Ante la pandemia, 11 adultos mayores con patologías mentales que estaban en el Hospital del Milagro, fueron trasladados a hoteles para su cuidado, al igual que personal afectado a su cuidado. Pero pasó lo que era previsible, el personal se contagió de coronavirus y también los pacientes. Norma Jean
Al segundo día de gestión el ministro de salud, Juan José Esteban, empezó a buscar espacios sanitariamente aptos para tratar pacientes COVID 19 leves y casos sospechosos.
En su selección, apareció el edificio de Geriatría del Hospital Señor del Milagro, conocido popularmente como «el Milagro viejo». Lo interesante del lugar es que se trata de un edificio independiente del resto del nosocomio, lo cual evita el contacto directo. Se habló de un plazo que no supere los 20 días para que se pongan en funcionamiento las instalaciones para sala COVID.
Es importante decir que ese lugar albergaba a 11 adultos mayores, con patologías mentales. Destacando que viven ahí desde hace tiempo, con una estadía no menor a 10 meses, pero sin padecimientos físicos, fuera de lo normal para la edad. Entendiendo también que se considera Geriatría a la rama de la medicina que estudia, previene, diagnostica y trata las enfermedades de las personas adultas.
Algunos de estos pacientes están judicializados y otros, tristemente abandonados a su suerte, por sus ingratas familias, que, para colmo, cobran sus pensiones y jubilaciones.
La responsable del área es la médica especialista en geriatría, Marian Garzón, quien a partir de que se decretara la cuarenta en marzo, dispuso el cierre del acceso al lugar para evitar el riesgo de contagio de los pacientes a su cargo y corrió traslado a la Justicia del hecho, para que los 5 que cuentan con familia, tengan la posibilidad de que se hagan cargo de su cuidado.
Para el caso de los judicializados, a pesar de la notificación pertinente, del Hospital a la Justicia y de la Justicia al área de adultos mayores del Ministerio de Desarrollo Social. En ambos casos, nadie apareció.
Entre las previsiones para el lugar, estaba el aumento de personal para que ningún trabajador, de mantenimiento, de servicios generales y de enfermería vaya de una sala a otra. Ante la ausencia de familiares y del área de Adultos Mayores, se tomó la previsión de trasladar a los 11 pacientes a hoteles aptos para su cuidado, lo que incluido personal afectado a su cuidado. Pero pasó lo que era previsible, el personal, en su mayoría de riesgo por la edad, pero con un gran compromiso y vocación de servicio, se contagió de coronavirus y también los pacientes.
De los 11, 9 dieron positivo al hisopado. Transitaron la enfermedad, algunos de manera más leves que otros. Sólo 3 tuvieron complicaciones, aunque no llegaron al criterio de terapia intensiva, solo uso de oxígeno. Actualmente la propia responsable del área se encuentra cursando la enfermedad.
Lo concreto es que el lugar no se pudo habilitar hasta el momento como sala COVID para nadie más que para los propios habitantes permanentes del lugar.
Mariana Garzón mandó un informe a la Justicia explicando que, es necesario derivar a estas personas a un hogar de ancianos ya que el ala de geriatría del Hospital está para brindar tratamiento médico, no se trata de un geriátrico. Que este sería el mejor momento para su traslado, teniendo en cuenta que acaban de transitar la enfermedad y están en buenas condiciones.
María Gabriela Cardón, asesora de Incapaces N°3, recibió la posta y solicitó el 29 de septiembre, se adopten medidas urgentes y necesarias con los adultos mayores con padecimientos mentales, alojados en el Programa de Internación Clínica de Adultos Mayores dependiente del Hospital del Milagro, al Director General de Incapaces, Nicolás O’Brian, entendiendo que el tema debe trabajarse conjuntamente con la Secretaría de Salud Mental, de acuerdo a la Ley Provincial 8171, los tratados de Derechos Humanos y el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional «El Estado tiene la obligación de asegurar acceso universal a la salud para todos los habitantes. El Estado está obligado a organizar, coordinar, fiscalizar y garantizar el sistema de salud y proteger a todos los habitantes que tienen derecho a exigir su cumplimiento, más aún cuando nos encontramos con adultos mayores con padecimientos mentales, en situación de riesgo y vulnerabilidad y su exclusión del sistema resulta claramente violatoria de garantías constitucionales».
Triste sería saber que el organismo correspondiente no sólo hace oídos sordos a la petición de la Justicia, como quien no quiere la cosa sino que además recibe fondos para respaldar la vida digna de estos 11 ancianos y no los usa para este fin. Al fin y al cabo el hospital «tiene la obligación de atender y no puede echar a estas personas de sus instalaciones».
