Dicen que para que un emprendimiento prospere, es necesario tener buenos contactos (si son políticos, mejor). Esta parece ser la historia detrás del polémico centro médico, que frente al avance de la investigación de la justicia federal, finalmente, fue clausurado.
La denuncia judicial contra la Clínica del Neurodiagnóstico la realizó una instrumentista, Carolina Pérez, quien hasta el pasado mes de octubre estuvo a cargo de la administración general. En los papeles se da cuenta de que el nosocomio no estaba habilitado, y mensualmente PAMI le pagaba alrededor de $ 1.500.000.
Tampoco el centro médico cumplía con los requisitos solicitados por el Ministerio de Salud de Salta, Ministerio de Salud de la Nación, la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), ni de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación; además de no cumplir con los requisitos para ser prestador de PAMI.
De todas formas, la obra social de los jubilados le derivaba diariamente pacientes para ser atendidos en el lugar. También se solicitó a la justicia que investigara ya que el edifico no contaría con habilitaciones correspondientes, y tampoco con la capacidad técnica para ofrecer una prestación sanitaria óptima para tratar la salud de todos estos jubilados.
En noviembre de 2018 llegó la presentación a la Unidad de Investigación Fiscal (UFI – PAMI) —a cargo del fiscal federal Javier Arzubi Calvo— invocando la defensa del principal derecho de todo ser humano que es el derecho a la vida. Máxime cuando estos seres humanos pertenecen a la tercera edad, siendo vulnerados en todos sus derechos. “Yo sabía que acá en Salta era algo imposible que me lleguen a escuchar. Tengo entendido que el señor Benítez tiene muchas influencias, para decirlo de alguna manera, y no quería no ser escuchada porque ya tenía la experiencia de haber realizado dos denuncias anónimas al PAMI que nunca avanzaron, que si hubiesen avanzado uno de los pacientes estaría con vida”, manifestó la denunciante en una entrevista a diario El Tribuno.
Queda claro. Las “muchas influencias” permitieron que la clínica pudiera continuar con el negocio de la salud, sin controles inoportunos. Tampoco el PAMI hizo algo.
La pesquisa
A la luz de la actuación de la justicia federal, se destapó un escándalo de fraude millonario en el que están denunciados funcionarios auditores del PAMI y los responsables del centro médico salteño, Emilio Benítez y Daniel Tolaba. A la investigación la lleva adelante el juez federal Nº 1, Julio Leonardo Bavio, junto al fiscal federal Nº 2, Eduardo Villalba.
La mira está puesta en una supuesta sobrefacturación por internaciones, donde la clínica cobraba por tiempo de internación en terapia intensiva más días de los que realmente estaba el paciente.
La denuncia y posterior investigación apuntaban también a la supuesta adulteración de facturaciones al PAMI por medicamentos, maniobra que consistiría en comprar un porcentaje mucho menor que lo facturado a la obra social. De hecho, una innumerable cantidad de veces los medicamentos necesarios para cubrir a los pacientes internados no eran suficientes. En la denuncia, figura incluso un audio que se le atribuye a la jefa del equipo médico Fabiana Lasbaine, pidiendo angustiosamente: “escuchame corazón, dopamina, noradrenalina, no tengo nada para sostener la presión de los pacientes, tengo dos que ESTÁN POR MORIR AHORA”. La falta de médicos y enfermeros para la atención fue otra carencia denunciada.
Un dato que devendrá en más responsabilidades con el avance de la pesquisa, es la adquisición de psicofármacos e indumentaria para cama del hospital San Bernardo, que no tiene, como todos sabemos, ninguna modalidad comercializadora de medicamentos con terceros.
Finalmente, se agrega la gravedad de no cumplir con los requisitos de higiene y seguridad del Programa de Fiscalización y Control de Calidad de los Servicios de Salud (ProFiCCSSa) para poder funcionar. La clínica no podía haber estado funcionando.
Por todo esto, durante la semana, la justifica federal ordenó un allanamiento por malversación a la obra social de los jubilados.
Abandonan el barco
Frente al avance de la Justicia Federal, todos empiezan a dejar el barco. Primero fue el ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, a quien no le quedó otra que firmar la clausura de la clínica. También el PAMI parece querer despegarse.
Por normativa, el PAMI no puede trabajar con un centro médico no habilitado por las autoridades sanitarias. Más aún, la clínica no tendría que funcionar sin esa certificación. El Ministerio de Salud de la Provincia estaba al tanto de esa falta, al igual que el PAMI. Tanto la obra social de los jubilados como la Municipalidad de Salta, notificaron a la clínica para que se pusiera en regla, sin lograr avances.
