El organismo denuncio que el próximo año no cuenta con un presupuesto por lo que no tendrán recursos para optimizar su funcionamiento. Comenzó a funcionar en el mes de febrero y hasta el momento no puede optimizar su funcionamiento. 

Por Guadalupe Macedo

El Comité Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes (CPT Salta) denuncia que este año todas las acciones que se realizaron fueron a cuenta propia ya que no contaban con un presupuesto para poder trabajar. En el presupuesto para el 2023 tampoco estableció un porcentaje para el organismo por lo que no se respetó la autarquía e independencia del comité.

En el mes de febrero el comisionado comenzó a funcionar y lo hace con los recursos de los trabajadores del organismo. “Todas las actuaciones se realizaron sin presupuesto, sin personal, sin equipamiento, sin viáticos ni movilidad, utilizando recursos propios de los/a Comisionados/a para garantizar el funcionamiento” expreso el comité en un comunicado oficial. Agrego: “Actualmente el Comité funciona de manera precaria en una oficina prestada por la Secretaría de DDHH sin servicio de limpieza, teléfono ni internet. Se han realizado innumerables gestiones reclamando por el presupuesto que corresponde al Comité por Ley 8024 durante este año, todas infructuosas”.

Debemos mencionar que a través de la Ley provincia N° 8.024 se dispone la independencia funcional y autarquía financiera del comité para que pueda funcionar de manera independiente sin recibir instrucciones de ninguno de los poderes públicos de estado. La Ley 8.024 establece que: “El patrimonio del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se integrará con: a) Las partidas que anualmente determina la Ley de Presupuesto que no serán inferiores al 0.5 % del presupuesto anual del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la Provincia de Salta”.

Según lo denunciado por el comité el presupuesto del 2023 “el proyecto de presupuesto ingresado por el Poder Ejecutivo no garantiza presupuesto propio ni lo ha incluido como organismo autárquico. Por el contrario, se incluye al Comité contra la Tortura dentro de uno de los cursos de acción del Ministerio de Gobierno, sin especificar el monto específico que se le atribuiría”.

Rodrigo Solá, Ramón Rosa Corregidor, Cristina del Valle Cobos y Andrés Giordamachi comisionados del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta informaron que “se llevará este tema de gravedad institucional al Consejo Federal de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura y a la Asamblea del Consejo Nacional de Prevención de la Tortura a realizarse los en diciembre, y en caso de ser necesario se reclamará judicialmente. Hacemos un llamado urgente al Gobernador de la Provincia de Salta Dr. Gustavo Sáenz y a legisladores/as a rectificar el proyecto de presupuesto y aprobar las partidas correspondientes al Comité contra la Tortura de Salta, en tanto organismo autárquico y descentralizado, conforme al proyecto elaborado previamente, a fin de reconducirlo conforme a las obligaciones legales y convencionales”.

En el proyecto de Ley de Presupuesto provincial 2023 realizada por el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur estableció que “el presupuesto para Educación llega al 41,95% del total, con una cifra de $193 mil millones; seguido por el área de salud con $112.000 mil millones y seguridad con $80 mil millones. Como ejemplo añadió que se prevé la incorporación de 600 nuevos cargos en el área de salud” dejando de lado el presupuesto para el funcionamiento autónomo del comité y para dar respuesta al hacinamiento en cárceles y comisarías de la provincia.

Actualmente el comisionado funciona con recurso propio de los comisionados y estiman que para el correcto funcionamiento necesitan alrededor de “al menos 50 millones, para incluir “la secretaría ejecutiva, un mínimo de empleados, una estructura administrativa de abogados, dos contadores. Hay que viajar al interior y capacitar gente. Es el presupuesto que no tenemos”, manifestó el comisionado Ramón Corregidor que fue designado por la Cámara de Diputados. El trabajo del comité necesita de profesionales para realizar capacitaciones y viajar a través de la provincia y poder dar curso a las tareas que se pretende que realice el comité.

En la provincia existe una gran desinversión en prevención de la tortura ya que no destina recursos para mejorar el hacinamiento que existe en comisarías y cárceles. Tampoco en el presupuesto 2023 se destina una cifra para poder dar respuesta a esta problemática que cuando vino el comité nacional y las constantes inspecciones del comité provincial denuncian la falta de espacios adecuados para la detención de las personas privadas de su libertad. El reclamo por el presupuesto y acciones vinculadas a la prevención y erradicación de la tortura van a continuar a nivel nacional para que el estado otorgué los medios económicos necesarios para poder trabajar esta problemática que azota a la provincia.