A dos meses de reasumir la intendencia de Morillo, pobladores de esa localidad piden que Atta Gerala sea enjuiciado por las denuncias que posee. Retazos de la historia de un tirano insaciable que nunca careció de los votos que le permitieron gobernar un municipio pobre y embuchar dinero público. (Daniel Avalos)
El día martes frente a la Ciudad Judicial de Tartagal, los pobladores de Morillo acamparon pidiendo que el intendente electo Atta Gerala no asuma el próximo 10 de diciembre. El reclamo se parece mucho a una tragedia griega: fue protagonizado por actores que nos despiertan simpatía pero que están condenados a padecer el final que quieren evitar: volver a ser gobernados por un personaje abusivo que a lo largo de 16 años de intendencia se caracterizó por el apriete y por acumular denuncias que la complicidad de la Justicia fue dilatando y archivando a favor del acusado. Pero como la democracia es un criterio de convivencia y no de verdad, también podemos aquí enfatizar que todo lo malo que se dice de Gerala se corresponde con lo que los documentos dicen efectivamente de él.
Para confirmarlo prescindiremos de la denuncia más difundida en su contra: el robo liso y llano de $1.250.000 que el hombre se llevó de la municipalidad cuando abandonó la misma en diciembre del 2011. Prescindiremos aquí de esa denuncia para detenernos en un documento oficial que ilustra bien cómo el accionar de Atta Gerala podría desafiar la imaginación de grandes novelistas. Los hechos están relatados en un informe de Auditoría publicado el 31 de octubre de 2011. Allí nos enteramos que los técnicos llegaron a los dominios de Gerala entre el 5 y 7 de septiembre de ese año, tres meses antes de que el inefable entregara el poder a Marcela Carbajal, con quien había perdido las elecciones. El objetivo era simple: evaluar el Ejercicio Financiero 2010 y el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de abril del mismo año.
La fecha es importante: se trata de los meses anteriores a las elecciones del 10 de abril de 2011 en las que Atta buscaba retener la intendencia y se entregaba a la habitual práctica de desviar recursos públicos para la campaña generando gastos que casi nunca se pueden justificar. Ello puede explicar que los auditores denunciaran a la hora de evaluar la gestión que no pudieron acceder a “las Órdenes de Pago correspondientes al período auditado, ni los comprobantes respaldatorios respectivos”. La consecuencia de todo ello fue que la “Auditoría no ha podido verificar el destino dado a los fondos percibidos durante el Ejercicio Financiero 2010 y Primer Cuatrimestre del Ejercicio Financiero 2011, ya que no ha sido provista la documentación respaldatoria que permita evaluar el cumplimiento de los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia de la gestión municipal en el periodo auditado”.
¡No sabes lo que me paso!
Tamaña falta de documentación, fue explicada de la manera más estrafalaria por el entonces intendente. Conviene aquí no contaminar demasiado el relato de los auditores al que casi no le falta ni le sobran palabras para pincelar lo insólito: se presentaron el 5 de septiembre para programar el trabajo de campo y junto al mismo Atta Gerala y su Secretario de Gobierno, acordaron iniciar las tareas a las 15 horas del mismo día. Felices de poder cumplir con su misión, los sabuesos de la auditoria se apersonaron a la hora convenida y tras dos horas de espera inútil, se retiraron porque nadie llegó.
Desconcertados, volvieron al día siguiente, a las 8 de la mañana para nuevamente programar la auditoría. Entonces se entrevistaron con el contador y el apoderado del Municipio, también con el Secretario de Gobierno, el Secretario de Desarrollo Humano y otros funcionarios de menor rango; al cabo de cinco horas de charla dejaron detallada la documentación que precisaban para realizar la tarea. Los funcionarios, autosuficientes, dijeron que no se preocuparan, que a las 15 horas del mismo día y en la propia sede Municipal los auditores contarían con la copia de la documentación.
A las 15 horas en punto Atta Gerala y su asesor contable recibieron a los auditores pero para informar lo increíble: el día anterior el Secretario de Gobierno había denunciado un robo en las dependencias del archivo municipal y según la letra del informe “En dicho supuesto ilícito, se habría sustraído la documentación requerida por esta Auditoría entre otros efecto. Cabe destacar que en las reuniones anteriores, el Municipio omitió informar la sustracción de documentación al equipo de Auditoría. Como consecuencia de lo ocurrido, el equipo de auditoria se apersonó ante las autoridades policiales a fin de constatar la existencia de la mencionada denuncia, momento en el cual se verificó su existencia en los registros de la dependencia (Comisaría Nº 44) donde se informa, que el Fiscal Penal interviniente, sería el de 1° Nominación, y los autos tramitarían bajo el número de Sumario Penal N° 49/11, Jurisdicción Tartagal”.
Desolados, los técnicos interrumpieron los trabajos programados y partieron a la comisaría a radicar denuncia formal por “Sustracción de documentación pública y obstaculización de la labor de Auditoría”, contemplada en la Constitución Provincial.
Con poco alcanza
Antes de abandonar el poblado, los auditores analizaron la poca documentación que tuvieron al alcance. Fue suficiente para confirmar que el municipio carecía de Manual de Procedimientos, documentación respaldatoria de la Situación de Tesorería que permitiera conocer el movimiento de fondos, tampoco existía información referida a los Planes Sociales en ejecución al 30 de abril de 2011. Entre otras barbaridades, una sobresalía: los funcionarios explicaron a los auditores que la intendencia debía plata al intendente por préstamos realizados por familiares de este al municipio para realizar las viviendas del Plan Vivir Mejor. Por supuesto, los auditores no accedieron a ninguna prueba de la supuesta deuda. Conviene recordar ahora la denuncia más famosa contra Atta Gerala: la realizada en diciembre de 2011, tres meses después de la auditoria mencionada, cuando muy suelto de cuerpo el hombre se llevó consigo $1.250.000; posiblemente a cargo de esa deuda que reivindicaba para con su familia aunque los auditores no encontraran prueba alguna al respecto.
Las actuaciones terminaron en lo obvio: 34 observaciones sobre mal manejo administrativo, 9 recomendaciones y un párrafo lapidario: “Del análisis de las observaciones contenidas en este Informe de Auditoría resultarían de aplicación las disposiciones de la Res. AGPS N° 20/04”. Se trata de una resolución que también se aplicó a otros jefes comunales como Carlos Villalba, el intendente prostibulario de Salvador Massa luego destituido; Juan Carlos Alcoba, de Aguaray; o Leopoldo Cuenca, el intendente de Rivadavia Banda Sur que acumula riquezas impresionantes en medio de un municipio desoladoramente pobre en donde varios niños mueren por desnutrición.
Se trata de un instrumento que busca proveer al organismo de un reglamento para que el Estado se haga de herramientas que fundamenten la acción judicial, con el objeto de establecer la responsabilidad civil de los funcionarios “ante la existencia de un perjuicio de significación para el Fisco”. Eso no ha ocurrido. Atta Gerala dejó la intendencia de Morillo y luego se convirtió en diputado provincial. En mayo de este año recuperó con votos la jefatura municipal. Que la diferencia de sufragios haya sido exigua (2.622 contra los 2.593 de Carabajal) poco importa porque a pesar de las condiciones que explican ciertas desgracias ciudadanas, esos resultados confirman que los hombres y las mujeres son libres hasta para dirigirse a su propia perdición.
