«Lawfare al palo: como dijo @CFKArgentina, es necesario aplicar la ley y lo que dice la Constitución. Está todo escrito, no hay que inventar nada», aseguró Santiago Cafiero en su apoyo desde la Jefartura de Gabinete. 

María de los Angeles Sacnun, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado dijo: «Las clases de derecho debieran empezar con la clase magistral de @CFKArgentina dada ante la Cámara de Casación Penal Sala I. Es una pieza ineludible de la historia de un Poder Judicial al servicio del poder económico y en contra del Pueblo Argentino. Apliquen la Constitución».

El senador Jorge Taiana sostuvo que «se trata de una causa inventada y bochornosa en la que, paradójicamente solo se beneficiaron los amigos de Macri. Cristina siempre dando la cara, firme en sus argumentos y desnudando el accionar de los poderes reales».

Aníbal Fernández aseguró que «lo que hizo Cristina fue una clase política. Lo que explicó hoy es que la denuncia es una chantada, tanto ella como el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, no tenían ninguna facultad de meterse en las decisiones del Central. Los jueces van a tener que explicar las barbaridades que hicieron en estos últimos años en conjunto con el Gobierno anterior».

El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, indicó que «el Poder Judicial tiene que hacerse responsable de lo que está haciendo y lo que hizo en los últimos años. La vicepresidenta fue muy clara al explicar cómo el lawfare se traduce en la manipulación del Poder Judicial para la persecución política».

El diputado nacional Leopoldo Moreau consideró que «en el Poder Judicial han quedado desnudos tras la declaración de Cristina Kirchner. Uno se pregunta si después de esta intervención no se les ocurre a los miembros de la Corte renunciar».

Fernanda Vallejos, también diputada nacional consideró que Cristina Kirchner «brindó una lección sobre la persecución a líderes populares, que comenzó con Hipólito Yrigoyen en 1930, juzgado y encarcelado, tras el golpe avalado por la Corte Suprema de entonces».

La legisladora Vanesa Siley, sostuvo que «Macri y Cambiemos llegaron al gobierno, devaluaron (aunque dijeron que no iban a hacerlo), usufructuaron la devaluación en los contratos de dólar futuro y los que estamos acá sentados somos nosotros, que somos los que desendeudamos al país».

Felipe Solá, actual canciller dijo que «en los últimos años vimos como el lawfare trasciende las fronteras y afecta a distintos países de la región. La justicia no puede ser ni persecución, ni privilegio, tiene que ser igual para todos. Es una deuda de nuestras democracias».

Desde la oposición los indignados fueron los radicales porque Cristina recordó que Yrigoyen, siendo presidente, fue víctima de una persecución judicial que bien podría compararse con el lawfare. Para la UCR esto fue una falta de respeto.

 

Petrone

“Sería bueno que apareciera la cara de Barroetaveña y Petrone porque siempre están en el anonimato quienes deciden”, dijo Cristina.

Daniel Antonio Petrone, juez y titular de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, tribunal que decidirá el sobreseimiento o la elevación de la causa que involucra a Cristina y Axel Kicillof, a juicio oral. Tiene 49 años, se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires en 1996 y actualmente da clases en varias casas de estudios, en materias relacionadas con el Derecho Penal. El caso más relevante en el que le tocó juzgar fue el de la valija de Guido Antonini Wilson con US$ 790 mil en 2007. Actuó como juez de instrucción en el fuero penal económico.

En 2018 asumió como juez de Casación, elegido por su amigo, el ministro de Justicia Germán Garavano. Llegó a ese lugar junto a Diego Barroetaveña. Pero lo que lo puso en medio de la escena fue el fallo que convalidó las declaraciones irregulares de los arrepentidos en la causa de las fotocopias de los cuadernos, donde plantearon que no había ningún motivo para disponer la inconstitucionalidad de la ley aprobada en 2016, en la que se basaron Bonadio y Stornelli. Desecharon las quejas de varios acusados que dejaban claro que las declaraciones no habían quedado registradas «por medios técnicos idóneos», como lo exige la norma, para que se sepa lo que pasó realmente en esas «negociaciones».

Se incurrió en el derrumbe institucional del esquema constitucional del Estado.