Carta de ONG y especialistas a Macri a favor de la boleta de papel. Los especialistas justificaron los beneficios de este sistema y aconsejaron al Gobierno no avanzar con la Boleta Unica Electrónica que sólo dos países de la región utilizan.
Distintas ONG y especialistas en distintas áreas académicas rechazaron la implementación de la Boleta Unica Electrónica (BUE) que impulsa el Gobierno en una carta dirigida al presidente Mauricio Macri. Allí también proponen como alternativa la utilización de la Boleta Unica de Papel –que “avanza a nivel internacional”– y sostienen que “resulta imperioso para garantizar equidad en la competencia quitarle al Poder Ejecutivo cualquier tipo de facultad administrativa electoral” y entregarle al Poder Judicial “la organización total del proceso electoral”, así como avanzar en una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos para transparentar todo el sistema electoral argentino.
La misiva fechada el 30 de octubre y entregada en la Casa Rosada expresó la “necesidad de una reforma normativa que garantice la integridad del sistema electoral en nuestro país”, al tiempo que debe tener “un amplio consenso de la ciudadanía, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos”. También advirtieron que dicho consenso “se alcanza solamente a través de la Boleta Unica de Papel, que es el sistema más extendido en el mundo, y se ha aplicado con éxito en las provincia de Santa Fe y Córdoba”.
De esta manera, las organizaciones firmantes (Ageia Densi, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación Civil por los Derechos Civiles (ADC), Carrera de Ciencia Política de la UBA, CEPPAS, Directorio Legislativo, Fundación Vía Libre, Poder Ciudadano y Salta Transparente), junto a más de una veintena de especialistas en temas electorales, propusieron un debate público que clausure la avanzada del Gobierno por implementar el cuestionado sistema de Boleta Unica Electrónica (BUE). Una “solución” a la que recurre una y otra vez el gobierno de Cambiemos ante cada cuestionamiento al sistema electoral y luego del frustrado intento por imponerlo en el Congreso.
“Los países que habían implementado el sistema de Boleta Electrónica lo han dejado de usar. En América Latina apenas dos países lo utiliza (Brasil y Venezuela) y hace poco se demostró que el sistema de Brasil había sido hackeado”, sostuvo Agustina De Luca, directora general de Directorio Legislativo. “Las máquinas que se utilizan en Argentina –agregó De Luca– tampoco tienen argumentos positivos que las respalden técnicamente. Durante el debate en el Senado, los especialistas en informática pidieron una máquina por una semana para ver si podía ser hackeada y despejar cualquier duda. Pero la empresa se negó y nunca la facilitaron para que se audite su funcionamiento”.
En el mismo sentido se pronunció Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano. “No estamos a favor de la boleta electrónica porque no asegura el secreto del voto, puede ser que ese voto sea leído e informado a una autoridad”, sostuvo Secchi y alertó que es “muy difícil controlar el software”. “El mundo vota con el sistema boleta única de papel”, insistió el representante de la ONG y aseguró que “la implementación de tecnología está yendo para atrás, sólo Brasil, India y Venezuela la mantienen para todo el país”.
De Luca, en tanto, sostuvo que las ONG decidieron directamente enviar la carta a Macri para “sacar un largo debate que en distintos ámbitos se discute a puertas cerradas” y proponer un “debate público y amplio” sobre “la transparencia del sistema electoral argentino”.
Propuestas que incluyen no solo la aplicación de la Boleta Unica de Papel, sino también –como acotó De Luca– “la independencia del Ejecutivo del proceso electoral, con la organización independiente, autónoma y autárquica” del Poder Judicial, para terminar con reclamos y sospechas de ingerencia del Gobierno en el manejo del resultado electoral.
El reclamo de las ONGs tiene una tercera pata: avanzar en la discusión de una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos para hacer más preciso y posible de auditar el cumplimiento del mismo. Las organizaciones de la sociedad civil afirman que a pesar de las mejoras que se introdujeron a la ley vigente, es necesario redactar una nueva reglamentación sobre los recursos económicos que manejan los partidos.
Fuente: Página 12