Lo más interesante en la Cámara de Diputados de Salta en esta semana no fueron los culebrones a los que nos tiene acostumbrados la actual camada de legisladores, sino temas bastante más serios.

La Mesa de Derechos Humanos le extendió a Esteban Amat una exposición sobre los reiterados hechos de violencia institucional  que se vienen dando en Salta durante la cuarentena. El trasfondo de todo esto tiene que ver con la ausencia de la Legislatura a la hora de derogar el DNU 255, que otorga mayores facultades a la Policía y se utiliza a la hora de justificar los atropellos que comete la fuerza policial. Ya el nombramiento de Juan Manuel Pulleiro al frente de la cartera de Seguridad fue un doble golpe: para la sociedad salteña y la propia policía de la Provincia.

Esta situación trajo a nuestro recuerdo el nombramiento del entonces Secretario de Seguridad romerista, Sergio Nazario, más conocido como el Comandante Estévez en los registros de la CONADEP, que en los años 90 tampoco cayó bien en las fuerzas policiales, las que además de su origen civil, se sienten amedrentadas  al quedar bajo las ordenes de un militar, sobre todo con antecedentes poco gratos.

Fue así que el titular de la Cámara baja tuvo que escuchar duras declaraciones por parte de organismos de larga trayectoria en los derechos humanos, que citaron casos y denuncias concretas. Pero más qué eso, que se los responsabilice directamente al Poder Judicial por no actuar de oficio y al Legislativo por no derogar el DNU 255 antes de que se venzan sus plazos, Amat tuvo que asumir algunos compromisos: que la Cámara llamará a concurso para elegir el representante de Diputados en el Comité contra la Tortura, es uno y que se tratará el DNU 255 a pesar del vencimiento de los plazos. Teniendo siempre de su lado el hecho de que es un organismo democrático en el que las intenciones pueden estar pero los votos necesarios, a lo mejor no.

Según lo establecido en el artículo 145 de la Constitución Provincial, para que un decreto quede convertido en ley debe ser aprobado por la Legislatura, pero en caso de que eso no suceda dentro de los 90 días, desde que es puesto en vigencia, automáticamente adquiere ese carácter legal. Este DNU que crea el Régimen Especial Sancionatorio, estableciendo hasta 60 días de arresto, multa monetaria y retención de vehículos a quienes no respeten la cuarentena por la emergencia sanitaria. Además de dar el carácter de juez al jefe de la Policía en estos casos; fue enviado por el Ejecutivo a la Legislatura el 31 de marzo y los 90 días se cumplieron el pasado martes precisamente.

El abogado Martín Plaza, integrante de la asociación Pensamiento Penal, junto a la agrupación HIJOS lleva un registro de abusos policiales en el territorio salteño. Este informe fue presentado en la semana en conferencia de prensa. Se trata de 16 casos testigos, que muestran a las claras que la cuarentena agudizó la violencia ejercida por la Policía. La idea es dejar sentado que la violencia policial es un problema sistemático y estructural y que a pesar de ello, el Estado provincial no cuenta con información estadística al respecto, para desarrollar políticas públicas para una seguridad más democrática e inclusiva.

Lo nuevo y sorprendente de todo esto fue que Nación presentó un recurso contra los súper poderes de la Policía salteña. Es así que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó un hábeas corpus colectivo y preventivo contra la ley 8191, en favor de todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Salta, tras conocer el informe de HIJOS y APP Salta, tras lo que advierten que los hechos descriptos en la presentación judicial no parecen ser hechos aislados, sino que dan cuenta de un modus operandi extendido en el accionar de la Policía y de la “constante amenaza que sufren los ciudadanos de la provincia de Salta, de ser arbitrariamente detenidos por las fuerzas de seguridad, con el consiguiente riesgo para su salud”.

La acción fue presentada ante el poder judicial provincial por el titular de la Secretaría, Horacio Pietragalla Corti; conjuntamente con el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría, Mariano Przybylski. Solicitando la urgente intervención judicial a los fines de que se declare la inconstitucionalidad del Decreto Provincial N° 255/2020 y se ordene al Gobierno de la provincia de Salta a adecuarse a las recomendaciones nacionales en cuanto al funcionamiento de las fuerzas de seguridad en el marco de la pandemia, y a abstenerse de dictar resoluciones o decretos que cercenen aún más el derecho a la libertad ambulatoria de los ciudadanos.

El relieve de este paso fue que además, la Secretaría de derechos Humanos dejó de ser un organismo que solo intervenía en las causas de lesa humanidad, por lo que la demanda se da en la misma semana en la que se conocieron los resultados de una exhaustiva auditoría que deja al descubierto la actuación de la Fiscalía de Derechos Humanos. De un total de 2065 causas ingresadas en todo 2019 y el primer trimestre de este año, se resolvieron solo 97 (menos del 5%). Por lo que se inició sumario administrativo para a el titular del área, Gustavo Vilar Rey, quien ya fue reemplazado por la fiscal Verónica Simesen de Bielke.  (N.J.)

 

 

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