Se realizó la audiencia pública por el sospechoso emprendimiento de la empresa Metalnor en la zona de La Isla. Graves irregularidades administrativas, funcionarios con vista gorda y el marco de negocios con municipios como víctimas, sustentado en relaciones con el romerato, hablan de otra trama de negocios que podría culminar con grave perjuicio para casi 16.000 vecinos.
Luego de dos años de peregrinar por la Municipalidad de Cerrillos, un grupo de autoconvocados de los barrios Los Pinares, Los Crespones, El Parque, El Círculo, Santa Rita, Las Tunas y aledaños, sigue buscando que se paralice una obra que ya habla de cientos de millones en inversiones y que nunca detuvo la Intendenta Yolanda Vega.
Bajo el pregón de que se generarán puestos de trabajo se presenta como beneficiosa la instalación en plena zona urbana de una planta de fundición de metales ferrosos que podría afectar el recurso hídrico por la lixiviación de los residuos de esta industria de fundición.
Esta actividad, la fundición, es un foco que impactará al sistema hídrico subterráneo local. La contaminación del agua del acuífero se produce por el contacto de las arenas de descarte, escorias y escombros con el agua de lluvia cuyo recorrido (proceso de infiltración) termina en la napa freática (lixiviación), aparejando peligro permanente. Se desconoce si Metalnor vierte efluentes líquidos del proceso al sistema de alcantarillado sanitario o disponen las aguas residuales en pozos absorbentes. En fundiciones no ferrosas además se pueden generar residuos peligrosos y contaminados con plomo, cobre, níquel y zinc, con frecuencia en elevadas concentraciones totales y extraíbles, provenientes principalmente de la escoria.
Otros aspectos ambientales a tener en cuenta con esta planta de fundición son la generación de emisiones difusas, olores y humos durante las horas de fusión, degradación de las fachadas de las construcciones vecinas por humos y emisión de material particulado y el ruido proveniente del funcionamiento de la fábrica. También las molestias por la movilidad de vehículos de carga y descarga de materiales, residuos y piezas fundidas. Nada de esto fue analizado todavía por las autoridades provinciales, pero Metalnor avanza.
Elizabeth del Milagro Avendaño encabeza hoy una asamblea de vecinos autoconvocados de la Ruta 26 y ya interpuso una denuncia penal que fue cajoneada por el Fiscal Penal de Cerrillos Federico Gabriel Portal, quien ya tiene antecedentes de enterrador de causas pero cobra jugoso sueldo para investigar delitos que cuando las papas queman no encuentra. La decisión fue apelada por los vecinos que lograron esta semana que el Procurador General Pedro García Castiella sume al caso al Fiscal Civil, Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo n° 2, Agustín Vidal.
La promisoria zona de La Isla: Yolanda Vega y el “Tordo” Nallar
La trama, como se ve, no está exenta de condimentos políticos que conducen las especulaciones económicas hacia el romerato. Yolanda Vega llegó al ejecutivo municipal de Cerrillos en 2015 de la mano de la fórmula Romero-Olmedo, y trabajó siempre en sintonía con los intereses del senador nacional. Su asesor desde entonces fue el “Tordo” Daniel Nallar, que nuevamente aparece en escena jugando a dos puntas incompatibles.
Apenas se sentó en el despacho municipal Vega avanzó con la modificación de las calificaciones urbanísticas para recategorizar a la zona de la Ruta 26 como “mixta” y poder admitir otros emprendimientos industriales. El proyecto habría sido confeccionado por el entonces asesor legal de Vega, el “Tordo” Nallar, y fue remitido al Concejo Deliberante que lo aprobó a libro cerrado. El expediente de 2016 que modificó el PIDUA carece de informes técnicos y según siete de los nueve concejales que hoy integran el Cuerpo Deliberativo habría parido una ordenanza nula que espera ser investigada e invalidada.
