo esto y me dijeron que no podían hacer nada. Cuando llamé al 911 nos retaban, nos insultaban como si nosotros fuéramos los problemáticos», agregó.
Al igual que muchos vecinos, María no puede evitar interrogarse sobre cómo es posible que la policía no haya actuado para prevenir el triste desenlace. Según contó a este medio, la policía «pasa saludándolos (a los agresores) como si fueran sus amigos». También centró la atención en la cantidad de armas que pudieron ver esa tarde/noche. «Era como una guerra de cowboys, parecía una guerra. Nunca vimos tantas armas». Otra de las vecinas que prefirió resguardar su identidad apuntó directamente contra las madres de los imputados: «Corren a la policía a taparlos y la policía hace lo que ellas le dicen, porque tienen cierto poder». El pasado viernes por la tarde, la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio anunció que avanzará en las investigaciones sobre el accionar policial previo al asesinato y del SAMEC, puesto que la ambulancia nunca llegó al domicilio de Tobares.
La realidad violenta que entrecruza disputas territoriales por el narcomenudeo, contiendas por el gerenciamiento del delito organizado y la pasividad/connivencia policial, se extiende a lo largo de todos los barrios de la ciudad de Salta. El fusilamiento de Fernando Tobares, además de un penoso recuadro en la historia del periodismo policial local, debería ser el motor que ponga en funcionamiento los engranajes de la justicia; para que, de una vez por todas, se determinen las responsabilidades policiales (estatales) en cada muerte que se da en los márgenes de la ciudad.

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