Dicen también que en su momento, el PAMI, habría enviado a la clínica del Neurodiagnóstico una carta documento notificando una serie de irregularidades: Inscripciones en la AFIP ya vencidas, cuestiones relacionadas a la Personería Jurídica, entre otra documentación.
Una vez que la justicia federal avanzó sobre la denuncia, el Ministerio de Salud Pública de la provincia ordenó la clausura de la Clínica del Neurodiagnóstico. A tal efecto, argumentó que no cumplía los requisitos básicos de higiene, algo que puede haber llamado la atención de los lectores que estivieron en otras instituciones médicas y que, probablemente se hayan dado cuenta de que tampoco son mejores. Las razones, en realidad, son otras. Lo que se investiga, en el fondo, es una estafa millonaria que ni el Ministerio de Salud, ni el PAMI podían desconocer.
Precisamente el PAMI es una de las principales cajas para el negocio millonario de especuladores de la salud. Esto nos lleva a preguntar: ¿Cómo hace una clínica para funcionar tantos años sin contar con la autorización del ente que debe habilitar su funcionamiento? Las fuentes consultadas por Cuarto Poder guían nuestros pasos hacia la figura del ministro de Salud Roque Mascarello. El funcionario juega un rol importante, pero no desde ahora, que ante las evidencias, no le quedó otra que firmar la clausura.
Amistades peligrosas
Ya en 2014, siendo Jefe de Gabinete del gobierno municipal, la municipalidad de Salta firmó un inexplicable convenio con la fundación Lucens, encabezada por Emilio Benítez.
¿La municipalidad tiene a cargo el servicio de Salud? No. Pero eso poco importa cuando los intereses son otros. El convenio se publicó en el boletín oficial N° 1997, publicado el viernes 06 de Junio de 2014. ¿Podía el entonces intendente, Miguel Isa, desconocer esto? Difícilmente. Lleva su firma.
El Decreto es el N° 0784, expediente No 019954-SG-2014, y destaca que “VISTO el Convenio de Colaboración, celebrado el día 19 de Mayo del año en curso, entre la Municipalidad de Salta, representada por el señor Intendente, Dn. Miguel Ángel Isa, y la Fundación LUCENS, “LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NEUROLOGICAS EN SALTA”, representada por su Presidente, Dr. Emilio Benítez. Se trata de un Convenio de Colaboración para llevar adelante “acciones conjuntas de contenido preventivo, de promoción, investigación, científico, educativo, en especial en todo lo relacionado con patologías neurológicas en el ámbito laboral”.
El otro ente fundamental para que esta clínica pudiera seguir funcionando todos estos años sin control es el ProFiCCSSa, organismo donde Mascarello dejó gente de confianza en su anterior gestión como ministro de Salud de Juan Romero. Tener un buen peón ahí fue fundamental para que la Clínica de los Benítez pudiera seguir funcionando.
¿Y el PAMI?
La otra pata de la historia es el PAMI. La relación con los Sivila (padre e hijo) viene con muchas páginas para relatar. Sólo un dato para tener en cuenta: allá por los 90’, el exconcejal Miguel Isa y Estanislao Sivila (padre del actual director del PAMI en Salta), formaban una sociedad que vendía piedra y ripio a sumas millonarias a la provincia de Formosa. Ahora, su exjefe de gabinete y actual ministro de salud Roque Mascarello —que no supervisó por dos años y meses la Clínica del Neurodiagnóstico— ante la denuncia penal, salió a ordenar la clausura de forma urgente para intentar despegarse del mandato de su jefe.
Sivila Jr. (Nicolás) —director del PAMI Salta— por su parte, hace poco menos de dos años, firmó un convenio con Roque Mascarello para asistir a los pacientes PAMI del interior de la provincia en los hospitales públicos. En Capital, en cambio, el hospital San Bernardo dejó de cobrar esa parte, fondos que fueron a parar a la caja de la Clínica del Neurodiagnóstico. Se habla de 14 millones de pesos mensuales. Esta suma anteriormente era destinada al San Bernardo, repercutiendo en los sueldos de los trabajadores, a través del ítem de productividad. Negocio redondo.
Dicen que la salud, es un negocio, y para que este negocio prospere, es mejor tener buenos contactos (si son políticos, mejor). Lo cierto es que detrás de todo este entramado hay dos puntas: jubilados que reciben un mal servicio y del otro, gente que hace plata. Un tablero de corrupción que parece, haber sido pateado.