El elefante blanco que nadie detiene
Los vecinos informan que inicialmente Metalnor solicitó la aprobación de un proyecto de playa de estacionamiento de camiones, lo que ahora se ha reconvertido en el intento de asentar una planta de fundición de metales ferrosos. Se trata del complemento de la actividad originaria del grupo Yobi, que siempre se dedicó al negocio de la chatarra y que hoy exhibe cientos de millones de patrimonio que provocan la envida hasta de los carteles narcos.
Desde la Intendencia de Cerrillos se creó la zona liberada en la zona de La Isla, en donde intencionadamente se suprimieron los controles para que Metalnor desarrollara su emprendimiento que hoy ya se encuentra casi culminado. La convocatoria a la audiencia pública busca la culminación del trámite administrativo que exige el EIAS (Estudio de Impacto Ambienta y Social) y que cuenta con decisión predispuesta de la intendenta Vega y sus hijos, uno senador y otro Coordinador de Gobierno.
¿Quién es quién?
Metalúrgica Integral Sociedad Anónima es quien ha presentado el estudio de impacto ambiental que ya tiene severos cuestionamientos por un direccionamiento hacia los intereses de la empresa y con desconocimiento de aspectos ambientales comprometedores. Integrada por Simón Exequiel Yobi, Jorge Aníbal Yobi y Diego Matías Yobi, fue constituida 8 de junio de 2.017 y tiene sede social en Ruta 26, Kilómetro 1. Tiene por objeto la comercialización, industrialización, importación, exportación, distribución, representación, y compraventa de todo tipo de metales, bajo forma de chatarra, materiales en desuso, rezagos, y desechos metálicos. También puede desarrollar la fundición de metales “no ferrosos”, fabricación de matrices y modelos para fundición y mecanizado de piezas, y fabricación de aceros. Claramente no está autorizada para fundición de metales “ferrosos” como lo está pidiendo a las autoridades provinciales y municipales.
El 21 de Julio de 2020 los mismos socios de Metalúrgica Integral S.A. constituyeron La Rosita S.A., que es la que ha solicitado las factibilidades de los servicios de energía eléctrica y la perforación del pozo de agua de la planta de fundición. Las actividades de esta empresa se concentran en la órbita inmobiliaria y fiduciaria y tiene idéntico domicilio social.
La política de los “derechos”
El soporte político emergió el día de la audiencia pública, cuando aparecieron dirigentes del PRO como Martín Grande y el ex convencional constituyente Fernando Lardies a mostrarse en abierto apoyo al emprendimiento y con la excusa de que se generarán puestos de trabajo. Que el abogado de Metalnor sea el abogado Jorge Gálvez también explica esta presencia y la postura de dirigentes macristas de Cerrillos, a contramano de la de los vecinos que residen efectivamente en la zona afectada.
Ya en 2020 el Concejo Deliberante de Cerrillos emitió un comunicado por el cual informó que el proyecto dependía de la habilitación de la Secretaría de Industria y Comercio a cargo de Nicolás Avellaneda -afiliado al PRO- que hasta la fecha ha intervenido para encuadrar erróneamente la actividad nociva de la planta de fundición.
La Resolución n° 629/22 de la Intendenta Yolanda Vega, por la cual convocó a audiencia pública, informa en sus considerandos que “…la Coordinación Legal y Técnica de la Secretaría de Industria, Comercio y Empleo emitió sus pertinentes informes técnicos concluyendo que, la proponente ha cumplido con los requisitos mínimos ambientales exigidos por la normativa vigente, recomendando dar continuidad al trámite de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental y Social en el marco del art. 49 de la Ley Nº 7.070”. Esta opinión que consta en el expediente 0090346-309098/2020-0 está reñida con otras observaciones que habría realizado la Secretaría de Medio Ambiente y que podrían colocar en situación incómoda a los dependientes de Avellaneda en caso de que avancen las denuncias penales.
