La cuenta regresiva para la declaración de quiebra de la empresa Correo Argentino estaría llegando a cero. 

La empresa, de propiedad de los Macri, que intentó licuar su millonaria deuda durante el gobierno de uno de Mauricio, espera los plazos de la resolución de la jueza Marta Cirulli.

El valor de las acciones de la empresa es nulo. Lo deja en claro que hubo maniobras de vaciamiento, lo que denunciara oportunamente ante la Cámara Comercial, la fiscal Gabriela Boquín.

Las personas físicas y jurídicas que se postularon para el salvataje de la firma tienen, a partir de ahora, 20 días para conseguir la conformidad de los 800 acreedores, entre los que se encuentra el Estado.

Mientras tanto, los abogados del grupo Macri intentan que intervenga el Tribunal Superior de la Ciudad, pero nada tiene que ver con los expedientes que se tramitan en la Justicia nacional.

Hace 19 años que se tramita el concurso de acreedores del Correo Argentino, pero por primera vez la jueza Marta Cirulli da por iniciado el tramo final del proceso de salvataje, que se debió haber iniciado el 2004.

Los dos puntos más relevantes de la resolución judicial son claros. Por un lado, las acciones de la empresa valen cero pesos. Por el otro, la deuda se debe computar con intereses. Esto fue planteado en su momento por la fiscal Gabriela Boquín, teniendo en cuenta la antigüedad de la causa.

Correo Argentino le debe al Estado 4500 millones de pesos. Si el proceso de rescate no prospera será SOCMA la que deberá afrontar el pago de lo adeudado. La empresa SOCMA tiene como propietarios a Gianfranco Macri, Franco Valladares Macri, Rodrigo Valladares Macri, Mariano Macri y Florencia Macri.

El fallo dice que “atento a que el Pasivo es superior al Activo, el valor estimado del paquete accionario es cero”. Los Macri intentaron de todas las formas posibles que el informe evaluador se desestime, pero la jueza consideró lo contrario, «el dictamen del Evaluador no es vinculante para el Tribunal, porque así lo dispone la Ley de Concursos y Quiebras (artículo 48, última parte del inciso 3). Sin embargo, no puede soslayarse que en general provee suficiente convicción, en tanto aparece elaborado por expertos en la ciencia contable».

La audiencia donde los oferentes pondrán sobre la mesa las propuestas para los acreedores, se fijó para el 29 de marzo a las 12. Varios de esos 800 acreedores son controlados por el propio Correo Argentino, pero el principal acreedor es el Estado.

El 7 de abril deberán lograr la conformidad de la mayoría de esos acreedores que representan las dos terceras partes del capital. Si no lo logran, van a la quiebra. La existencia de presuntas maniobras fraudulentas como el vaciamiento, a través de desvíos millonarios hacia otras empresas del grupo o empresas amigas, le otorga mayor gravedad a la situación.

Ya en 2017, la fiscal Gabriela Boquín denunció un acuerdo entre el Correo y el Estado para salvarse de pagar el 98% de la deuda. Boquín dictaminó que era un acuerdo ruinoso y abusivo, y logró frenarlo, pero fue hostigada sistemáticamente por el macrismo que buscó correrla de la causa por distintas vías.

En agosto de 2020 se postularon para el salvataje Transportes Chimiray SRL, de Ramón Puerta, Courier Argentino SA (OCASA), de Héctor Colella, MV Cargo SAS, sociedad inventada por el macrismo, Valuaciones SA, de Jorge Anselmi y el propio Correo Argentino.

Cirulli decidió activar la cuenta regresiva luego de un reclamo del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, representante de los intereses del Estado, quien pidió el avance del expediente concursal que representa todo un récord en tribunales.

Correo Argentino, todavía juega con la posibilidad de intervención del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. Pese a que se trata de una jurisdicción ajena a la Justicia comercial nacional, este organismo admitió tratar un recurso de queja de los Macri para apartar a la fiscala Boquín.