A pocos escapa que las decisiones se han concentrado hoy en la Municipalidad de Cerrillos por interés expreso de Metalnor que encomienda su solución en Yolanda Vega, y por desidia o negligencia de funcionarios provinciales que tienen temor a cuestionar intereses que consideran sensibles dada la multimillonaria inversión y la envergadura de los operadores políticos involucrados.
También existe otro dato relevante que enlaza estos comportamientos. La Municipalidad de Salta, por orden de Bettina Romero y de la mano del “Tordo” Nallar, ha firmado convenio con Metalnor por el que venden la chatarra municipal a precios que podrían calificarse de irrisorios y que podrían generar la especulación de algún soborno.
La Resolución 9/21 firmada por el Secretario Ilegal y Técnico informa que se paga al Municipio de Salta $9 por kilogramo de chatarra liviana y $12 por la pesada, y $8 por kilogramo de vehículos completos sea que se encuentren en la vía pública o en el canchón municipal.
Es este otro de los negocios que el Concejo Deliberante de Salta no controla y del que no se sabe si existen actualizaciones de precios. La sensación de corrupción que destila cada contratación de la gestión de Bettina Romero encuentra correlato con la decisión política de veintiún concejales de hacer la vista gorda o esconder las tropelías que llegan a su conocimiento.
Colgados de la luz y el agua
A pesar de que algunos se animan a informar que la inversión final de Metalnor alcanzará los 1300 millones de pesos (unos cuatro millones y medio de dólares), la clandestinidad con que actuó esta empresa resulta llamativa.
Hasta la fecha carecen de infraestructura eléctrica para abastecer al emprendimiento y a los hornos de función que ya estarían comprados, como tampoco tienen autorizada la extracción de agua para el uso industrial.
El 2 de Noviembre de 2020, en el Expediente 34-272.386/2020, la empresa La Rosita S.A. fue autorizada por la Secretaría de Recursos Hídricos para perforar un pozo exploratorio en el predio MAT FER (Catastro 2491 del Departamento Cerrillos). Hasta la fecha no existiría el informe final sobre la obra, ni pozo registrado con caudales otorgados, por lo que aparece justificada la preocupación de los vecinos que temen que la extracción de agua en grandes cantidades podría comprometer el servicio de los barrios de la zona de La Isla.
Por el lado de la energía eléctrica tampoco les fue bien a los empresarios del grupo Yobi, que recibieron la negativa de EDESA para conectarlos con los tendidos que tienen concesionados por una demanda importante de potencia compatible con las exigencias de la planta de fundición. Frente al peligro de afectar el servicio de luz de los barrios circundantes es que deberán realizar inversiones de varios millones de dólares para contratar la compra de energía de manera directa con un tendido propio. Un informe oficial de EDESA hizo conocer que La Rosita S.A. ha solicitado factibilidad para un suministro de mediana demanda que todavía no ha culminado.
Por supuesto, la ausencia de autorizaciones para uso de los servicios públicos es lo que los vecinos pusieron en alerta porque la empresa ha trabajado a ritmo intenso en estos dos años aparentemente colgada de los servicios. A la audiencia pública se llegaron los directores del Ente Regulador de Servicios Públicos que hicieron una presentación que recibió su presidenta María Antonella Pereyra y anticiparon que podrían intervenir.
Sin principio ni final
Son pocos los que apuestan a que esta pelea termine con el triunfo de los vecinos de La Isla. Por el contrario, la Municipalidad de Cerrillos aprobará el proyecto. Los millones invertidos, las cuñas políticas, la cuasi impunidad decretada por la justicia, la complicidad de Yolanda Vega y la indiferencia de los funcionarios provinciales hablan a las claras de que Metalnor está alcanzando un objetivo empresarial que hace tabla rasa con la calidad de vida de los débiles. 14.000 familias no pueden contra los tres hermanos Yobi y la venalidad de unos pocos funcionarios.
